Melina Schweizer
Hay proyectos que nacen con vocación de ley y alma de folleto. La Reforma Laboral 2026, presentada como “Ley de Modernización Laboral”, viene a “redefinir” el empleo en la Argentina: traducción simultánea, sin subtítulos y con voz de gerente sonriente, abaratar el despido, licuar la protección y debilitar la organización colectiva, todo envuelto en el papel celofán de la palabra preferida del momento: libertad.
Hasta acá, diría el manual, estamos ante una disputa ideológica clásica: qué modelo de trabajo, qué rol del Estado, qué lugar para sindicatos y justicia laboral. Pero la novedad no es doctrinaria. La novedad es contable. Porque, mientras se repite que “no hay plata” para lo que sostiene lo común, aparece un número que no necesita metáfora: 13 billones de pesos.
No lo inventé yo, no lo soñó un poeta y no lo susurró un economista sensible. Es el monto que circula como pérdida de ingresos fiscales en 2026, estimada en torno al 1,278% del PBI, a partir de lo que el Estado dejaría de recaudar si se aprueban los cambios tributarios y de aportes que se meten —con disimulo de alfombra— dentro de una ley que, supuestamente, venía a hablar de trabajo. Un acto de prestidigitación: te muestran al trabajador y, por abajo de la mesa, te mueven la caja previsional.
La pregunta no es si el número es “alto” o “bajo”. La pregunta es política: ¿quién paga esa pérdida? Porque cuando el Estado se desfinancia, no se evapora: o recorta prestaciones, o sube impuestos regresivos, o licúa derechos vía inflación, o todo junto. Y si algo nos enseñó la historia económica argentina es que la factura rara vez llega a los balances de las grandes empresas y casi siempre aterriza, prolija, en el plato de los mismos de siempre.
La modernización como idioma: “colaborador”, “independiente”, “arreglo”
Uno de los ejes más eficaces de esta reforma es semántico: cambiar el nombre para cambiar el derecho. Se propone redefinir el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo para excluir a una serie de figuras: trabajadores independientes, “colaboradores”, contrataciones civiles o comerciales, y —dato central— repartidores de plataformas. No es un detalle técnico: es la puerta. Si el vínculo deja de ser laboral, deja de aplicar todo lo que molesta al capital: estabilidad, protección, negociación colectiva, presunciones favorables al trabajador.
Y acá aparece una de las maniobras más delicadas: el golpe a un principio rector del derecho laboral argentino, la presunción de laboralidad. Históricamente, si hay prestación personal y remunerada, el derecho presume relación laboral. Ahora, con el nuevo esquema, la prueba se vuelve un ring: el trabajador carga con más obligación de demostrar que no es “independiente” aunque dependa de un algoritmo, un uniforme, una app y un horario que no eligió.
Esclavitud 2.0, pero con logo minimalista.
Banco de horas: la jornada como plastilina
La reforma instala el banco de horas: un sistema que permite compensar jornadas largas con otras más cortas sin pagar horas extra. En el papel suena flexible. En la vida real, cuando el poder de negociar no es simétrico, suena a esto: trabajar más cuando la empresa quiere, descansar cuando la empresa puede, cobrar igual. La vieja historia de siempre, pero en modo “innovación”.
Indemnizaciones: abaratar el despido sin decir “abaratar”
El proyecto mantiene el “mes por año” pero recorta la base salarial excluyendo conceptos variables o no mensuales (como aguinaldo y gratificaciones extraordinarias). Es la austeridad aplicada al bolsillo del despedido: si te echan, te pagan menos, pero con la tranquilidad de que lo hacen con lenguaje técnico.
Y aparece el artefacto estrella: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de capitalización financiado por aportes del empleador para cubrir despidos. En abstracto, suena ordenado. En términos estructurales, funciona como auto-seguro patronal, bajando el costo real de despedir y favoreciendo la rotación. Un país con “empleo dinámico”: te despiden más rápido, pero con mejor branding.
Convenios, sindicatos, huelga: la trinidad a disciplinar
No hay reforma laboral “modernizadora” sin el capítulo de disciplinamiento colectivo.
- Ultraactividad limitada: cuando vence un convenio, ya no se mantienen automáticamente componentes variables o transitorios del salario (bonos, premios, incentivos). Si no se renegocia, se pierden, incluso si eran parte habitual del ingreso. El convenio como souvenir: lindo recuerdo, sin efecto real.
- Aportes sindicales con consentimiento expreso: se presenta como libertad individual, pero debilita el financiamiento gremial y la capacidad de acción. El sindicato como ONG de buena voluntad.
- Derecho de huelga restringido: se amplía el listado de “servicios esenciales” y se crea la categoría de “actividades de importancia trascendental”. Resultado: obligación de sostener actividad mínima del 50% al 75% durante conflictos. O sea, huelga con sonido bajito, para no molestar.
Justicia laboral: cobrar tarde, cobrar menos, cobrar en cuotas
La reforma también reordena el acceso a justicia: créditos laborales actualizados por IPC + 3% anual, límites a la cuota litis, prohibición de doble vía y, en algunos esquemas, habilitación de pagos en cuotas. En un país donde el tiempo judicial ya era castigo, esto consolida una pedagogía simple: reclamar sale caro y tarda; resignarse es más rápido.
Y entonces: ¿por qué 13 billones?
Porque, además de cambiar reglas laborales, la reforma incluye un paquete con impacto fiscal fuerte: reducción de contribuciones patronales y otros ajustes que, de prosperar, significarían menos recursos para ANSES, PAMI y la seguridad social. Es decir: una reforma laboral que se presenta como “modernización del trabajo” termina operando, también, como reforma tributaria pro-empresa encajada en el mismo texto.
La moraleja no es moral. Es política:
cuando el Estado renuncia a recaudar, alguien paga.
Y cuando el empleo pierde protección, alguien pierde futuro.
La escena final es conocida: te dicen que es para “crear empleo”, pero el costo se socializa y el beneficio se concentra. Te dicen que es para “liberar”, pero lo que liberan es al empleador de responsabilidades. Te dicen que es “modernidad”, pero huele a siglo XIX con wifi.
Y mientras tanto, el ciudadano trabajador mira su recibo, mira el supermercado, mira el alquiler, y entiende —sin necesidad de teoría— que la libertad que le ofrecen es una libertad muy específica: libre de derechos, libre de estabilidad, libre de reparación.
Infonegro: Verdad sin concesiones.
REDACCIÓN
