Melina Schweizer
MEGA recibió un anticipo de $456 millones, paralizó una obra estratégica de más de 110 kilómetros y terminó obligada a devolver solamente $301 millones. La denuncia sostiene que Catamarca eliminó la multa, liberó garantías por $922 millones y renunció a reclamar daños.
Catamarca, 3 de octubre de 2026. Una denuncia penal puso bajo investigación al gobernador Raúl Jalil y a varios funcionarios provinciales por el acuerdo que cerró el conflicto con MEGA SRL, la constructora contratada para ejecutar el Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. La obra prácticamente no avanzó, pero la Provincia aceptó reducir sus reclamos a un pago de $301 millones y renunció a cobrar una multa que, actualizada por inflación, superaría los $6.821 millones.
La presentación pide investigar la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Además de Jalil, la denuncia alcanza al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Adolfo Natella; al fiscal de Estado en comisión, Nicolás Rosales Matienzo; al exfiscal de Estado Marcos Denett y al exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente Alberto Kozicki.
La acusación se concentra en el acuerdo conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026 entre el Gobierno provincial y MEGA, ratificado quince días después mediante el Decreto 650. Según la presentación, el convenio permitió que la empresa cancelara el conflicto con un desembolso muy inferior a los montos que Catamarca podía reclamarle por el anticipo recibido, la multa administrativa, los daños ocasionados y el incumplimiento del contrato.
Una obra de $4.560 millones que casi no avanzó
MEGA obtuvo en agosto de 2022 el contrato para construir más de 110 kilómetros del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca. El presupuesto original ascendía a $4.560.121.346 y el plazo de ejecución era de 24 meses.
El proyecto sería financiado con fondos nacionales y contaba con un presupuesto global cercano a los $4.960 millones. Su objetivo era ampliar el acceso al gas natural, mejorar la infraestructura energética provincial y abastecer localidades que continuaban dependiendo de sistemas más costosos.
La Provincia ya había adquirido alrededor de 116 kilómetros de cañerías de acero por $1.827 millones. Sin embargo, cuando el contrato comenzó a mostrar incumplimientos, el avance físico de la obra no habría alcanzado el 5%, pese a que para ese momento debía superar ampliamente el 30%.
En julio de 2023, MEGA recibió un anticipo financiero de $456.012.134. A pesar de ese desembolso, el gasoducto quedó paralizado y la administración provincial terminó aplicándole a la constructora una multa de $1.963.132.239 mediante la Resolución 859 de 2023.
La sanción quedó firme en sede administrativa, aunque la empresa la cuestionó judicialmente. En abril de 2024, el Gobierno rescindió el contrato por incumplimiento y la medida fue ratificada en mayo de ese año.
La multa pasó de $1.963 millones a cero
El punto central de la denuncia es que el convenio firmado en 2026 no habría reducido parcialmente la multa: directamente la habría eliminado.
Según el acuerdo, MEGA debía pagarle a la Provincia $301.267.618. La cifra surgió de tomar el anticipo sin IVA —$376.869.532— y descontarle certificados de obra que la empresa decía tener pendientes por $67.032.314 y retenciones correspondientes al fondo de reparo por otros $8.569.600.
En consecuencia, los $301 millones no representan un pago por la multa aplicada a la constructora. Se trata, esencialmente, de una devolución parcial del anticipo que la propia empresa había recibido.
A cambio, Catamarca renunció a continuar los reclamos por la sanción de $1.963 millones, los daños derivados de la paralización, los perjuicios adicionales y cualquier otra obligación vinculada con el contrato. También aceptó liberar garantías por un total de $922.024.269 y retirar a MEGA de los registros provinciales de empresas incumplidoras.
La denuncia actualizó las cifras mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Con ese cálculo, el anticipo entregado en 2023 equivaldría a aproximadamente $3.079 millones en agosto de 2026. La multa, por su parte, superaría los $6.821 millones.
Estas actualizaciones no determinan automáticamente la deuda legal exigible, que deberá ser establecida mediante una pericia contable. Sin embargo, muestran la magnitud económica de lo que la Provincia habría resignado frente a los $301 millones finalmente aceptados.
