Rodolfo Gudino
Roger Mariaca fue aprehendido junto con el fiscal de Santa Cruz y agentes policiales intervinieron oficinas del Ministerio Público. La Fiscalía denunció un procedimiento ilegal; Nadia Beller advirtió que podrían desaparecer evidencias, pero hasta ahora no se demostró que el operativo esté relacionado con la causa contra el consultor argentino.
La Paz, Bolivia, 1.º de octubre de 2026. La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, desató una crisis institucional y encendió las alarmas alrededor de las investigaciones contra Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado con las campañas de Javier Milei y del presidente boliviano Rodrigo Paz. Mariaca fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mientras agentes de una unidad de inteligencia policial ingresaban en instalaciones del Ministerio Público en Sucre.
En el mismo operativo también fue detenido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Hasta las primeras horas de este jueves, ni el Gobierno boliviano ni la Policía habían informado públicamente cuáles eran los cargos, qué autoridad ordenó las aprehensiones o bajo qué expediente se realizaron.
Funcionarios del Ministerio Público calificaron el procedimiento como un “secuestro” y denunciaron que efectivos con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial ingresaron en la sede de la Fiscalía General. La acusación de ilegalidad pertenece a la institución afectada y todavía debe contrastarse con la documentación judicial que eventualmente exhiban las autoridades.
Una detención sin motivos informados
Mariaca viajó a Santa Cruz para cumplir actividades institucionales y fue interceptado en Viru Viru. La falta de una explicación oficial inmediata transformó la detención de la máxima autoridad del Ministerio Público en un conflicto entre organismos estatales.
La gravedad institucional no depende de que Mariaca sea inocente o culpable de las acusaciones que puedan existir en su contra. El fiscal general puede ser investigado y detenido si existen indicios y una orden competente. Sin embargo, la legalidad del procedimiento exige identificar la causa, informar sus derechos, garantizar el control judicial y preservar la independencia del Ministerio Público.
La intervención simultánea de dependencias fiscales aumenta la preocupación porque esas oficinas custodian expedientes, declaraciones, dispositivos y evidencias correspondientes a numerosas investigaciones. Si la Policía retiró documentación o ingresó a sistemas informáticos, deberá existir un inventario preciso de todo lo secuestrado y una cadena de custodia verificable.
La irrupción tampoco prueba por sí misma que se busque destruir o alterar evidencia. Esa hipótesis solo podría sostenerse si se documentan faltantes, manipulación de archivos, interrupciones indebidas de peritajes o accesos no autorizados a expedientes reservados.
El temor de Nadia Beller
Nadia Beller, expareja de Cerimedo y sobreviviente de un ataque armado, denunció en sus redes sociales que la Policía habría ingresado a la Fiscalía sin orden judicial y advirtió que podrían desaparecer las pruebas reunidas contra el consultor argentino.
Su temor se produce en un contexto excepcional. Beller recibió tres disparos durante un ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Dos hombres vestidos como repartidores se aproximaron cuando se encontraba frente a un hotel y uno de ellos abrió fuego. Los proyectiles impactaron en el cuello, el tórax y el brazo, según informó oficialmente la Fiscalía.
Beller sobrevivió y señaló públicamente a Cerimedo como presunto autor intelectual. La acusación forma parte de una investigación penal y no constituye una condena. El consultor rechazó cualquier participación y su defensa sostiene que el caso fue construido para perjudicarlo políticamente.
La Fiscalía boliviana ordenó su aprehensión el 18 de agosto y promovió una imputación por feminicidio en grado de tentativa. Cerimedo permanece detenido preventivamente mientras avanzan ese expediente y otras investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y violencia doméstica.
Por eso, la advertencia de Beller debe ser tomada seriamente como reclamo de protección de la prueba y de su propia seguridad, pero no puede presentarse todavía como confirmación de que el operativo policial tuvo como finalidad beneficiar a Cerimedo.
Mariaca no era el fiscal individual del expediente
Roger Mariaca, como fiscal general del Estado, tenía bajo su máxima autoridad institucional las investigaciones contra Cerimedo y realizó anuncios públicos sobre sus avances. No obstante, esto no significa que fuera el fiscal investigador individual ni que conservara personalmente toda la evidencia.
La causa por el ataque armado se encuentra a cargo de una comisión de fiscales. Otros procesos se tramitan en jurisdicciones distintas y cuentan con equipos propios. La detención de Mariaca puede afectar la conducción general del Ministerio Público, pero no debería detener automáticamente las investigaciones ni dejar las pruebas sin custodia.
El fiscal general había informado que la orden de aprehensión contra Cerimedo se sustentaba en los indicios recolectados por la comisión. También comunicó posteriormente la imputación por violencia doméstica y las diligencias relacionadas con otros presuntos delitos.
Entre las medidas recientes se encontraba el análisis del teléfono entregado voluntariamente por Beller y la solicitud de autorización judicial para acceder a dispositivos secuestrados. Una audiencia destinada a tratar parte de esas pericias había sido reprogramada para el 10 de octubre.
