El Festival Antirracista y Antifascista, convocado para este sábado 31 de enero en la Ciudad de Buenos Aires, se presenta como un espacio de resistencia frente al odio, la xenofobia y el autoritarismo. El problema no es la consigna. El problema es la coherencia.

En los días previos al evento, comenzaron a circular comentarios incómodos —y no por eso menos políticos— en redes sociales. No vienen de la derecha, ni del troll pago, ni del algoritmo desatado. Vienen de personas que dicen lo mismo que el festival dice defender.

“Dicen defender la no violencia pero la gente que toca no promueve lo mismo”, escribió una usuaria.
“Un olor a macho violento tiene tu festival”, dijo otra.
“Si no bajan a Fidel, sale escrache en vivo”, se repite.

No es ruido. Es conflicto político.

La fecha no es menor. El 24 de octubre de 2025, la artista Alika denunció públicamente a Fidel Nadal por violencia de género, afirmando haberlo vivido “en carne propia” y señalando que el músico “anda armado y se jacta de eso”. En entrevistas posteriores, Alika sostuvo que existe una denuncia judicial por intento de homicidio, preservando la identidad de quien la radicó.

La denuncia no cayó del cielo. Reavivó antecedentes de 2018, cuando Carolina Alves, expareja de Nadal, lo denunció por abuso y maltrato, con medidas de restricción dictadas por la Justicia. No son rumores. Son hechos públicos y documentados.

En ese marco, la pregunta que aparece —y que nadie debería apurarse a silenciar— es incómoda pero legítima:
¿cómo se sostiene un discurso antifascista y antirracista mientras se habilita un escenario a figuras denunciadas por violencia?

El reggae, recordó Alika, habla de justicia, igualdad y liberación. Cuando esas palabras no se traducen en decisiones concretas, se convierten en estética. Y la estética, sin ética, es una forma elegante de mirar para otro lado.

Las respuestas institucionales apelan a lo colectivo. Desde CLACSO, se difundió un comunicado destacando el festival como un espacio de diálogo, comunidad y resistencia cultural, organizado por DIAFAR junto a una red de aliados. Todo eso puede ser cierto. Pero no alcanza.

Lo colectivo no puede funcionar como paraguas moral para esquivar responsabilidades. La cultura no es neutral. Los escenarios tampoco. Programar es tomar partido. Y cuando se elige no intervenir, también se interviene: a favor del statu quo.

Por eso el malestar no es anecdótico. Cuando en los comentarios se lee “esperemos que en las rondas no estén los machos denunciados”, no hay ánimo de boicot: hay demanda de coherencia. Cuando alguien propone un escrache, no está celebrando la violencia: está señalando la ausencia de mecanismos institucionales claros para tramitar estos conflictos.

El antifascismo no se declama. Se practica.
Y una de sus prácticas básicas es no reproducir lógicas de impunidad, incluso —y sobre todo— cuando eso incomoda a los propios.

No se trata de linchamientos ni de cancelaciones automáticas. Se trata de responsabilidad política. De entender que la violencia de género no es un tema secundario, ni un “debate a futuro”, ni algo que se posterga para no arruinar la fiesta.

Porque cuando el escenario contradice el discurso, lo que se resiente no es el evento: es la credibilidad del movimiento.

Y esa, en tiempos de avance reaccionario, es una pérdida que no nos podemos permitir.

Infonegro: Verdad sin concesiones.