Día del Trabajador: lo ajustaron, lo entregaron y lo dejaron solo

El gobierno de Javier Milei avanzó con el ajuste, los sindicatos firmaron acuerdos que no frenaron la caída y el Congreso habilitó reformas contra los trabajadores. En el medio, el laburante quedó sin defensa real y con menos respaldo que antes.

El 1° de mayo no es una efeméride para repetir consignas. Es un corte en la realidad. Y el de este año deja una conclusión incómoda: el trabajo en la Argentina perdió defensa efectiva. No porque el poder haya aflojado, sino porque del otro lado no hubo quién lo frenara en serio.

El gobierno de Javier Milei ejecutó un programa que nunca ocultó: ajuste, reducción del Estado y cambios en el régimen laboral. Lo hizo con coherencia política y con velocidad. El problema no es la sorpresa. El problema es lo que ocurrió enfrente. Porque mientras ese programa avanzaba, no apareció una fuerza capaz de condicionarlo. Hubo movilizaciones, comunicados y advertencias. Pero cuando se miden resultados, el rumbo no se alteró.

El empleo estatal muestra esa dinámica con claridad. La reducción de estructuras, la no renovación de contratos y la pérdida del poder adquisitivo no fueron hechos aislados. Fueron una política. Y frente a esa política, la respuesta sindical fue, en muchos casos, insuficiente. En otros, directamente convalidatoria.

UPCN, bajo la conducción de Andrés Rodríguez, quedó en el centro de ese cuestionamiento por su comportamiento en paritarias del sector público: acuerdos que no recompusieron ingresos en un contexto de caída real del salario. ATE, que suele posicionarse como el gremio combativo, también fue parte de la mesa paritaria. También negoció. Rechazó, pero no hubo una línea de confrontación real. Hubo gestión del ajuste con caras diferentes.

No es una descalificación. Es la lectura de lo que muestran los números y la experiencia de los afiliados.

A eso se suma un frente que ya no puede minimizarse: la cobertura de salud asociada a estructuras sindicales. Union Personal, es mencionado de forma recurrente por sus propios afiliados cuando describen copagos, demoras, prestaciones recortadas o sistemas que no responden. El problema no es anecdótico. Es estructural. Y expone una tensión que el sindicalismo no está resolviendo: la preservación de su propia arquitectura frente al deterioro de lo que ofrece a quienes representa.

La CGT, con dirigentes como Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, ocupó un lugar ambiguo. Identificó al gobierno como adversario, pero no logró —o no quiso— traducir ese conflicto en capacidad de presión sostenida. El tiempo sin medidas que alteraran el funcionamiento del sistema no es un dato menor. Tampoco lo es que las acciones que se realizaron no modificaron el equilibrio de poder. La conflictividad existe, pero no tiene consecuencias. Y cuando no las tiene, deja de ser herramienta y pasa a ser escenificación.

El Congreso completa el cuadro con una lógica conocida. Discursos duros, gestos de confrontación y cámaras encendidas. Pero cuando llega el momento de votar, las reformas avanzan. La laboral no fue una excepción. Se aprobó con un sistema político que, por acción o por omisión, la permitió. Responsables hay con nombre y apellido en cada bloque, oficialista y opositor. Y también en quienes no estuvieron, se abstuvieron o no construyeron los votos necesarios para frenarla. En política, no bloquear también es habilitar.

El resultado no es una coyuntura. Es un corrimiento del lugar del trabajo en la economía. El trabajador deja de negociar para pasar a defender lo que le queda. El que conserva el empleo pierde ingresos. El que no lo tiene entra a un mercado más precario y sin red. La estabilidad se diluye. La protección se debilita. Y lo más grave: se pierde la certeza de que alguien está dispuesto a defender al que trabaja.

El 1° de mayo nació para recordar que la organización podía equilibrar el poder. Hoy ese equilibrio está roto. El poder actúa con dirección. Del otro lado hay estructuras, pero no hay una fuerza equivalente. Y cuando esa asimetría se consolida, lo que se pierde no es solo salario o estabilidad. Se pierde algo más básico: la defensa del trabajo como principio.

El problema no es solo que el ajuste avance. El problema es que nadie lo esté frenando de verdad. El gobierno ejecuta, los sindicatos negocian y el Congreso habilita. Y en el medio, el trabajador paga el costo completo de ese acuerdo tácito.