Melina Schweizer
El registro nacional contabilizó 167 femicidios directos, 20 vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios hasta el 29 de septiembre. Al menos 202 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres, mientras el Presupuesto 2027 vuelve a ocultar los fondos de la Línea 144 y el Programa Acompañar.
Al menos 200 personas fueron asesinadas o murieron como consecuencia de la violencia de género en Argentina durante los primeros nueve meses del año. El país registró una víctima fatal cada 33 horas y 306 intentos de femicidio, el equivalente a un ataque cada 25 horas.
Las cifras corresponden al relevamiento elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, en colaboración con la Universidad Nacional del Delta. El informe comprende los hechos registrados entre el 1 de enero y el 29 de septiembre de 2026 mediante el análisis de medios gráficos y digitales nacionales y provinciales.
El total incluye 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios. Al menos 202 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de estos crímenes.
La cifra constituye un piso, no un número definitivo. Al tratarse de un monitoreo periodístico, pueden existir hechos que no llegaron a los medios, casos inicialmente clasificados bajo otras figuras penales o muertes cuya relación con la violencia de género todavía se encuentra bajo investigación.
La mayoría de los agresores eran parejas o exparejas
El relevamiento vuelve a desmentir la idea de que los femicidios son ataques imprevisibles cometidos por desconocidos. En el 64% de los casos, el agresor era pareja o expareja de la víctima.
El 41% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la mujer o persona atacada, mientras que otro 23,5% tuvo lugar en un domicilio compartido con el agresor. Casi dos de cada tres hechos se produjeron, por lo tanto, dentro de espacios que deberían haber funcionado como lugares de protección.
El 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Ese dato indica que, en una proporción significativa de los casos, el Estado ya tenía conocimiento de la situación de violencia antes de que se produjera el crimen.
Una denuncia previa no garantiza por sí misma que la víctima cuente con protección efectiva. Las medidas de restricción, los botones antipánico y las órdenes de exclusión requieren seguimiento, recursos, coordinación policial y respuestas judiciales rápidas. Cuando esos mecanismos fallan o se aplican solamente como trámites administrativos, el riesgo permanece intacto.
La violencia tampoco comienza con el femicidio. Antes del desenlace suelen existir amenazas, control económico, aislamiento, hostigamiento, ataques físicos, violencia sexual o persecución. Los 306 intentos de femicidio registrados durante el mismo período muestran la extensión de una trama que no aparece completamente reflejada en el número de muertes.
Un intento de femicidio cada 25 horas
El Observatorio contabilizó 306 ataques que pudieron terminar en femicidio entre enero y septiembre. La cifra equivale a más de un intento diario y permite observar una dimensión que frecuentemente queda fuera de las estadísticas generales.
Las sobrevivientes pueden enfrentar lesiones permanentes, discapacidades, pérdida de ingresos, desplazamiento de sus hogares y consecuencias psicológicas que requieren atención durante años. Muchas también deben continuar atravesando procesos judiciales mientras el agresor permanece en libertad o incumple medidas de protección.
La respuesta pública no puede limitarse a contar muertes. Prevenir implica detectar riesgos antes del ataque, garantizar lugares seguros, sostener económicamente a quienes necesitan abandonar el domicilio compartido y asegurar asesoramiento jurídico, atención sanitaria y acompañamiento psicológico.
El informe relaciona el recrudecimiento de las violencias con el debilitamiento de las herramientas estatales destinadas a prevenirlas. No plantea que el recorte presupuestario sea la única causa de los femicidios, sino que advierte que retirar recursos reduce la capacidad institucional para intervenir antes de que la violencia escale.
La Línea 144 y Acompañar vuelven a desaparecer como partidas identificables
El proyecto de Presupuesto 2027 no incorpora partidas específicas e identificables para la Línea 144 ni para el Programa Acompañar. Es el tercer año consecutivo en que ambas políticas dejan de aparecer con asignaciones propias dentro del presupuesto nacional.
