La presentación quedó incorporada al caso 158.174/2026, a cargo del fiscal federal de Ushuaia Fernando Rota. El denunciante pidió citar al director del Archivo Histórico de Tucumán por el hallazgo de un documento oficial de 1833 sobre la ocupación británica.
Una denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Ushuaia pidió investigar al rey Carlos III y al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, por la continuidad de la ocupación británica de las Islas Malvinas y la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
La presentación fue realizada por Aldo Sergio Parodi como ampliación de una denuncia anterior. Según una comunicación del Área de Atención Inicial del Ministerio Público Fiscal, el expediente quedó registrado como caso 158.174/2026, bajo la carátula “Sergio Parodi s/ su denuncia”, y se encuentra a cargo del fiscal federal Fernando Rota.
El escrito reclama que las máximas autoridades británicas sean investigadas por su responsabilidad institucional en el sostenimiento de la ocupación y por los contratos otorgados a compañías extranjeras para explorar y explotar hidrocarburos en aguas circundantes a las islas.
La denuncia no supone que Carlos III o Burnham hayan sido imputados ni que la Justicia haya convalidado las acusaciones. Corresponderá al fiscal determinar si existen elementos para impulsar una investigación, solicitar medidas de prueba o archivar la presentación.
El documento de 1833 que quieren incorporar como prueba
Uno de los principales pedidos consiste en citar al director del Archivo Histórico de Tucumán, Javier Critto, y a los integrantes del equipo que encontraron un documento oficial relacionado con la ocupación británica de 1833.
El hallazgo fue confirmado en septiembre por el Gobierno de Tucumán. Se trata de un oficio de cuatro páginas enviado por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Alejandro Heredia. El texto comunicaba lo ocurrido en las Islas Malvinas después del desplazamiento de las autoridades argentinas por fuerzas británicas.
El documento apareció durante las tareas de conservación, clasificación y digitalización del Archivo Histórico provincial. Su relevancia reside en que constituye un registro contemporáneo de los acontecimientos y demuestra que el Gobierno argentino informó inmediatamente a las provincias sobre la ocupación.
Parodi pidió que Critto declare ante la Justicia federal y que la documentación sea preservada bajo medidas especiales de seguridad. También solicitó que se incorporen al expediente los estudios realizados por el equipo del Archivo Histórico.
El oficio puede aportar contexto histórico y documental, aunque su valor como prueba dentro de una causa penal deberá ser evaluado por la fiscalía. Tampoco reemplaza el conjunto de antecedentes diplomáticos, jurídicos y políticos sobre los que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía.
La explotación petrolera, en el centro de la presentación
La denuncia sostiene que el Reino Unido obtiene beneficios económicos mediante permisos y contratos concedidos unilateralmente para explotar recursos hidrocarburíferos. Por ese motivo, pide identificar a las empresas involucradas, analizar sus acuerdos y calcular los presuntos perjuicios económicos causados a la Argentina.
El planteo solicita una pericia contable para estimar el valor de los recursos extraídos y de los negocios autorizados por Londres. También pretende que se investiguen posibles responsabilidades de funcionarios británicos y compañías extranjeras.
La presentación aparece en medio de una nueva escalada diplomática por el proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno argentino anunció medidas contra las empresas participantes y amenazó con acudir a un arbitraje internacional. Londres rechazó esa decisión y convocó a la embajadora argentina para transmitirle formalmente su protesta.
Un reclamo de enorme impacto y difícil recorrido penal
El denunciante utiliza figuras como usurpación, crímenes de guerra y explotación ilegal de recursos naturales. Sin embargo, la posibilidad de aplicar directamente el Código Penal argentino a un jefe de Estado extranjero y al primer ministro británico enfrenta cuestiones complejas de competencia territorial, inmunidad y derecho internacional.
Por esa razón, la apertura del expediente no debe confundirse con una imputación ni con una orden de citación. El fiscal Rota deberá analizar si la Justicia federal argentina tiene competencia, si los hechos denunciados pueden encuadrarse en delitos concretos y qué medidas resultan jurídicamente posibles.
También deberá separar el reclamo penal del conflicto de soberanía reconocido internacionalmente. Las Naciones Unidas consideran que existe una disputa entre la Argentina y el Reino Unido y han reclamado reiteradamente que ambos gobiernos reanuden las negociaciones. Ese reconocimiento no equivale a una condena penal contra autoridades británicas.
Andy Burnham ocupa el cargo de primer ministro del Reino Unido desde el 20 de julio de 2026, mientras que Carlos III es el jefe de Estado británico.
La presentación busca trasladar al terreno judicial un conflicto que durante décadas fue tramitado principalmente por la vía diplomática. Si la fiscalía decide avanzar, el primer paso podría ser la incorporación del documento encontrado en Tucumán y la declaración de sus responsables. A partir de allí se sabrá si el caso queda limitado a una denuncia de fuerte contenido político e histórico o si deriva en una investigación penal de alcance internacional.


























