Melina Schweizer
Caravanas opositoras recorrieron al menos once estados para reclamar el regreso de María Corina Machado. Su equipo asegura que siete intentos de ingreso fueron frustrados, pero todavía no presentó pruebas de una prohibición formal. Mientras tanto, Washington consolida su alianza con Delcy Rodríguez alrededor del petróleo, la deuda y la apertura económica.
La oposición venezolana volvió a ocupar las calles, aunque esta vez el reclamo no estuvo dirigido exclusivamente contra el chavismo. Las caravanas realizadas en diferentes regiones del país exigieron el regreso de María Corina Machado y apuntaron contra un nuevo orden político en el que el gobierno de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump parecen haber encontrado intereses comunes.
Cientos de manifestantes circularon en automóviles, motocicletas y a pie por Bolívar, Barinas, Apure, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Miranda y Vargas. Las movilizaciones combinaron consignas políticas, banderas venezolanas y reclamos sociales, especialmente en Maracaibo, donde a la demanda por Machado se sumó el malestar por los prolongados cortes eléctricos.
“María, vente, aquí está tu gente” fue una de las consignas utilizadas por los manifestantes. El mensaje contiene una dimensión política evidente: la oposición intenta demostrar que su dirigente conserva capacidad de movilización dentro de Venezuela, después de que Washington pusiera en duda su respaldo interno y optara por negociar con figuras provenientes del mismo régimen que prometía reemplazar.
El equipo de Machado sostiene que la dirigente intentó regresar desde Panamá tres veces en 24 horas, mediante vías marítimas y aéreas, sin conseguir ingresar. Según sus colaboradores, serían siete los intentos frustrados durante las últimas semanas.
La denuncia es grave, pero todavía incompleta. No se difundió una resolución migratoria que prohíba formalmente su ingreso, una orden judicial, los datos completos de los vuelos o embarcaciones utilizados ni una comunicación oficial de las autoridades venezolanas o estadounidenses que explique el impedimento.
Por eso, corresponde afirmar que el equipo de Machado denuncia un bloqueo, no que esté comprobada toda la cadena de responsabilidades atribuida a Washington y Caracas.
Una transición que dejó afuera a la oposición
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero modificó el tablero venezolano, pero no produjo la transición que esperaba la oposición.
Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta y una de las figuras centrales del poder chavista, asumió interinamente con respaldo institucional, militar y administrativo. Estados Unidos decidió trabajar con ella para evitar un vacío de poder, preservar el funcionamiento del Estado y garantizar la continuidad de la producción petrolera.
Machado había respaldado la intervención norteamericana y describió a Trump como un aliado fundamental para la democratización venezolana. Incluso entregó al mandatario estadounidense la medalla correspondiente a su Premio Nobel de la Paz como gesto político destinado a reforzar el vínculo.
La estrategia no produjo el resultado esperado. Trump elogió posteriormente la cooperación de Rodríguez y puso en duda que Machado contara con respaldo suficiente para gobernar. Aunque luego mencionó la posibilidad de otorgarle algún papel, nunca definió cuál ni presentó un calendario concreto de transición.
La oposición quedó atrapada en una paradoja. Apoyó una operación extranjera para desalojar a Maduro, pero la potencia que ejecutó esa intervención terminó asociándose con una dirigente formada dentro del propio chavismo.
Washington no eligió a quien poseía mayor legitimidad opositora. Eligió a quien podía garantizar control territorial, obediencia militar y continuidad petrolera.
El acuerdo entre Delcy y Trump
La relación entre Rodríguez y Estados Unidos avanzó rápidamente desde el inicio del gobierno interino. Washington restableció vínculos diplomáticos, flexibilizó restricciones y abrió negociaciones sobre petróleo, minería, financiamiento y deuda externa.
Durante su visita a Nueva York, Rodríguez mantuvo conversaciones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su delegación también inició gestiones para reestructurar una deuda estimada entre USD 150.000 millones y USD 200.000 millones y recuperar el acceso a activos venezolanos bloqueados en el exterior.
En paralelo, empresas estadounidenses negocian contratos petroleros, mineros y energéticos. La reconstrucción de la infraestructura venezolana necesita capitales, tecnología y acceso a los mercados internacionales. Estados Unidos ofrece esas puertas, pero exige influencia sobre las decisiones económicas y geopolíticas del país.
Rodríguez agradeció públicamente la cooperación de Trump y prometió elecciones, aunque sin precisar una fecha. Esa indefinición constituye el punto débil de todo el proceso.
La normalización económica avanza más rápido que la democratización. Los contratos se negocian, las instituciones financieras regresan y las empresas se posicionan, pero los venezolanos todavía no conocen cuándo podrán elegir un gobierno con garantías competitivas.
Trump consiguió un interlocutor capaz de ofrecer estabilidad y acceso a recursos. Rodríguez obtuvo reconocimiento internacional, alivio económico y tiempo para consolidarse. La oposición recibió promesas.
El petróleo venció a la afinidad ideológica
La política estadounidense hacia Venezuela demuestra el carácter transaccional de la administración Trump. Machado comparte buena parte de su agenda ideológica, respalda una economía abierta y mantiene vínculos con la derecha continental. Sin embargo, no controla las Fuerzas Armadas, la burocracia, la empresa petrolera estatal ni el territorio.
