Rodolfo Gudino
El fiscal Gerardo Pollicita detectó un desbalance de más de $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos corrientes del grupo familiar, además de operaciones inmobiliarias por más de US$402.000. El exjefe de Gabinete deberá documentar propiedades, refacciones, alquileres y una supuesta ganancia en bitcoin que omitió declarar durante años.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una etapa decisiva. El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para justificar el origen de los bienes, gastos e inversiones que no encuentran respaldo suficiente en los ingresos comprobados del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento, de 207 páginas y con una veintena de preguntas, fue incorporado a la causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo. No constituye todavía una citación a declaración indagatoria ni significa que Adorni haya sido declarado culpable. Es el paso formal mediante el cual la fiscalía exige que explique el crecimiento patrimonial detectado durante su paso por el gobierno de Javier Milei.
Si las respuestas, documentos y comprobantes no logran aclarar las diferencias, Pollicita podrá pedirle a Lijo que cite al exfuncionario a indagatoria. La decisión final corresponderá al juez.
Gastó $43 millones más de lo que ingresó
Uno de los principales puntos del informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal es el desequilibrio entre los recursos comprobados y los gastos familiares.
Durante el período analizado, Adorni percibió 35 haberes por su actividad en la función pública. A esos sueldos se sumaron los ingresos acreditados de su esposa. En total, la fiscalía calculó recursos por $229.752.283,20.
Sin incluir las compras de propiedades, el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20. La suma contempla tarjetas de crédito, seguros de automóviles, expensas, electrodomésticos, impuestos, servicios, viajes y otros consumos corrientes.
La diferencia alcanza los $43.068.549. Es decir, solamente para sostener sus gastos cotidianos, la familia habría utilizado más dinero del que pudo ser explicado mediante sus ingresos formales.
El desbalance no demuestra por sí solo enriquecimiento ilícito. Adorni puede acreditar ahorros previos, ventas de bienes, préstamos, rendimientos financieros, reintegros, transferencias internas u otros recursos legítimos. El problema es que cada explicación deberá estar respaldada por documentación verificable y ser compatible con sus declaraciones fiscales y patrimoniales.
Propiedades y desembolsos por más de US$402.000
A la diferencia en pesos se añaden adquisiciones y operaciones inmobiliarias cuyo valor conjunto fue estimado en US$402.578,12.
La fiscalía pidió explicaciones sobre un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito; una vivienda dentro del country Indio Cuá; las refacciones realizadas en esa propiedad y otros pagos relacionados con alquileres y bienes inmuebles.
La casa del barrio privado constituye uno de los ejes centrales del expediente. Los investigadores buscan reconstruir el precio real de adquisición, el origen del dinero utilizado, las mejoras posteriores, los pagos a proveedores y la correspondencia entre esos desembolsos y los bienes informados por el matrimonio.
También deberá aclararse qué patrimonio pertenecía a Adorni, qué activos fueron declarados por Angeletti y si existieron diferencias entre la titularidad registral, el aporte económico de cada integrante del matrimonio y las presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción.
El monto de US$402.578,12 no debe presentarse automáticamente como dinero robado o incremento ilícito. Representa el universo de operaciones y desembolsos que la fiscalía considera insuficientemente justificados hasta el momento.
El bitcoin que apareció después
La principal explicación ofrecida públicamente por Adorni es una inversión en bitcoin realizada junto con su esposa antes de ingresar al Estado.
En junio, el entonces jefe de Gabinete afirmó que ambos habían invertido alrededor de US$200.000 entre 2013 y 2018 y obtenido una ganancia de aproximadamente US$300.000. Según su relato, esos ahorros permitieron financiar una parte sustancial de las adquisiciones posteriores.
“Ahorramos toda la vida y en negro”, reconoció durante una entrevista televisiva. También admitió que había omitido esos fondos en sus declaraciones juradas anteriores y aseguró que arrastró el mismo error al ingresar a la función pública.
Después del escándalo, Adorni presentó declaraciones rectificativas ante la Oficina Anticorrupción. Incorporó activos que elevaron su patrimonio neto informado hasta aproximadamente $627,2 millones y declaró el equivalente a más de medio millón de dólares vinculado con los supuestos ahorros provenientes de criptomonedas.