La continuidad de esos estudios será una prueba inmediata de la independencia fiscal. Si las pericias siguen adelante con cadena de custodia intacta, la detención de Mariaca no necesariamente paralizará el expediente. Si se suspenden, reemplazan fiscales sin explicación o desaparecen dispositivos, las sospechas adquirirán otra dimensión.
Qué se investiga contra Cerimedo
Cerimedo es investigado como posible autor intelectual de la tentativa de feminicidio sufrida por Beller. La imputación se apoya en testimonios, evidencia digital y otros elementos que todavía deben ser examinados y debatidos ante la Justicia.
Las autoridades bolivianas también encontraron más de 40.000 dólares durante allanamientos vinculados con el consultor y abrieron una causa sobre el origen de su patrimonio. El hallazgo de dinero no demuestra por sí solo enriquecimiento ilícito: la Fiscalía deberá probar que los fondos no poseen origen legal o que guardan relación con actividades delictivas.
Beller declaró además sobre presuntas operaciones de corrupción relacionadas con contratos estatales. Esas afirmaciones tampoco han sido demostradas judicialmente y comprometen a personas del entorno político boliviano, razón por la cual el resguardo de los dispositivos y testimonios resulta especialmente sensible.
Cerimedo tuvo una participación documentada en la campaña presidencial de Javier Milei y desarrolló estrategias digitales para dirigentes de derecha en distintos países de la región. En Bolivia fue identificado como asesor informal cercano a Rodrigo Paz. Su defensa afirma que las causas responden a una operación política; las acusaciones sostienen que utilizó su influencia y sus vínculos para intentar silenciar a Beller.
La presunción de inocencia obliga a no presentar esas hipótesis como hechos probados. También obliga al Estado a investigar sin interferencias un ataque en el que una mujer recibió tres disparos y sobrevivió.
La sanción de Estados Unidos
La aprehensión de Mariaca ocurrió pocos días después de que Estados Unidos revocara las visas de funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú, acusados de corrupción y de socavar instituciones democráticas. La lista incluyó tanto al fiscal general como a Zeballos.
Washington sostuvo que las acciones de Mariaca perjudicaban sus esfuerzos contra el denominado “narcoterrorismo”. El fiscal rechazó las acusaciones y vinculó la medida con investigaciones de repercusión nacional e internacional, entre ellas las causas contra Cerimedo.
El Gobierno boliviano calificó las imputaciones estadounidenses como graves y anunció que solicitaría la información correspondiente para abrir investigaciones internas. La Asamblea Legislativa prevé reunirse el 5 de octubre para evaluar la creación de una comisión especial.
Una revocación de visa es una decisión soberana de Estados Unidos, pero no equivale a una condena penal ni prueba automáticamente la comisión de delitos. Si la detención de Mariaca se apoya únicamente en señalamientos diplomáticos sin evidencia trasladada a la Justicia boliviana, el procedimiento plantearía un serio problema de soberanía e independencia institucional.
Si, por el contrario, existen denuncias internas, documentación y una orden judicial, las autoridades deberán exhibirlas y explicar por qué el operativo se realizó mediante agentes de inteligencia, con el rostro cubierto y una intervención simultánea de oficinas fiscales.
Una crisis que supera el caso Cerimedo
El episodio enfrenta a dos instituciones que deberían trabajar coordinadamente. La Policía ejecuta investigaciones y órdenes; el Ministerio Público dirige la persecución penal. Cuando una fuerza interviene las oficinas del organismo encargado de controlar sus actuaciones, el riesgo de ruptura institucional resulta evidente.
También está en juego la protección de Nadia Beller. Su condición de sobreviviente de una tentativa de feminicidio obliga al Estado a garantizarle seguridad, evitar nuevas intimidaciones y mantenerla informada sobre cualquier cambio que afecte la investigación.
El caso posee además una dimensión regional. Cerimedo desarrolló estrategias electorales y redes de comunicación política en Argentina, Brasil, Bolivia y otros países. Las causas abiertas pueden revelar vínculos financieros, operaciones digitales y relaciones con funcionarios que trascienden las fronteras bolivianas.
La detención de Mariaca no demuestra que exista una maniobra para salvar al consultor argentino. La simultaneidad de los hechos, la falta de información oficial y el ingreso policial a la Fiscalía, sin embargo, justifican exigir explicaciones inmediatas.
El Gobierno de Rodrigo Paz deberá revelar quién ordenó las aprehensiones, en qué causa, cuáles son los delitos atribuidos y qué documentación fue retirada. El Ministerio Público tendrá que informar cómo protegerá los expedientes y quién continuará las investigaciones.
Hasta que esas respuestas aparezcan, Bolivia enfrenta dos interrogantes igualmente graves: si su fiscal general cometió delitos que justificaban detenerlo o si la fuerza policial fue utilizada para descabezar al organismo que investigaba a figuras vinculadas con el poder. En cualquiera de los dos escenarios, el silencio oficial no es prudencia: es combustible para una crisis institucional.
LAURA ALCANTARA
Melina Orquidea
