Melina Schweizer
El cese de tareas comenzará este martes a las 12 en ministerios, organismos públicos y empresas estatales. A las 15, sindicatos, excombatientes y organizaciones sociales se concentrarán frente al Palacio de Tribunales para exigir que se restablezcan los límites a la extranjerización del territorio.
La Asociación Trabajadores del Estado convocó a un cese de tareas con retiro de los lugares de trabajo para este martes 6 de octubre, desde las 12, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La medida alcanzará a ministerios, organismos públicos y empresas estatales y culminará con una movilización al Palacio de Tribunales.
La concentración central comenzará a las 15 en Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema, en Talcahuano 550. También participarán la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y diferentes organizaciones sindicales, políticas y sociales.
“Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie, pero quieren gobernar”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al anunciar la medida de fuerza.
El dirigente acusó a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti de haber vulnerado la división de poderes y desconocido la voluntad expresada por el Congreso y las movilizaciones populares.
“Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular”, sostuvo Aguiar. La convocatoria fue confirmada oficialmente por el sindicato y tendrá alcance en toda la Administración Pública Nacional.
Qué resolvió realmente la Corte
El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Ese artículo derogó la Ley 26.737, que desde 2011 imponía límites a la compra y concentración de tierras rurales por personas, empresas y Estados extranjeros.
El máximo tribunal no analizó la constitucionalidad del decreto ni declaró válida la eliminación de la Ley de Tierras. Los jueces resolvieron una cuestión procesal: consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación suficiente para promover una acción colectiva y que, por lo tanto, no existía un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial.
La diferencia jurídica es importante. La Corte no afirmó que la venta irrestricta de tierras sea constitucional. Sin embargo, al revocar la cautelar que mantenía suspendido el artículo 154, dejó nuevamente vigente la derogación dispuesta por Javier Milei.
El efecto concreto es que las restricciones de la Ley 26.737 dejaron de aplicarse mientras no exista una nueva medida judicial o una decisión del Congreso que invalide el DNU.
La propia Corte admitió posteriormente que no resolvió la cuestión de fondo. En un comunicado difundido después de las críticas, explicó que cualquier persona afectada puede presentar una nueva cautelar y que su decisión tampoco impide que el Congreso trate y rechace el decreto.
La aclaración no modificó el resultado inmediato: desde el fallo, particulares, sociedades y capitales extranjeros pueden adquirir tierras rurales sin los límites nacionales que rigieron desde 2011.
Los límites que desaparecieron
La Ley de Tierras Rurales establecía que no más del 15% del territorio rural nacional, provincial o municipal podía quedar en manos extranjeras. Dentro de ese porcentaje, las personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30%.
La norma también limitaba a mil hectáreas la superficie que podía adquirir un mismo titular extranjero en la denominada zona núcleo, o su equivalente según la ubicación y capacidad productiva. Además, establecía controles particulares sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad fronteriza y aquellos que contuvieran cuerpos de agua importantes o permanentes.
Esas disposiciones no implicaban una prohibición absoluta de inversión extranjera. Funcionaban como límites a la concentración y como herramientas para conocer quiénes controlaban el territorio, los recursos naturales y las áreas estratégicas.
El DNU 70/2023 eliminó íntegramente ese régimen. Durante casi dos años, la aplicación del artículo permaneció frenada por decisiones judiciales. El fallo de la Corte levantó ese obstáculo sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación.
Más de 13,3 millones de hectáreas rurales ya se encuentran en manos extranjeras. Durante el Gobierno de Milei se habrían autorizado al menos 111 operaciones de adquisición antes de que desaparecieran los controles generales.
“Hoy es la tierra, mañana será el agua”
Aguiar calificó la sentencia como “el fallo más entreguista de los últimos 150 años” y sostuvo que los magistrados “firmaron la entrega de todo el territorio nacional”.
“Les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas”, advirtió el secretario general de ATE.
La referencia a las islas no es casual. El amparo que frenó originalmente la derogación había sido presentado por el CECIM La Plata, una organización integrada por excombatientes de la guerra de 1982. Para la entidad, la regulación de la tierra forma parte de la defensa de la soberanía y no puede reducirse a una operación comercial entre privados.
El CECIM será una de las organizaciones que encabezarán la movilización de este martes bajo la consigna “La Patria no se vende”. La concentración comenzará a las 15 en Plaza Lavalle.
Las dos CTA también ratificaron la convocatoria. La protesta forma parte de un plan de lucha más amplio contra las políticas de ajuste y privatización del Gobierno nacional.
Una nueva cautelar y la batalla en el Congreso
La resistencia al fallo se trasladó simultáneamente a los tribunales y al Congreso. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una nueva medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU.
La presentación busca superar el obstáculo procesal señalado por la Corte y conseguir que otro tribunal analice la cuestión de fondo: si el Poder Ejecutivo podía derogar mediante un decreto una ley destinada a proteger el territorio y los recursos estratégicos.
La oposición también convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre. El objetivo es rechazar el DNU 70/2023 completo, que introdujo alrededor de 300 modificaciones sobre alquileres, relaciones laborales, regulación económica, empresas públicas y otros ámbitos.
El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024. Sin embargo, la normativa continúa vigente porque la Cámara de Diputados todavía no la rechazó. La legislación argentina establece que un DNU solamente pierde validez cuando ambas cámaras se pronuncian en contra.
La oposición necesita reunir 129 diputados para abrir la sesión y luego construir una mayoría para rechazarlo. El fallo sobre la Ley de Tierras reactivó una discusión que llevaba más de dos años estancada y acercó posiciones entre el peronismo, la izquierda, el socialismo, la Coalición Cívica y sectores federales.
La sesión fue convocada para el 15 de octubre e incluiría otros temas capaces de ampliar el quórum, entre ellos la emergencia en discapacidad y el crecimiento del endeudamiento familiar.
La Corte intenta despegarse de las consecuencias
Frente a las críticas, el máximo tribunal difundió una aclaración en la que sostuvo que solamente había resuelto un aspecto procesal y que no obstaculizaba futuras cautelares ni la intervención del Congreso.
También cuestionó a los “grupos de interés” que presionan sobre el tema y afirmó que el reclamo judicial es más adecuado que los “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
La respuesta aumentó la tensión con las organizaciones convocantes. Para los sindicatos y excombatientes, la Corte pretende desligarse de las consecuencias materiales de su propia sentencia: aunque no resolvió la constitucionalidad, su decisión dejó sin efecto la medida que preservaba los límites.
El conflicto ya no se concentra únicamente en los tribunales. Este martes llegará a las calles y la semana siguiente se trasladará a la Cámara de Diputados.
ATE paralizará parte del Estado desde el mediodía y marchará junto con las centrales obreras y los excombatientes. El reclamo tiene un destinatario inmediato —la Corte Suprema—, pero también interpela al Congreso: mientras los diputados no resuelvan el destino del DNU, el territorio argentino seguirá expuesto a una compra sin los límites nacionales que rigieron durante más de una década.
Melina Orquidea
GONZALO SCHWEIZER
