Juan OConnor
ENSI exportó aproximadamente 3,56 toneladas después de que una empresa china quedara desplazada pese a haber realizado la mejor oferta por cinco lotes. El Gobierno asegura que el material no tenía grado nuclear; especialistas advierten que uno de los cargamentos alcanzaba una pureza comparable con la utilizada en instalaciones atómicas.
La salida de aproximadamente 3,56 toneladas de agua pesada argentina con destino a Estados Unidos abrió una controversia que excede ampliamente el valor de la operación. Detrás del cargamento aparecen un veto a una empresa china, versiones contradictorias sobre la calidad del producto y una discusión estratégica: si Argentina conservará la capacidad de producir un insumo fundamental para sus centrales nucleares o terminará dependiendo definitivamente de las importaciones.
La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, integrada en un 51% por la provincia de Neuquén y en un 49% por la Comisión Nacional de Energía Atómica, había puesto a la venta un stock total de 6,2 toneladas. Once compañías participaron de la compulsa internacional, dividida en ocho lotes.
Wuhan Spectra, de China, presentó las ofertas más elevadas por cinco de esos lotes, mientras que la alemana Merck encabezó los tres restantes. La propuesta china ascendía a USD 2.201.825 y la alemana a USD 1.755.571, por lo que ENSI esperaba recaudar aproximadamente USD 3,96 millones.
Sin embargo, las cerca de 3,5 toneladas inicialmente destinadas a la empresa china terminaron adjudicadas a Cambridge Isotope Laboratories, una compañía estadounidense que había quedado por detrás de Wuhan Spectra y Merck en la compulsa.
La explicación conocida posteriormente indica que el entonces Ministerio de Defensa, durante la gestión de Luis Petri, habría bloqueado la operación con China mediante la aplicación del Decreto 603/1992, que regula la exportación de materiales sensitivos y tecnologías vinculadas con posibles usos militares.
La decisión formal podría estar amparada en los controles de no proliferación nuclear. Su oportunidad política, sin embargo, resulta imposible de separar del alineamiento estratégico del gobierno de Javier Milei con Washington y de las restricciones aplicadas durante los últimos años a diferentes proyectos e inversiones procedentes de China.
Una compulsa con final político
El Gobierno sostuvo que la operación se realizó a precio de mercado y que las empresas estadounidenses y alemanas presentaron las mejores ofertas. La documentación reconstruida sobre la compulsa muestra otra secuencia: la firma china habría ganado cinco lotes, pero fue desplazada después de la intervención de Defensa.
La diferencia no es menor. Una cosa es afirmar que Estados Unidos obtuvo el material mediante una competencia económica regular; otra es admitir que la adjudicación original fue modificada por una decisión estatal vinculada con los controles sobre exportaciones sensitivas.
Tampoco se informó públicamente cuánto ofreció finalmente Cambridge Isotope Laboratories, si ENSI recibió la misma cantidad que esperaba recaudar de Wuhan Spectra ni qué organismo asumió una eventual diferencia económica.
La transparencia exige publicar el cuadro comparativo de ofertas, la resolución de adjudicación, la intervención de Defensa, el precio finalmente pagado y el destino previsto para los fondos. Sin esos documentos, no es posible establecer si la decisión protegió un interés estratégico argentino o si el país simplemente sacrificó una oferta superior para acompañar la política exterior estadounidense.
La aplicación del régimen de exportaciones sensitivas también genera una pregunta inevitable: si el agua pesada carecía completamente de utilidad nuclear, ¿por qué fue necesario recurrir a una norma destinada a controlar materiales capaces de contribuir a la proliferación?
La existencia del control no demuestra que el cargamento tuviera una finalidad militar. Sí muestra que la distinción entre “grado nuclear” y “grado no nuclear” es más compleja que la explicación oficial difundida.
La discusión sobre la pureza
El agua pesada es una variante del agua en la que los átomos de hidrógeno son reemplazados por deuterio, un isótopo que contiene un neutrón adicional. Su fórmula es D₂O y una de sus principales aplicaciones consiste en moderar —reducir la velocidad— de los neutrones dentro de determinados reactores.
Esta propiedad permite utilizar uranio natural como combustible, sin necesidad de atravesar previamente un proceso de enriquecimiento. Por eso constituye un componente estratégico de las centrales argentinas y está sometida a controles internacionales.
El Gobierno calificó el material exportado como “agua pesada de grado no nuclear” y aseguró que no podía emplearse en Atucha I, Atucha II o Embalse. El argumento se basa en que los lotes no alcanzaban la especificación requerida por Nucleoeléctrica Argentina, cercana a una concentración de D₂O del 99,95%.
Sin embargo, uno de los lotes registraba una pureza de 99,88% y otro de 99,39%. La diferencia del primero respecto del estándar exigido por las centrales argentinas es pequeña y podría corregirse mediante una nueva purificación o al mezclarlo con agua pesada de mayor concentración.
India comercializa productos considerados de grado nuclear con concentraciones situadas aproximadamente entre 99,82% y 99,91%. Además, en el reactor argentino RA-10 se utilizó agua pesada con una concentración cercana al 99,86%.
Por lo tanto, resulta razonable afirmar que el cargamento estaba fuera de las especificaciones establecidas para su ingreso directo a las centrales de potencia. Lo que no puede sostenerse con la misma contundencia es que careciera de cualquier posible aplicación nuclear.
