Melina Schweizer
Las fotografías muestran a un hombre sin uniforme ni identificación visible disparando un arma larga durante la represión frente al Congreso. Usuarios y dirigentes lo señalaron como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, un alto jefe de la Policía Federal, pero el Gobierno todavía no confirmó su identidad. La oposición exige que la ministra de Seguridad explique quién lo autorizó y qué munición utilizó.
Una imagen tomada durante la represión contra la marcha del 6 de agosto abrió un nuevo frente para el gobierno de Javier Milei. En la fotografía se observa a un hombre vestido de civil, sin placa ni identificación visible, apuntando y disparando un arma larga en dirección a los manifestantes que protestaban contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El hombre fue señalado en redes sociales como Gustavo Antonio Gauna, comisario inspector de la Policía Federal Argentina y funcionario de elevada jerarquía dentro de la fuerza. La identificación surgió mediante la comparación de las imágenes del operativo con fotografías públicas del comisario y fue difundida, entre otros, por el dirigente del PTS Luca Bonfante.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Seguridad ni la Policía Federal confirmaron o desmintieron oficialmente que el tirador sea Gauna. Por esa razón, su identidad debe continuar presentándose como una atribución todavía pendiente de corroboración oficial, pericial o judicial.
Lo que las fotografías sí permiten comprobar es la presencia de un hombre armado, vestido de civil y aparentemente integrado al dispositivo policial, que efectuó al menos un disparo durante la desconcentración. Ese dato exige explicar quién era, a qué fuerza pertenecía, bajo qué órdenes actuaba y por qué participó sin una identificación que permitiera reconocerlo como integrante de una institución estatal.
Quién es Gustavo Gauna
Gustavo Antonio Gauna integra la estructura superior de la Policía Federal. Distintas reconstrucciones periodísticas, basadas en documentación interna de la fuerza, lo ubican al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales desde enero de 2025. Anteriormente se desempeñó en áreas de Investigaciones Nacionales y Homicidios.
Su nombre apareció en investigaciones de gran repercusión pública. Participó del dispositivo montado en Corrientes por la desaparición de Loan Peña, donde fue fotografiado junto a Patricia Bullrich cuando esta encabezaba el Ministerio de Seguridad.
La existencia de esas fotografías acredita una relación funcional en el marco de un operativo oficial. No alcanza, por sí sola, para definir a Gauna como un hombre de confianza personal de Bullrich ni para demostrar que hubiera recibido instrucciones directas de la actual senadora. Sí confirma que ocupó responsabilidades relevantes durante su gestión.
Gauna también declaró como testigo en el juicio por el asesinato de Lucas González, el adolescente y futbolista de las inferiores de Barracas Central ejecutado por agentes de la Policía de la Ciudad en noviembre de 2021. En aquel momento se desempeñaba en el área de Homicidios de la Federal y declaró sobre las irregularidades del procedimiento realizado por los acusados.
La paradoja resulta particularmente grave: un funcionario que intervino profesionalmente en una causa marcada por policías de civil, falta de identificación y uso criminal de armas aparece ahora señalado como el hombre sin uniforme que disparó en otra actuación estatal cuestionada.
Un disparo que debe ser peritado
Las imágenes muestran el arma colocada en posición prácticamente horizontal y dirigida hacia el sector donde estaban los manifestantes. Esa trayectoria aumenta el riesgo de impactos en el torso, el rostro o la cabeza, especialmente si se utilizaron cartuchos con postas de goma.
Sin embargo, la fotografía por sí sola no permite determinar la distancia exacta, el tipo de escopeta, la munición empleada ni quién pudo haber recibido el impacto. Tampoco permite afirmar técnicamente que el disparo se efectuó “a quemarropa”, expresión que supone una distancia extremadamente corta cuya existencia debe comprobarse.
Esos datos pueden establecerse mediante el registro del armamento asignado al operativo, las planillas de entrega de municiones, los videos completos, la geolocalización de las imágenes y los peritajes correspondientes.
Los principios que regulan el uso de la fuerza exigen necesidad, proporcionalidad, prevención del daño y responsabilidad individual. Las armas con proyectiles de impacto cinético no deben dispararse indiscriminadamente ni dirigirse hacia zonas vitales. Su condición de “menos letales” no significa que sean inocuas: pueden provocar pérdida de visión, lesiones internas, fracturas y muerte.
