Melina Schweizer
El Gobierno autorizó la privatización de las participaciones estatales en las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín, que aportan cerca de 1.740 MW al sistema eléctrico. El debate no se limita al cambio de propietario: el método de tasación determinará si el Estado recibe un precio razonable o transfiere activos estratégicos por debajo de su valor.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2026. El Gobierno nacional puso en marcha la venta de las acciones que Energía Argentina posee en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, ubicada en Campana, y José de San Martín, instalada en Timbúes, Santa Fe. Son dos complejos de ciclo combinado construidos durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con una potencia conjunta cercana a los 1.740 megavatios y un papel relevante dentro del sistema eléctrico argentino.
La operación fue autorizada mediante el Decreto 1107/2026, que habilita una licitación pública nacional e internacional. El Estado controla actualmente el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín. La medida no significa que las centrales ya hayan sido vendidas: abre el procedimiento que deberá concluir con la presentación de ofertas, su evaluación y la adjudicación definitiva.
El mismo decreto prepara el camino para una futura privatización de la central Guillermo Brown, una vez finalizada la liquidación del fideicomiso correspondiente. La decisión confirma que el Ejecutivo no busca desprenderse solamente de compañías deficitarias o paralizadas, sino también de unidades operativas que producen electricidad y poseen activos industriales de gran valor.
Dos centrales construidas con recursos del sistema eléctrico
Manuel Belgrano y José de San Martín no surgieron como empresas públicas convencionales ni fueron financiadas exclusivamente con dinero del Tesoro. Ambas nacieron del Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica, conocido como FONINVEMEM.
El mecanismo fue creado después de la crisis de 2001, cuando la pesificación, el congelamiento tarifario y las deudas acumuladas con las generadoras habían frenado las inversiones. El Estado convirtió una parte de las acreencias que el mercado eléctrico mantenía con las empresas en aportes destinados a construir nueva capacidad de generación.
CAMMESA canalizó los recursos, el Banco de Inversión y Comercio Exterior administró los fideicomisos y las empresas generadoras recibieron participaciones según sus aportes. De esa articulación entre el Estado y el sector privado surgieron dos centrales que comenzaron a funcionar en ciclo abierto en 2008 y completaron sus ciclos combinados a comienzos de 2010.
El resultado fue la transformación de pasivos del sistema eléctrico en infraestructura productiva. En lugar de destinar los fondos exclusivamente a cancelar deudas, se los convirtió en turbinas, instalaciones, terrenos y capacidad de generación que continúa operativa casi dos décadas después.
La central José de San Martín posee aproximadamente 865 MW de potencia instalada, mientras que Manuel Belgrano ronda los 873 MW. Juntas representan una capacidad suficiente para abastecer una porción significativa de la demanda nacional, especialmente durante los períodos de mayor consumo.
El problema no es solamente quién compra, sino cuánto paga
La discusión más sensible comenzará cuando el Gobierno determine el valor de las participaciones estatales. Una privatización puede realizarse mediante un proceso competitivo y transparente, pero también puede transformarse en una transferencia patrimonial desfavorable si el precio base no refleja correctamente el valor industrial, energético y estratégico de los activos.
El Gobierno desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación de distintos procesos y otorgó un papel central al BICE en la valuación de empresas y participaciones públicas. El banco creó en 2025 una unidad especializada y puede utilizar el método de flujo de fondos descontados, que calcula cuánto dinero generaría una compañía en el futuro y traslada esa estimación a un valor presente.
Ese procedimiento es habitual en el mundo financiero y no constituye por sí mismo una irregularidad. El problema aparece en las variables elegidas para realizar el cálculo. Una proyección conservadora de ingresos, una estimación elevada de costos o una tasa de descuento excesiva pueden reducir considerablemente el valor final.
En activos energéticos, además, la caja proyectada no siempre refleja todo el patrimonio. Una central posee turbinas, equipos electromecánicos, edificios, conexiones de alta tensión, terrenos, permisos y una posición dentro del sistema eléctrico. También conserva un valor residual que puede mantenerse incluso después del período utilizado para proyectar sus ingresos.
Por eso resulta importante que la tasación no dependa de una sola metodología. Una evaluación integral debería comparar el flujo de fondos esperado con el valor técnico de las instalaciones, su costo de reposición, su vida útil remanente, su capacidad operativa y los ingresos que podría generar bajo distintos escenarios regulatorios.
El antecedente de Ensenada de Barragán
La principal señal de alarma proviene de lo sucedido con la central Ensenada de Barragán. En 2018, el Tribunal de Tasaciones estimó un costo de reposición de 856,6 millones de dólares y un valor actual de 688,3 millones. Después de descontar una deuda con la ANSES, determinó un valor patrimonial de 305,9 millones.