La rectificación no elimina automáticamente la omisión original ni demuestra el origen lícito del dinero. Una declaración jurada informa lo que el funcionario asegura poseer; no reemplaza los comprobantes bancarios, registros de billeteras virtuales, direcciones de blockchain, operaciones de compra y venta, declaraciones tributarias y conversiones realizadas entre criptomonedas y moneda tradicional.
Por eso, Pollicita quiere conocer el capital informado por Adorni al validar su identidad ante una plataforma virtual y establecer por qué esa tenencia no había sido exteriorizada en sus declaraciones anteriores.
La fiscalía también deberá distinguir entre una tenencia efectiva de bitcoin y fondos en dólares supuestamente obtenidos mediante su venta. No son lo mismo. La trazabilidad dependerá de las fechas, billeteras, plataformas, contrapartes y movimientos concretos.
Una explicación posible, pero todavía sin prueba suficiente
La versión de Adorni no es financieramente imposible. Bitcoin experimentó una apreciación extraordinaria entre 2013 y 2017, por lo que una inversión temprana pudo generar ganancias considerables.
El problema no es que la rentabilidad resulte matemáticamente inconcebible, sino la ausencia inicial de una declaración y la necesidad de demostrar que las operaciones pertenecieron realmente al matrimonio, ocurrieron en las fechas informadas y produjeron los fondos utilizados años después.
Adorni deberá identificar las plataformas donde operó, aportar historiales de transacciones y explicar el origen de los US$200.000 que asegura haber invertido inicialmente. Justificar la ganancia no alcanza si tampoco puede acreditarse cómo obtuvo el capital de partida.
El exfuncionario también relacionó una parte de sus primeros ahorros con dinero encontrado después de la muerte de su padre, ocurrida en 2002. Esa explicación deberá ser contrastada con la sucesión, las declaraciones fiscales y cualquier documentación que permita establecer el monto y su incorporación al patrimonio familiar.
Qué significa el requerimiento de Pollicita
El enriquecimiento ilícito está contemplado en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal. La figura alcanza al funcionario que, debidamente requerido, no logra justificar un enriquecimiento patrimonial apreciable propio o de una persona utilizada para disimularlo, producido después de asumir el cargo y hasta dos años después de haberlo abandonado.
El requerimiento de justificación no es un trámite secundario: constituye una instancia central para determinar si existe una explicación legítima del incremento investigado.
Adorni dispone ahora de 15 días para contestar las preguntas y entregar documentación. La fiscalía analizará sus respuestas junto con informes bancarios, fiscales, registrales, societarios e inmobiliarios.
Si las explicaciones resultan suficientes, la investigación puede perder sustento o cerrarse. Si persisten los desbalances, Pollicita podrá solicitar la indagatoria y avanzar hacia una imputación más grave. Incluso en ese escenario, seguiría vigente la presunción de inocencia y la fiscalía tendría que probar la acusación durante el proceso.
De vocero anticasta a investigado por su fortuna
La causa posee una dimensión política inevitable. Adorni construyó su figura pública denunciando los privilegios de la denominada “casta” y presentando al gobierno libertario como una ruptura con la opacidad patrimonial de la dirigencia tradicional.
Ahora debe explicar por qué su grupo familiar gastó más de lo que ingresó formalmente, cómo adquirió y reformó propiedades por cientos de miles de dólares y por qué una fortuna atribuida a bitcoin apareció en sus declaraciones solamente después de que comenzaran los cuestionamientos.
La investigación todavía no probó que el dinero sea ilícito. Sí confirmó que las explicaciones públicas no alcanzaron y que la fiscalía encontró inconsistencias suficientes para exigir una respuesta formal.
Adorni decía que el problema era un error arrastrado en sus declaraciones juradas. Pollicita acaba de transformar ese supuesto error en 207 páginas y 15 días de plazo. Después de años dedicado a explicar el Gobierno, el exvocero tendrá que realizar la conferencia más difícil de su carrera: explicar de dónde salió su propia fortuna.
Melina Schweizer
