Cristina ante un juicio único: Casación reunificó Hotesur y Los Sauces

Buenos Aires, 2 de octubre de 2026. Por mayoría, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocaron la separación de los expedientes y ordenaron juzgar conjuntamente a Cristina y Máximo Kirchner. Alejandro Slokar votó en disidencia. La decisión reorganiza el proceso, pero no implica una condena ni garantiza que el debate comience antes.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió reunificar las causas Hotesur y Los Sauces, en las que Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y otros acusados deberán afrontar un juicio oral por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.

La decisión fue adoptada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. De esta manera, Casación dejó sin efecto el desdoblamiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 5 y respaldó el planteo del fiscal Diego Velasco, quien sostuvo que los dos expedientes describen un mismo circuito económico y probatorio.

La resolución vuelve a modificar el calendario de uno de los procesos judiciales de mayor impacto político de los últimos años. Sin embargo, presentar la medida únicamente como un intento de “apurar” el juicio resulta impreciso: la reunificación evita dos debates independientes, pero también podría obligar al tribunal oral a revisar las fechas fijadas y reorganizar una cantidad considerable de pruebas, testigos y audiencias.

Dos causas y una misma hipótesis acusatoria

Los expedientes investigan operaciones comerciales realizadas mediante dos sociedades vinculadas con la familia Kirchner. En Los Sauces se analizan alquileres de inmuebles a empresarios que mantenían contratos o concesiones con el Estado. En Hotesur, la acusación se concentra principalmente en la actividad hotelera y en los pagos efectuados por empresas relacionadas con Lázaro Báez.

La fiscalía sostiene que ambas estructuras habrían integrado un mismo mecanismo para devolver, bajo la apariencia de alquileres y servicios hoteleros, parte del dinero obtenido por empresarios beneficiados con contratos públicos. Esa es la hipótesis que deberá probarse durante el juicio. Los acusados rechazan la imputación y afirman que se trató de operaciones comerciales legales, registradas y declaradas.

Cristina y Máximo Kirchner llegan al debate en condición de acusados, no de condenados. La reunificación tampoco resuelve la discusión de fondo ni establece la existencia de lavado de dinero: determina solamente cómo deberá organizarse el juicio donde se producirán las pruebas y se escucharán los argumentos de la fiscalía, las querellas y las defensas.

Florencia Kirchner quedó fuera del proceso después de que Casación mantuviera su sobreseimiento. La Corte Suprema, por su parte, ya había dejado firme la realización del juicio oral para el resto de los imputados, sin pronunciarse sobre su culpabilidad.

El calendario vuelve a quedar bajo revisión

El Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, había resuelto separar los expedientes por considerar que tenían objetos procesales, pruebas y grados de avance diferentes.

El juicio por Los Sauces estaba programado para comenzar el 23 de octubre de 2026, mientras que el debate por Hotesur había sido fijado para el 19 de marzo de 2027. Los magistrados argumentaron que un proceso conjunto podía extenderse durante más de dos años y obligar a numerosos acusados y abogados a participar en audiencias correspondientes a hechos que no los involucraban directamente.

La fiscalía apeló esa decisión. Velasco señaló que los expedientes estuvieron unificados desde 2019, comparten numerosos imputados y examinan maniobras presuntamente ejecutadas durante el mismo período. También advirtió que dividir la prueba podía conducir a valoraciones contradictorias sobre hechos conectados y hasta a sentencias difíciles de conciliar.

Con la resolución de Casación, el TOF 5 deberá determinar ahora cómo adapta el cronograma. La fecha del 23 de octubre no puede considerarse automáticamente confirmada para el juicio unificado hasta que el tribunal comunique formalmente su nueva organización. La paradoja es evidente: una resolución presentada políticamente como una aceleración podría terminar exigiendo una reprogramación.

El fallo firmado desde San Martín de los Andes

La controversia política se profundizó porque Barroetaveña y Petrone habrían firmado la decisión de manera remota mientras participaban de una actividad de la Asociación de Magistrados en San Martín de los Andes. En el mismo encuentro estuvieron los integrantes de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La coincidencia fue interpretada por sectores del kirchnerismo como una señal de coordinación entre Casación y el máximo tribunal. Sin embargo, hasta el momento no se presentó una prueba que demuestre que los jueces de la Corte intervinieron en la deliberación, conocieron anticipadamente el contenido del fallo o impartieron alguna instrucción. Compartir una actividad institucional puede alimentar sospechas políticas, pero no acredita por sí mismo una conducta irregular.

Tampoco existe una prohibición general que impida a los magistrados firmar digitalmente una resolución fuera de sus despachos. El punto institucional relevante no es la ubicación física desde la cual suscribieron el documento, sino si existieron comunicaciones impropias, conflictos de intereses o interferencias externas capaces de afectar la independencia del tribunal. Nada de eso puede afirmarse solamente a partir de la presencia de los jueces en un mismo hotel.

La controversia revela, no obstante, un problema más profundo: la pérdida de confianza pública en una Justicia cuyos integrantes mantienen reuniones, actividades corporativas y vínculos poco transparentes mientras resuelven expedientes capaces de modificar el escenario electoral. La legalidad de una firma remota no elimina el deber de ofrecer explicaciones cuando el contexto alimenta dudas razonables sobre la apariencia de imparcialidad.

Un juicio atravesado por la disputa electoral

La reunificación ocurre cuando Cristina Kirchner busca llevar ante organismos internacionales sus cuestionamientos contra la condena de la causa Vialidad y cuando el peronismo discute su estrategia para 2027. Máximo Kirchner, además de acusado, continúa ocupando una posición central dentro de la estructura partidaria bonaerense.

Ese calendario convierte cada resolución judicial en un acontecimiento político. Para el kirchnerismo, el avance simultáneo de distintas causas forma parte de una estrategia destinada a limitar electoralmente a sus principales dirigentes. Para sus adversarios, en cambio, el juicio representa una instancia pendiente para esclarecer la relación económica entre la familia Kirchner y empresarios que recibieron contratos del Estado.

Entre ambas interpretaciones queda una obligación que no admite atajos: el tribunal deberá examinar pruebas concretas, garantizar el derecho de defensa y dictar una sentencia fundada. La oposición política no reemplaza la demostración de un delito, del mismo modo que una denuncia de persecución no invalida automáticamente una investigación.

Casación dispuso que Hotesur y Los Sauces vuelvan a recorrer un solo camino. Ahora deberá aclararse cuándo comenzará efectivamente el juicio y bajo qué cronograma. Lo único que la resolución no puede adelantar es el resultado: en un Estado de derecho, reunificar expedientes no equivale a reunir culpables.