Melina Schweizer
La Municipalidad adjudicó por $12.864 millones la recolección de residuos a VITSA, una empresa cuya propuesta no fue la más económica. Una competidora denunció falta de transparencia en los puntajes y cuestionó que se valorara la limpieza de microbasurales, una prestación que no figuraba expresamente en el pliego.
Concordia, Entre Ríos, 1.º de octubre de 2026. La adjudicación del servicio de recolección de residuos de Concordia quedó bajo sospecha después de que una de las empresas participantes impugnara el procedimiento y reclamara suspender el contrato otorgado a VITSA Soluciones Ambientales. La decisión fue firmada por la administración del intendente radical Francisco “Gringo” Azcué y compromete inicialmente $12.864 millones, aunque el monto podrá aumentar por las actualizaciones previstas y por una eventual prórroga.
La controversia gira alrededor de la Licitación Pública Nº 47/2026, convocada para cubrir ocho zonas operativas tercerizadas e incorporar un sector de Pampa Soler. El llamado tuvo un presupuesto oficial de $16.320 millones para cuatro años y contempló la posibilidad de extender el contrato por otro período igual o menor.
Seis empresas presentaron propuestas. Después de analizar la documentación, la Comisión Evaluadora consideró admisibles las ofertas de VITSA, ASHIRA, Bodegas y Viñedos Santa Elena y Transportes Malvinas. Agrotécnica Fueguina y AVA Construcciones quedaron excluidas por incumplimientos señalados durante la evaluación.
Mediante el Decreto Nº 854/2026, la Municipalidad adjudicó el servicio a VITSA por $268 millones mensuales, equivalentes a $12.864 millones durante los primeros 48 meses, sin contar futuras readecuaciones. El gobierno municipal sostuvo que la compañía alcanzó el puntaje más alto al combinar precio, capacidad operativa, disponibilidad de camiones adicionales, antecedentes y un plan para sostener el servicio frente a contingencias.
La oferta más barata quedó afuera
VITSA no presentó la propuesta económica más baja. Bodegas y Viñedos Santa Elena cotizó $267,7 millones mensuales, unos $300.000 menos que la adjudicataria. ASHIRA ofreció $289,034 millones y Transportes Malvinas elevó su propuesta hasta $400,52 millones.
Que una administración no elija la oferta más económica no constituye automáticamente una irregularidad. En las contrataciones públicas debe evaluarse cuál es la propuesta más conveniente para el Estado, una categoría que puede incluir antecedentes, calidad técnica, antigüedad de los vehículos, capacidad de reemplazo, experiencia y continuidad del servicio.
El problema planteado por ASHIRA es diferente: sostiene que la Municipalidad no explicó adecuadamente cómo asignó los puntajes ni entregó oportunamente las planillas necesarias para reconstruir el orden de mérito. Sin ese detalle, afirma la compañía, resultaría imposible determinar cuánto pesó el precio y cuánto incidieron las ventajas técnicas atribuidas a cada participante.
El artículo 10 del pliego habría establecido una matriz de 100 puntos. La propuesta económica representaba 40, mientras que los 60 restantes se distribuían entre la antigüedad de los camiones compactadores, las unidades adicionales, los antecedentes en servicios semejantes y los planes operativo y de contingencia.
La impugnación sostiene que el decreto municipal informa que VITSA obtuvo el mejor resultado, pero no desagrega públicamente los puntos recibidos por cada empresa en esas categorías. Esa omisión es central porque una adjudicación administrativa no puede descansar únicamente en la afirmación de que una oferta fue “la mejor”: la decisión debe estar motivada y permitir que los competidores, los órganos de control y la ciudadanía comprendan cómo se llegó al resultado.
El extraño premio por limpiar algo que no figuraba
Otro cuestionamiento se concentra en la limpieza de microbasurales. El propio decreto reconoce que esa tarea no estaba expresamente incluida como prestación dentro del pliego. Sin embargo, la administración municipal la consideró una mejora favorable dentro de la propuesta de VITSA, al entender que representaría un ahorro para la ciudad.
La incorporación posterior de ese beneficio abre una discusión jurídica delicada. Las ofertas deben compararse mediante condiciones conocidas previamente por todos los participantes. Si una prestación no fue definida con claridad antes de la apertura de sobres, las empresas pudieron calcular precios, vehículos y personal sobre bases diferentes.
No alcanza con que la limpieza de microbasurales resulte conveniente para Concordia. También debe comprobarse que haya sido valorada mediante reglas iguales para todos. De lo contrario, una mejora presentada por una empresa podría transformarse en una ventaja decisiva que sus competidoras no tuvieron oportunidad de ofrecer o presupuestar bajo los mismos parámetros.
ASHIRA también pidió que fueran consideradas otras prestaciones adicionales incluidas en su propia propuesta. El reclamo expone el riesgo de abandonar una matriz cerrada para comenzar a sumar beneficios no estandarizados: la evaluación deja de ser verificable y queda demasiado expuesta a la discrecionalidad de quienes asignan los puntos.