La fotografía no demuestra por sí sola que el disparo haya causado la fractura de cráneo sufrida por la reportera gráfica internada en el Hospital Argerich. Vincular ambos hechos sin una prueba pericial sería incorrecto. Pero el caso confirma la necesidad de identificar cada arma utilizada y reconstruir todos los disparos realizados durante el operativo.
Policías de civil en una protesta
La presencia de agentes sin uniforme puede estar justificada en tareas específicas de investigación, inteligencia criminal o identificación de personas. Otra situación completamente distinta es que un policía de civil participe directamente de un operativo antidisturbios y utilice un arma sin portar una identificación visible.
La falta de uniforme impide que manifestantes, periodistas, organismos de derechos humanos y otros efectivos reconozcan inmediatamente si quien dispara es un funcionario público, un particular armado o un infiltrado.
También dificulta la posterior atribución de responsabilidades. Si una persona no exhibe número, apellido, fuerza ni división, cualquier denuncia depende de reconstrucciones fotográficas y del reconocimiento facial, como ocurre en este caso.
Los estándares nacionales e internacionales aplicables a manifestaciones públicas establecen que el personal interviniente debe ser previamente individualizado y que deben registrarse las armas, municiones, vehículos y equipos empleados. La actuación clandestina o anónima es incompatible con la rendición de cuentas exigible a cualquier fuerza democrática.
La cuestión no consiste únicamente en determinar si el hombre podía estar vestido de civil. El punto central es saber si estaba habilitado para disparar en esas condiciones, quién lo incorporó al dispositivo y qué mecanismos existían para controlar su actuación.
Paulón quiere llevar a Monteoliva al Congreso
El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la Cámara de Diputados. El pedido fue formulado inicialmente por el conjunto del operativo y adquirió nueva relevancia después de la difusión de las fotografías.
Paulón exige conocer el motivo y la justificación de la presencia de agentes armados sin uniforme ni identificación visible. También reclama que el Ministerio informe quiénes realizaron disparos contra manifestantes y trabajadores de prensa, qué armas y municiones utilizaron, quién impartió las órdenes y si se inició una investigación interna.
“Nos genera enorme preocupación la utilización de métodos que están reñidos con las garantías constitucionales y la vigencia de la democracia”, sostuvo el legislador.
El proyecto también solicita explicaciones por el uso de camiones hidrantes durante la desconcentración, la extensión del operativo a más de 500 metros del Congreso y las agresiones sufridas por periodistas. Una fotógrafa permanece internada con una fractura en la base del cráneo después de resultar herida mientras cubría la represión.
La presentación de Paulón no significa que Monteoliva haya sido formalmente convocada. Para que la citación avance, la Cámara debe aprobar el proyecto mediante los mecanismos parlamentarios correspondientes.
El Gobierno acusa, pero todavía no explica
El Ministerio de Seguridad denunció penalmente a manifestantes por daño, resistencia a la autoridad y atentado contra el orden constitucional. También pidió identificar a participantes, colaboradores, instigadores y posibles organizaciones involucradas en los incidentes.
La misma capacidad investigativa debe aplicarse sobre sus propias fuerzas. Si el Gobierno puede analizar filmaciones para reconocer manifestantes, también puede determinar en pocas horas quién es el hombre armado que aparece en las fotografías, qué función cumplía y cuántas veces disparó.
Monteoliva defendió el operativo y sostuvo que quienes atacaron a policías o dañaron bienes públicos deberán responder ante la Justicia. Esa obligación también alcanza a los funcionarios que hubieran utilizado la fuerza de manera ilegal, desproporcionada o sin identificación.
La pregunta ya no es solamente si el tirador se parece a Gustavo Gauna. El Ministerio posee los registros necesarios para saberlo y tiene la obligación de responder. El silencio oficial prolonga una incertidumbre que el propio Estado podría despejar.
Un policía democrático no puede actuar como una figura anónima entre la multitud, disparar y desaparecer detrás de una fotografía. Si el hombre era Gauna, debe explicarse por qué un alto jefe de la Federal operó armado y de civil. Si no lo era, el Gobierno debe identificarlo igualmente.
Porque cuando un manifestante arroja una piedra, Seguridad busca su rostro, su nombre y hasta sus posibles vínculos políticos. Cuando quien dispara pertenece al operativo estatal, la democracia exige exactamente el mismo esfuerzo, pero con una responsabilidad mucho mayor: el arma, la orden y el poder estaban del lado del Gobierno.
