A más de un año de la entrada en vigencia del capítulo laboral de la Ley Bases, los datos oficiales del mercado de trabajo muestran un resultado opuesto al objetivo declarado por el Gobierno de “modernización” y “creación de empleo”. Lejos de una expansión del empleo registrado, el período posterior a la reforma estuvo marcado por destrucción de puestos formales y un fuerte avance de la precarización.
Según cifras del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2024 y fines de 2025 se perdieron más de 270.000 puestos de trabajo asalariados registrados. El mayor impacto se concentró en el sector privado, con una caída cercana a los 180.000 empleos, seguido por el empleo público (alrededor de 60.000 puestos) y el trabajo en casas particulares (unos 30.000).
En paralelo, la tasa de informalidad laboral escaló hasta el 43%, uno de los niveles más altos de los últimos años. El dato más relevante es la composición del empleo generado: dos de cada tres nuevos puestos correspondieron a trabajo cuentapropista, mientras que uno de cada tres fue asalariado no registrado. En términos económicos, el crecimiento del empleo se explicó casi exclusivamente por formas laborales precarias, sin estabilidad ni protección social.
Este desempeño se produjo en un contexto de mayor desregulación del mercado laboral, con medidas como la extensión del período de prueba, la incorporación de la figura de “colaboradores independientes” y la habilitación de mecanismos alternativos a la indemnización tradicional. Desde la lógica oficial, estas herramientas buscaban reducir costos empresariales para incentivar la contratación. Sin embargo, los datos sugieren que el principal efecto fue aumentar la rotación y desplazar el riesgo hacia los trabajadores, sin un impacto positivo en el empleo formal.
Desde el punto de vista macroeconómico, el comportamiento del mercado laboral replica experiencias previas en la Argentina y en la región: la flexibilización laboral no garantiza creación de empleo registrado, especialmente en contextos de bajo crecimiento y caída del consumo. Por el contrario, tiende a expandir modalidades informales y a debilitar los ingresos laborales, con efectos contractivos sobre la demanda interna.
En el plano político, los resultados adquieren relevancia en un momento en que el Gobierno busca avanzar con una nueva reforma laboral en el Congreso. Las cifras oficiales del empleo se convierten así en un elemento central del debate, al mostrar que las reformas ya implementadas no revirtieron el deterioro del trabajo con derechos ni mejoraron la calidad del empleo.
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