Melina Schweizer
En la Argentina de 2026, gobernar no es administrar. Es disciplinar. Y disciplinar, hoy, significa una cosa bastante concreta: usar la economía como castigo político, el federalismo como variable de ajuste y la palabra libertad como cortina de humo para decisiones que concentran poder y reparten escasez.
La ofensiva de la Casa Rosada contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no es un episodio aislado ni un berrinche presidencial. Es parte de un método. Un manual que combina tres movimientos sincronizados:
- ataque selectivo a gobernadores díscolos,
- congelamiento táctico de la reforma laboral,
- reordenamiento de alianzas provinciales a cambio de recursos.
Todo con números. Todo con impacto real. Nada simbólico.
El mensaje es claro: obedecer o pagar
La reforma laboral que el Gobierno decidió “enfriar” no está frenada por sensibilidad social ni por prudencia económica. Está congelada porque no cierran los votos. Y no cierran porque el propio texto oficial reconoce —aunque lo esconda en la letra chica— un dato explosivo: su aprobación implicaría una pérdida fiscal para las provincias estimada en $1,5 billones anuales, producto de la reducción de contribuciones patronales y cambios en el financiamiento de la seguridad social.
Traducido al idioma real: menos plata para salud, educación, obras públicas y salarios estatales.
Traducido al idioma político: gobernadores en rojo, provincias debilitadas y un Ejecutivo nacional con la lapicera del auxilio financiero.
La ecuación es conocida. Si apoyás, hay compensación. Si resistís, hay castigo.
Tierra del Fuego como advertencia
En ese tablero, Tierra del Fuego no es casual. Es ejemplo. Provincia estratégica, periférica, con peso geopolítico y una dirigencia que no se alineó automáticamente al experimento libertario. La señal es hacia adentro y hacia afuera: nadie está a salvo del disciplinamiento, ni siquiera quienes gobiernan territorios clave.
No hace falta intervenir formalmente una provincia para vaciarla políticamente. Basta con retener recursos, judicializar conflictos y montar operaciones mediáticas. El antifederalismo ya no se anuncia: se ejecuta.
Trabajo “libre”, personas descartables
Mientras tanto, la reforma laboral espera. No se cae: se administra. Porque el proyecto no busca crear empleo sino abaratar despidos, debilitar la negociación colectiva y naturalizar la precariedad como horizonte.
Los datos oficiales son brutales y no admiten relato:
- 2 de cada 3 puestos creados en el último año fueron precarios.
- La informalidad ya alcanza al 43% del empleo.
- Se destruyeron más de 270.000 puestos asalariados registrados, especialmente en el sector privado.
Pero el problema no es solo económico. Es político y de derechos. Un mercado laboral precarizado es una sociedad más obediente. Un trabajador sin estabilidad es un ciudadano con menos capacidad de protesta. La flexibilización no es neutral: es una herramienta de control social.
Racismo estructural y ajuste selectivo
El ajuste nunca es ciego. Golpea más fuerte donde hay menos margen para resistir: provincias periféricas, sectores populares, juventudes precarizadas, comunidades racializadas y migrantes. El discurso meritocrático encubre una práctica profundamente clasista y racializada, donde algunos cuerpos son más descartables que otros.
No es casual que el modelo celebre al “emprendedor individual” mientras desmantela lo colectivo, ni que ataque sindicatos, organizaciones sociales y gobiernos provinciales con base popular. El antifascismo no se mide por consignas sino por políticas. Y acá las políticas concentran poder, reducen derechos y castigan la diferencia.
La libertad como coartada
La paradoja es obscena: se habla de libertad mientras se gobierna con extorsión fiscal. Se promete modernización mientras se vuelve al siglo XIX en materia laboral. Se invoca la república mientras se disciplinan provincias y se negocian votos con chequera en mano.
La reforma laboral no está frenada por debate democrático. Está pausada hasta que el costo político sea menor. Y mientras tanto, el mensaje corre: el que se opone, pierde; el que acompaña, negocia.
No es gestión. Es pedagogía del miedo.
Y en ese esquema, la democracia se achica, el federalismo se vacía y los derechos laborales pasan de ser garantías a ser variables de ajuste.
La pregunta ya no es si este modelo genera empleo. Los datos dicen que no.
La pregunta es otra, más incómoda y más urgente:
¿Cuánta desigualdad, cuánta precariedad y cuánta violencia institucional se necesitan para sostener este experimento de poder?.
Infonegro
Verdad sin concesiones.
Porque la economía también es una forma de gobernar los cuerpos.