Rodríguez sí conserva una parte considerable de esas estructuras.
Para Washington, el principal riesgo después de la caída de Maduro no era solamente la continuidad autoritaria. También era el posible colapso administrativo, la fragmentación militar, una nueva migración masiva y la interrupción de la producción petrolera.
La Casa Blanca prefirió una transición controlada desde el aparato existente antes que una ruptura que pudiera desembocar en un conflicto interno. El resultado se parece menos a una revolución democrática que a una sustitución de alianzas.
El chavismo perdió a Maduro, pero una parte de su dirigencia conservó el poder. Estados Unidos abandonó la política de aislamiento y pasó a administrar directamente sus intereses. Machado, que había confiado en que la intervención abriría las puertas del gobierno, quedó fuera del acuerdo principal.
La frase podría resumirse crudamente: Trump no eligió a su aliada ideológica; eligió a su socia operativa.
El regreso de Machado es una prueba política
El retorno de la dirigente se convirtió en una prueba para todos los actores involucrados.
Para Delcy Rodríguez, permitir su ingreso significaría aceptar una competencia política capaz de movilizar a una oposición todavía activa. Impedirlo, en cambio, confirmaría que la prometida apertura no incluye condiciones reales para una disputa democrática.
Para Estados Unidos, el caso expone la contradicción entre su discurso de transición y su alianza con el gobierno interino. Si Washington posee la influencia que demuestra en las negociaciones petroleras y financieras, resulta difícil explicar por qué no puede garantizar el regreso seguro de una dirigente que respaldó su intervención.
Para Machado, volver implica recuperar centralidad y evitar que el nuevo reparto del poder termine consolidándose sin la oposición. Pero también exige revisar su estrategia: haber confiado la transición democrática a una potencia extranjera no le garantizó acceso al gobierno ni capacidad de decisión.
Su equipo acusa tanto a Rodríguez como a Estados Unidos, pero todavía debe explicar exactamente quién frustró cada viaje, mediante qué mecanismo y con qué argumento. Sin esa información, la denuncia mantiene fuerza política, pero carece de la documentación necesaria para establecer responsabilidades legales.
Los problemas sociales continúan
Las caravanas no reclamaron únicamente por el regreso de una dirigente. En Zulia, los manifestantes también protestaron contra las interrupciones eléctricas, una de las expresiones más persistentes del deterioro de los servicios públicos.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero continúa enfrentando fallas energéticas, salarios deprimidos, infraestructura dañada y servicios insuficientes. La apertura a capitales extranjeros puede mejorar la producción, aunque no garantiza que los ingresos lleguen de manera rápida o equitativa a la población.
La reestructuración petrolera también puede producir una concentración de beneficios entre empresas estadounidenses, sectores del antiguo aparato chavista y nuevos intermediarios financieros. Sin controles legislativos, transparencia contractual y participación ciudadana, la reconstrucción corre el riesgo de transformarse en una nueva distribución de la renta entre élites.
El conflicto ya no se reduce a chavismo contra oposición. Ahora involucra al gobierno interino, las Fuerzas Armadas, las empresas estadounidenses, los acreedores internacionales, los movimientos opositores y una sociedad agotada por años de crisis y migración.
Una señal para América Latina
La situación venezolana ofrece una advertencia regional. Estados Unidos volvió a intervenir de manera directa en la arquitectura política y económica latinoamericana, pero sus decisiones no están guiadas únicamente por afinidades ideológicas o principios democráticos.
La prioridad es asegurar estabilidad, recursos estratégicos, rutas energéticas y gobiernos capaces de garantizar acuerdos.
Los sectores de derecha que presentan a Trump como un aliado automático deberían observar el caso de Machado. La dirigente respaldó su estrategia, defendió la intervención y alineó su proyecto internacional con Washington. Cuando los intereses estadounidenses encontraron un interlocutor más eficaz, fue desplazada.
Los gobiernos de izquierda tampoco pueden presentar a Rodríguez simplemente como una continuidad soberana del chavismo. Su administración negocia con Washington el petróleo, la deuda, los minerales y el financiamiento mientras posterga una definición electoral.
El nuevo poder venezolano no responde completamente a las categorías anteriores. Es una convivencia entre estructuras chavistas, tutela estadounidense y apertura económica.
Caravanas contra un reparto cerrado
Las movilizaciones demostraron que la oposición conserva presencia territorial, aunque su magnitud todavía no permite hablar de una rebelión nacional ni de una mayoría movilizada.
Su importancia reside en otro lugar: rompieron la imagen de una transición aceptada y exhibieron la existencia de un sector que no reconoce el pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump como solución democrática.
Machado necesita regresar para evitar que su liderazgo se convierta en una referencia ejercida desde el exterior. Rodríguez necesita establecer un calendario electoral creíble si pretende transformar su reconocimiento internacional en legitimidad política. Estados Unidos debe decidir si su prioridad es la democracia que prometió o los contratos que ya comenzó a negociar.
La caída de Maduro no resolvió la crisis venezolana. Solamente cambió a los participantes de la mesa.
Delcy conserva el gobierno, Trump asegura sus intereses y Machado continúa intentando regresar. En las calles, una parte de Venezuela empieza a preguntar quién decidió que esa era la transición por la que debía esperar.
Rodolfo Gudino