Nadie habría evaluado si el acuerdo era conveniente
Otro de los cuestionamientos es la supuesta ausencia de un estudio económico que demostrara la conveniencia del arreglo para el Estado provincial.
De acuerdo con la presentación, en el expediente administrativo no aparece una pericia contable, un análisis financiero ni una evaluación del riesgo judicial que permitiera justificar por qué Catamarca renunció a una multa millonaria y aceptó la cifra propuesta por la constructora.
La Fiscalía de Estado habría considerado que no le correspondía evaluar la conveniencia económica del convenio. La Asesoría General de Gobierno habría adoptado una posición similar. Como resultado, ningún organismo habría determinado cuánto podía recuperar efectivamente la Provincia ni comparado ese monto con los $301 millones ofrecidos por MEGA.
Los denunciantes pretenden establecer quién fijó la cifra, qué funcionarios aconsejaron aceptarla y si existieron informes técnicos que no fueron incorporados al expediente.
La ruta del dinero nacional
El origen de los fondos agrega una dimensión federal al caso. La obra se financiaría mediante recursos nacionales transferidos con un destino específico. El convenio preveía mecanismos de rendición y establecía que los montos no aplicados debían ser restituidos.
Sin embargo, el acuerdo conciliatorio dispuso que el dinero recuperado de MEGA fuera depositado en una cuenta del Tesoro provincial. La denuncia cuestiona que Catamarca pudiera disponer libremente de esos recursos una vez frustrada la obra y plantea que debieron regresar a la cuenta específica del proyecto o ser reintegrados al Estado nacional.
También solicita determinar cuánto dinero transfirió efectivamente la Nación. El esquema financiero contemplaba un anticipo nacional de casi $744 millones, mientras que la constructora recibió $456 millones. Por eso, se reclama reconstruir el recorrido de la diferencia aproximada de $288 millones, sin afirmar todavía que la totalidad de esa suma haya ingresado a las cuentas provinciales.
Qué pasó con los 116 kilómetros de caños
La denuncia también pide realizar un inventario completo de las cañerías compradas para el gasoducto. Se trata de alrededor de 116 kilómetros de tubos de acero adquiridos por la Provincia durante 2021, antes de la contratación de MEGA.
En Catamarca circularon versiones sobre caños trasladados, faltantes o almacenados en lugares distintos de los previstos. Esas sospechas no fueron acreditadas, por lo que la presentación solicita identificar cada tramo mediante sus números de fabricación, verificar su localización y establecer su estado de conservación.
También reclama investigar una presunta vinculación comercial entre el exministro Kozicki y personas relacionadas con MEGA. La denuncia no presenta esa relación como un hecho probado, sino como una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada mediante documentación societaria, bancaria y contractual.
La defensa del Gobierno
Desde el oficialismo catamarqueño sostienen que la paralización fue consecuencia del freno al financiamiento nacional y que la multa no representaba dinero disponible, sino un crédito discutido en la Justicia cuyo cobro podía demorarse o incluso frustrarse.
El argumento provincial es que el convenio permitió cambiar un reclamo judicial incierto por un ingreso concreto y cerrar dos expedientes iniciados por la constructora. Jalil también aseguró que el objetivo es reactivar el gasoducto mediante una nueva contratación.
La denuncia plantea lo contrario: que la Provincia abandonó créditos, sanciones y garantías sin contar con una evaluación económica independiente que justificara semejante concesión.
Ahora deberá determinarse si el acuerdo fue una decisión administrativa legítima para cerrar un litigio o si produjo un perjuicio deliberado para el Estado. La diferencia no es menor: una empresa recibió cientos de millones, dejó una obra estratégica con un avance inferior al 5% y terminó liberada de una multa cuyo valor actualizado podría superar los $6.800 millones.
Mientras la Justicia reconstruye el destino del dinero y de las cañerías, el gasoducto continúa inconcluso. La empresa salió del conflicto sin la sanción y Catamarca sigue esperando la obra por la que ya había pagado.
Melina Orquidea
Juan OConnor