Fuera de especificación no significa inútil. Mucho menos cuando existe capacidad tecnológica para elevar su concentración.
La planta que el Estado promete reactivar desde hace años
La controversia ocurre mientras la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito permanece paralizada desde 2017. La PIAP fue inaugurada en 1993, posee una capacidad nominal cercana a las 200 toneladas anuales y constituye una de las mayores instalaciones de su clase en el mundo.
El propio Estado la valuó en más de USD 10.000 millones y la definió oficialmente como un activo estratégico. En mayo de 2025, la CNEA firmó un memorando con Candu Energy y CONUAR para negociar ventas, cooperación tecnológica y una posible reactivación a partir de 2027. Meses después, Nación, Neuquén y ENSI anunciaron otro acuerdo para recuperar la planta y buscar compradores internacionales.
En enero de 2026, la CNEA volvió a informar que prepararía una licitación destinada a modernizar las instalaciones. El organismo reconoció que el mantenimiento era indispensable para evitar un “punto de no retorno” provocado por la degradación mecánica.
La provincia de Neuquén había calculado anteriormente que el alistamiento inicial demandaría alrededor de USD 60 millones y veinte meses de trabajo. Cambridge Isotope Laboratories expresó interés en comprar inicialmente 80 toneladas anuales durante cinco años, con la posibilidad de elevar la demanda hasta 160 toneladas.
Los anuncios muestran que existe mercado. Lo que todavía no aparece es la reactivación efectiva.
Cada año de demora reduce el personal especializado, encarece la recuperación y pone en peligro conocimientos que no pueden reconstruirse mediante una licitación. La pérdida más grave no está únicamente en las máquinas: reside en los técnicos, ingenieros y operarios que conocen un proceso industrial desarrollado durante décadas.
Exportar hoy para importar mañana
Argentina necesita agua pesada para reponer las pérdidas normales de sus centrales nucleares. Desde la paralización de la PIAP, parte de esa demanda se cubre mediante importaciones, principalmente desde India.
La paradoja consiste en que el país vende existencias mientras compra en el exterior el mismo tipo de insumo estratégico. El Gobierno replica que los lotes exportados no cumplían las condiciones técnicas exigidas por Nucleoeléctrica. Los especialistas responden que parte del material podía recuperarse, elevar su concentración o incorporarse a otros volúmenes.
La discusión económica, entonces, no debería limitarse al ingreso inmediato de divisas. También debe contabilizar cuánto cuesta reemplazar el producto, cuánto se pierde al no procesarlo localmente y qué valor tendría recuperar la capacidad exportadora de la PIAP.
Una venta inferior a USD 4 millones representa una suma marginal frente al valor de una instalación estimada oficialmente en más de USD 10.000 millones. El interrogante principal no es cuántos dólares ingresaron por esos tambores, sino qué política industrial acompaña la operación.
Si el dinero se destina al mantenimiento o a la reactivación de la planta, ENSI debería informarlo. Si solamente se utiliza para cubrir gastos corrientes, la operación puede terminar convirtiéndose en una liquidación de existencias sin reconstrucción productiva.
El trasfondo geopolítico
El desplazamiento de Wuhan Spectra se incorpora a una secuencia de decisiones que redujeron la participación china en áreas estratégicas. Entre ellas aparecen el estancamiento del radiotelescopio CART, las restricciones a compañías controladas por Estados extranjeros en proyectos de infraestructura y el creciente alineamiento con Estados Unidos en minerales críticos, telecomunicaciones, energía y defensa.
Argentina tiene derecho a establecer controles estrictos sobre materiales nucleares y a rechazar cualquier operación que presente riesgos de proliferación. Pero esas decisiones deben apoyarse en evaluaciones técnicas públicas y aplicarse con criterios equivalentes a todos los compradores.
Si una compañía china quedó excluida por la posible sensibilidad del agua pesada, el Gobierno debe explicar por qué la venta a una empresa estadounidense eliminó ese riesgo. El problema no es solamente quién compró el producto, sino si el control se utilizó con una regla técnica general o como instrumento de alineamiento diplomático.
La relación con Estados Unidos puede abrir inversiones y mercados, pero no debería obligar al país a abandonar su capacidad de negociación con otras potencias. En un escenario internacional marcado por la competencia entre Washington y Pekín, renunciar a la autonomía transforma cada contrato en una señal de obediencia.
Una definición sobre el futuro nuclear
Argentina construyó su programa nuclear con una combinación excepcional de empresas públicas, universidades, institutos científicos y capacidades industriales. Ese sistema permitió diseñar reactores, producir combustibles, exportar tecnología y desarrollar una línea basada en uranio natural y agua pesada.
La PIAP forma parte de ese patrimonio. Su supervivencia no se garantiza con comunicados ni memorandos, sino con inversión, personal, mantenimiento y contratos firmes.
Vender un stock degradado puede ser una decisión comercial razonable. Cambiar al comprador ganador por una intervención política, ocultar las condiciones finales y negar la posible utilidad tecnológica del producto convierten esa operación en un problema de soberanía y transparencia.
El agua pesada ya partió hacia Estados Unidos. La pregunta pendiente es si los dólares regresarán a la planta de Arroyito o si Argentina continuará vendiendo los restos de una capacidad industrial que después deberá pagar para importar.
Melina Schweizer