Una decisión dividida
La recomendación a favor de VITSA habría sido adoptada por mayoría y no de manera unánime. De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, dos integrantes de la Comisión Evaluadora habrían respaldado la adjudicación, mientras que un empleado municipal de carrera habría dejado asentada una posición contraria.
La existencia de una disidencia no invalida el procedimiento, pero vuelve todavía más importante conocer las actas, las planillas, los dictámenes técnicos y los fundamentos de cada voto. Cuando se administran miles de millones de pesos y se contrata un servicio esencial por varios años, la transparencia no puede limitarse a anunciar al ganador.
La Municipalidad sostiene que VITSA ofreció dos camiones compactadores adicionales sobre el mínimo exigido y que esa disponibilidad mejoraría la capacidad de reemplazo y respuesta frente a averías. También afirma que la comisión analizó el estado y la antigüedad de la flota, los antecedentes, el plan operativo y las contingencias, además del precio.
La explicación oficial deberá confrontarse ahora con las planillas completas. Solo esos documentos permitirán saber si las unidades adicionales justificaban superar a la oferta más barata y si la experiencia atribuida a VITSA fue evaluada con el mismo criterio aplicado a las demás compañías.
La impugnación y lo que todavía no está probado
ASHIRA presentó un recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 854/2026. Solicitó que se suspendan sus efectos, que la adjudicación sea anulada y que las ofertas admisibles vuelvan a evaluarse. También reclamó acceso a los dictámenes, los informes técnicos, las actas, el orden de mérito, las planillas de puntuación y la documentación relacionada con los microbasurales.
La presentación dejó reservada la posibilidad de iniciar una acción contencioso-administrativa y solicitar una medida cautelar si el municipio rechaza el reclamo. Hasta el momento, la documentación pública permite confirmar la impugnación administrativa y la amenaza de judicialización, pero no una sentencia que haya declarado irregular la licitación ni una resolución que haya responsabilizado penalmente al intendente.
Tampoco está probado que VITSA carezca de capacidad para prestar el servicio o que la adjudicación haya respondido a un acuerdo ilegal. Esas afirmaciones deberán respaldarse con documentos, peritajes o decisiones judiciales. La sospecha actual nace de las condiciones denunciadas en el procedimiento: falta de puntajes desagregados, acceso tardío al expediente, una oferta más económica desplazada y la valoración de una prestación no contemplada expresamente.
También circuló la versión de que funcionarios municipales habrían realizado gestiones vinculadas con el sindicato de Camioneros para mejorar la posición operativa de VITSA y desplazar a otra competidora. Sin documentación o testimonios identificables, esa versión no puede presentarse como un hecho confirmado y requiere una investigación separada.
La basura también es salud pública
La recolección de residuos no es un servicio administrativo secundario. Su funcionamiento repercute directamente en la salud, el ambiente, la proliferación de plagas, la contaminación de cursos de agua y las condiciones de vida de los barrios. Una contratación deficiente puede traducirse en basura acumulada, recorridos incompletos y mayores riesgos sanitarios, especialmente en las zonas más vulnerables.
Por eso el debate no debería reducirse a una pelea entre empresas. La ciudad necesita conocer qué cantidad de camiones estarán disponibles, cuántos trabajadores serán afectados, cuáles serán los recorridos, qué mecanismos de control tendrá el municipio y qué sanciones se aplicarán ante incumplimientos.
El plazo también importa. Cuatro años prorrogables pueden convertir la adjudicación en una relación de hasta ocho años. Si se concreta la extensión y se aplican actualizaciones, el costo final superará ampliamente los $12.864 millones anunciados inicialmente. La decisión condicionará a futuras administraciones y comprometerá una porción relevante de los recursos municipales.
Azcué debe abrir el expediente
El intendente Francisco Azcué tiene la posibilidad de responder sin discursos: debe publicar el expediente completo, las planillas de puntuación, los votos de la Comisión Evaluadora, las evaluaciones de antecedentes y los cálculos utilizados para ponderar las propuestas.
La publicidad de esos documentos podría demostrar que VITSA obtuvo legítimamente la mayor puntuación, pese a no presentar el precio más bajo. Si, por el contrario, las planillas revelan criterios modificados, puntajes injustificados o ventajas incorporadas después de conocerse las propuestas, la adjudicación debería revisarse.
Por ahora, existe una decisión administrativa confirmada y una impugnación con cuestionamientos concretos. No existe todavía una condena ni una declaración judicial de fraude. Pero tampoco alcanza con repetir que participaron seis empresas y que ganó la oferta “más conveniente”. Cuando están en juego miles de millones de pesos y un servicio esencial, la conveniencia debe demostrarse con números abiertos, reglas previas y documentos accesibles.
En Concordia, la discusión ya no consiste únicamente en saber quién recogerá la basura. Ahora también deberá esclarecerse qué quedó escondido debajo de la alfombra de la licitación.
Melina Orquidea
GONZALO SCHWEIZER
