REDACCIÓN
La Casa Rosada puso en marcha una doble estrategia política con impacto directo en el mapa federal. Mientras avanza en una ofensiva abierta contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, el Gobierno decidió congelar el tratamiento de la reforma laboral y concentrarse en reordenar alianzas con gobernadores y actores provinciales clave, en un contexto de fragilidad económica y alta tensión fiscal.
Las dos decisiones no son aisladas. Responden a una misma lógica de poder: disciplinar territorios adversos y asegurar gobernabilidad mínima para sostener el programa económico sin modificar su núcleo.
Ofensiva política en Tierra del Fuego
El foco más visible de la estrategia es Tierra del Fuego. Tras la intervención del puerto de Ushuaia y el despliegue de auditorías sobre áreas sensibles de la administración provincial, en el oficialismo reconocen que el objetivo es debilitar políticamente a Melella, uno de los gobernadores más críticos del Gobierno nacional.
Sin hablar formalmente de intervención, la Casa Rosada busca instalar un escenario de desgaste institucional, combinando investigaciones administrativas, presión judicial indirecta y señales políticas hacia actores locales. El mensaje es claro: quienes resistan el programa nacional enfrentarán costos políticos crecientes.
La provincia, además, ocupa un lugar estratégico por su valor geopolítico, logístico y productivo, lo que refuerza el interés del Ejecutivo en condicionar su conducción política.
Reforma laboral: pausa táctica, no retroceso
En paralelo, el Gobierno decidió no avanzar por ahora con la reforma laboral, pese a mantener intacto su contenido. La definición es clara puertas adentro: no se modifica el proyecto, pero se posterga su tratamiento parlamentario.
La razón es política y económica. Varios gobernadores aliados advirtieron que uno de los artículos del proyecto tendría un impacto fiscal negativo en las provincias, estimado en alrededor de 1.500 millones de pesos anuales por jurisdicción. En un contexto de cuentas provinciales ajustadas, el rechazo amenazaba con bloquear los votos necesarios en el Congreso.
La estrategia oficial es avanzar en negociaciones bilaterales, ofreciendo compensaciones por fuera de la ley —recursos, obras, reordenamientos fiscales— a cambio de respaldo político cuando el proyecto vuelva a la agenda.
Reordenamiento de alianzas y rol de las fuerzas de seguridad
El congelamiento de la reforma se inscribe en un movimiento más amplio de reordenamiento de alianzas provinciales, donde el Gobierno prioriza acuerdos con gobernadores dialoguistas y refuerza vínculos con fuerzas de seguridad y estructuras policiales.
En un escenario de caída del empleo registrado, aumento de la informalidad y conflictividad social latente, el Ejecutivo busca asegurar control territorial y capacidad de gestión del orden público, aun cuando eso implique postergar reformas estructurales.
El repliegue del influencer libertario
En un plano menor pero sintomático, el universo libertario registra una ausencia llamativa: Iñaki Gutiérrez, uno de los influencers más visibles del oficialismo, se retiró de la escena pública. Tras un verano marcado por el accidente protagonizado por su pareja en Mar de Ajó, no participará de actos políticos ni actividades en Casa Rosada durante 2026.
Desde su entorno aseguran que se tomará un “año sabático” para dedicarse a sus estudios de Derecho y Economía. Prometen su regreso para la campaña de 2027. Por ahora, su salida refleja un reordenamiento interno del dispositivo comunicacional libertario, en un contexto de creciente desgaste político.
Una misma lógica de poder
La ofensiva contra Melella y la pausa en la reforma laboral no expresan contradicción, sino dos velocidades de una misma estrategia. Donde el Gobierno identifica resistencia política, avanza con presión institucional. Donde necesita votos y estabilidad, administra tiempos y negocia.
Con una economía estancada, deterioro del mercado laboral y escaso margen fiscal, la prioridad de la Casa Rosada pasa por consolidar poder político antes que asumir costos legislativos. La reforma laboral sigue en carpeta, pero su tratamiento quedó subordinado a la construcción de mayorías y al control del frente federal.
Melina Schweizer