Esto no significa que la Línea 144 haya dejado formalmente de funcionar. El servicio continúa ofreciendo atención, contención y asesoramiento gratuito durante las 24 horas. Durante 2026, su personal aparece financiado dentro de una actividad más general del Ministerio de Justicia. El problema es que la ausencia de una partida específica dificulta conocer cuánto dinero se destina efectivamente al servicio, controlar su ejecución y comparar los recursos con años anteriores.
El Programa Acompañar fue creado para ofrecer durante seis meses una prestación equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil a mujeres y personas LGBTI+ que necesitan construir autonomía económica frente a una situación de violencia. La ayuda buscaba que la falta de dinero no obligara a una víctima a permanecer en el mismo hogar que su agresor.
El proyecto presupuestario tampoco permite identificar fondos propios para su continuidad. Según los análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, si se consideran conjuntamente Acompañar, Línea 144, la protección de víctimas y las reparaciones de la Ley Brisa, los recursos proyectados para 2027 se ubican aproximadamente un 89% por debajo de los niveles de 2023 en términos reales.
La existencia de partidas generales de protección no compensa necesariamente esa pérdida. Esos fondos también atienden delitos contra la integridad sexual y casos de violencia familiar que no siempre están relacionados con motivos de género. Sin información desagregada, no puede saberse qué proporción llegará efectivamente a las víctimas contempladas por las políticas desmanteladas.
Sin autonomía económica no existe una salida segura
El desfinanciamiento del Programa Acompañar afecta uno de los puntos más sensibles de cualquier estrategia de prevención: la independencia económica.
Abandonar a un agresor puede implicar perder la vivienda, el ingreso familiar, el acceso a alimentos o las redes de cuidado. Cuando existen hijos o personas dependientes, la decisión se vuelve todavía más compleja. Sin asistencia estatal, muchas víctimas quedan obligadas a elegir entre permanecer expuestas a la violencia o caer en la indigencia.
La reducción de recursos también golpea a provincias y municipios, que deben absorber una demanda creciente con presupuestos limitados. Refugios, equipos interdisciplinarios, áreas de género, patrocinio jurídico y dispositivos de emergencia dependen de transferencias y políticas nacionales que fueron reducidas o discontinuadas.
El Estado nacional eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y distribuyó sus funciones entre organismos con menor jerarquía y capacidad presupuestaria. Esa transformación no fue simplemente administrativa: redujo equipos, debilitó la coordinación federal y borró del presupuesto herramientas que permitían seguir el recorrido del dinero.
Doscientas muertes no son hechos aislados
Los femicidios no constituyen una sucesión de tragedias privadas. La repetición de patrones demuestra que se trata de un problema estructural: agresores pertenecientes al círculo íntimo, ataques dentro de las viviendas, denuncias previas y víctimas que encuentran obstáculos económicos o institucionales para salir de la violencia.
Nombrar cada caso como un episodio aislado impide reconocer las responsabilidades públicas. El Estado no puede garantizar que ningún agresor cometa un crimen, pero sí debe reducir riesgos, actuar frente a las denuncias, fiscalizar las medidas de protección y asegurar que ninguna persona permanezca junto a quien la amenaza por falta de recursos.
Las cifras del Observatorio describen una emergencia sostenida: 200 víctimas fatales, 306 intentos de femicidio y 202 niñas, niños y adolescentes sin sus madres en apenas nueve meses.
Mientras la violencia produce una muerte cada 33 horas, el Presupuesto 2027 vuelve a ocultar o eliminar las partidas específicas destinadas a prevenirla. El Gobierno podrá borrar los nombres de los programas de las planillas públicas, pero no puede borrar las consecuencias de abandonarlos.
Ante una situación de violencia de género, la Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito durante las 24 horas, por teléfono, WhatsApp y correo electrónico. En una emergencia o ante un riesgo inmediato, debe llamarse al 911.
Melina Orquidea
GONZALO SCHWEIZER