Un ejercicio basado en el flujo de fondos, en cambio, había situado el activo en 270,86 millones de dólares, utilizando una tasa de descuento en dólares del 12,57%. La diferencia no respondía solamente a criterios contables: la proyección financiera asignaba valor residual cero al finalizar los 25 años analizados, mientras que la evaluación técnica calculaba que la central todavía conservaría activos por más de 400 millones de dólares.
Barragán terminó vendiéndose en 2019 por 229,4 millones de dólares. Posteriormente, la Auditoría General de la Nación cuestionó debilidades del procedimiento y sostuvo que estas habían impedido garantizar una gestión efectiva, económica y eficiente.
Ese antecedente no prueba que las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín vayan a ser subvaluadas. Sí justifica exigir la publicación de los informes completos, las tasas utilizadas, los escenarios de ingresos, la vida útil estimada y el valor residual asignado a cada componente.
Accionistas privados y derechos de preferencia
La privatización presenta otra particularidad: el Estado no es el único accionista. Las empresas privadas que participaron del esquema original conservarán sus tenencias y los pliegos deberán respetar los derechos de preferencia establecidos en los estatutos societarios.
Entre los accionistas privados aparece Central Puerto, empresa históricamente relacionada con Nicolás “Nicky” Caputo, aunque esa vinculación no permite afirmar por sí misma que el empresario vaya a resultar comprador ni demuestra la existencia de una irregularidad. La cuestión relevante será si las condiciones de la licitación garantizan una competencia real o si los derechos societarios terminan reduciendo el universo de posibles oferentes.
También deberá conocerse si los compradores asumirán compromisos concretos de inversión, mantenimiento, disponibilidad y modernización. Vender acciones sin imponer obligaciones operativas podría dejar al Estado sin patrimonio y al sistema eléctrico sin garantías suficientes sobre la continuidad de las inversiones.
El decreto excluye la implementación de un Programa de Propiedad Participada. Los trabajadores, por lo tanto, no recibirían una porción accionaria dentro del proceso. La decisión concentra la discusión entre el Estado y los inversores, dejando fuera a quienes operan cotidianamente las plantas.
Una venta con efectos económicos y federales
La salida del Estado de estas compañías tendrá consecuencias más amplias que el ingreso fiscal obtenido por la privatización. La generación eléctrica condiciona los costos industriales, la actividad comercial, los servicios públicos y la vida cotidiana de los hogares. También representa una herramienta para planificar el abastecimiento frente al crecimiento de la demanda o las emergencias climáticas.
Para Santa Fe y Buenos Aires, la operación involucra activos productivos instalados en sus territorios, puestos de trabajo especializados, contratos de proveedores y recaudación local. Por esa razón, las provincias y los municipios deberían acceder a información detallada sobre las condiciones de venta y los planes posteriores de los adjudicatarios.
Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno podrá presentar la privatización como una fuente inmediata de recursos y una reducción de la participación estatal. Sin embargo, vender un activo rentable produce un ingreso por única vez a cambio de renunciar a los dividendos, la valorización futura y la capacidad de intervención que otorgaba esa participación.
El análisis económico serio no consiste solamente en preguntar cuánto dinero ingresará el día de la venta. También debe calcular cuánto dejará de percibir el Estado durante las próximas décadas y qué costo tendría reconstruir una capacidad semejante si el sistema eléctrico volviera a necesitarla.
La transparencia definirá el resultado
La controversia no debería resolverse mediante una disputa nostálgica entre estatización y privatización. El punto decisivo es si el patrimonio público será vendido mediante reglas transparentes, competencia suficiente y una tasación que proteja el interés colectivo.
Para despejar las sospechas, Economía debería publicar los estudios de valuación, identificar a sus responsables técnicos, explicar las tasas de descuento, detallar las inversiones pendientes y permitir el control de la Sindicatura General, la Auditoría General y el Congreso. También debería informar quiénes son los beneficiarios finales de cada oferente para impedir sociedades cruzadas o conflictos de intereses.
Manuel Belgrano y José de San Martín no son estructuras abandonadas que el Estado necesita liquidar para evitar pérdidas. Son centrales operativas, construidas mediante un mecanismo que convirtió deudas del mercado eléctrico en infraestructura. La administración de Javier Milei decidió venderlas y tiene atribuciones para iniciar el proceso dentro del marco autorizado por el Congreso, pero esa decisión no la exime de demostrar que el precio obtenido protegerá el patrimonio nacional.
La verdadera discusión comenzará cuando aparezca la tasación. Si el valor refleja el costo, la capacidad productiva y la vida útil de las centrales, el Gobierno podrá defender la operación. Si vuelve a imponerse una metodología que borra activos, reduce proyecciones y deja sin valor residual instalaciones capaces de seguir generando durante décadas, no será una modernización del Estado: será patrimonio público vendido con descuento.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
