Melina Schweizer
Martín Menem y Gabriel Bornoroni ofrecieron eliminar los artículos que fragmentan el nomenclador y trasladan responsabilidades a las provincias. Buscan frenar la prórroga de la emergencia con una nueva ley permanente, pero los aliados reclaman garantías: el texto promete exactamente lo contrario de lo que Milei y Caputo enviaron al Congreso.
El oficialismo abrió una negociación de emergencia para evitar que la Cámara de Diputados prorrogue la emergencia en discapacidad impulsada por la oposición. La salida diseñada por Martín Menem y Gabriel Bornoroni consiste en presentar un proyecto alternativo que prometa continuidad de las prestaciones, actualización de las pensiones, universalidad del nomenclador y beneficios laborales.
La propuesta podría bloquear la iniciativa opositora y despejar uno de los principales obstáculos para la aprobación del Presupuesto 2027. Sin embargo, nace atravesada por una contradicción difícil de explicar: las garantías que ahora ofrece el oficialismo son las mismas que el proyecto presupuestario de Javier Milei y Luis Caputo buscaba debilitar, fragmentar o trasladar hacia las provincias.
Los artículos 38 y 39 del Presupuesto establecen que la universalidad del sistema no necesariamente implicará homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre jurisdicciones. En términos concretos, cada provincia podría terminar fijando condiciones diferentes para prestaciones que actualmente forman parte de un esquema nacional.
Menem se comprometió ante los aliados a modificar o eliminar esos artículos. La promesa descomprimió parcialmente la discusión, pero todavía no resuelve el problema: hasta que los cambios no aparezcan escritos en el dictamen presupuestario, el ajuste continúa formalmente dentro del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Una ley para corregir otra ley del mismo Gobierno
Bornoroni reunió a representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y los bloques provinciales para presentar el proyecto denominado “Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia del sistema de discapacidad”.
El objetivo político consiste en sustituir la prórroga de la emergencia por una regulación permanente. El Gobierno busca evitar la palabra “emergencia”, que implica reconocer que el sistema atraviesa una situación extraordinaria y requiere recursos inmediatos.
Los aliados propusieron utilizar la expresión “superación de la emergencia”. La fórmula permite al oficialismo afirmar que no prolonga un régimen excepcional, aunque en la práctica necesita conservar varias de las medidas que la oposición reclama.
La operación es semántica, pero también presupuestaria. Si el Gobierno logra aprobar su propio texto, podrá sostener que resolvió estructuralmente el problema sin aceptar una derrota parlamentaria ni quedar obligado por la iniciativa redactada por la oposición.
La dificultad es que no alcanza con cambiarle el nombre a la crisis. Prestadores, transportistas, centros terapéuticos, familias y personas con discapacidad necesitan saber qué valores se pagarán, cómo se actualizarán, quién financiará las prestaciones y qué ocurrirá cuando una provincia no disponga de recursos suficientes.
Sin esas respuestas, la “superación” puede convertirse simplemente en una emergencia rebautizada.
Los artículos que encendieron la rebelión
El punto más conflictivo del Presupuesto 2027 se encuentra en los artículos 38 y 39. Allí se habilita un esquema que permitiría diferenciar aranceles y modalidades de financiamiento según cada jurisdicción, bajo el argumento de respetar las competencias provinciales.
La redacción rompe con el principio de valores nacionales homogéneos. Una terapia, un traslado o una prestación de apoyo podrían recibir un reconocimiento económico diferente según el lugar de residencia de la persona beneficiaria.
La consecuencia sería una federalización de las obligaciones sin una distribución equivalente de los recursos. Las provincias con mayor capacidad fiscal podrían sostener mejores coberturas; las más endeudadas o dependientes de las transferencias nacionales quedarían obligadas a recortar, demorar pagos o reducir prestadores.
El mismo proyecto presupuestario prevé que eventuales excesos derivados de la legislación sobre discapacidad sean cubiertos mediante partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Esa caja concentra fondos que el Poder Ejecutivo puede reasignar con amplios márgenes de discrecionalidad.
El programa de “Otras Asistencias Financieras” acumula alrededor de $7,7 billones sin metas físicas suficientemente detalladas ni criterios claros de distribución. De esa manera, el Gobierno podría retirar garantías generales del Presupuesto y luego financiar selectivamente a las jurisdicciones mediante decisiones administrativas.
No se trataría solamente de un ajuste. También se modificaría la forma de ejercer poder: en lugar de derechos financiados mediante reglas nacionales previsibles, las provincias pasarían a depender de negociaciones particulares con la Casa Rosada.
La presión de los gobernadores frenó a Caputo
El cambio de posición no surgió espontáneamente dentro del oficialismo. Los gobernadores comenzaron a advertir que no acompañarían el Presupuesto si se mantenían los artículos cuestionados.
Martín Llaryora y Osvaldo Jaldo estuvieron entre quienes transmitieron su rechazo. También aparecieron resistencias entre legisladores del PRO, la UCR, bloques provinciales y la propia bancada libertaria.
La preocupación no responde únicamente al costo social. Si la Nación transfiere responsabilidades sin financiamiento, las demandas terminan llegando a gobernadores, intendentes y sistemas sanitarios locales. Son ellos quienes enfrentan las protestas, los amparos judiciales y la interrupción de servicios.
Los mandatarios provinciales ya absorbieron gastos en transporte, educación, rutas, vivienda y obra pública que la administración nacional abandonó o redujo. Incorporar ahora prestaciones de discapacidad amenaza con profundizar el deterioro de sus cuentas.
Frente a esa resistencia, Menem comunicó que el recorte “había quedado atrás”. La definición supone una corrección política a la estrategia fiscal de Caputo, pero todavía no puede hablarse de una derrota definitiva del ministro.
El verdadero choque se verificará cuando se conozca el dictamen. Si los artículos 38 y 39 son eliminados y las partidas reciben financiamiento suficiente, el Congreso habrá impuesto un límite concreto. Si solamente se modifican algunas palabras o se traslada la promesa a otra ley sin recursos asegurados, el ajuste continuará por otra vía.
Pensiones, trabajo y cobertura médica
El texto presentado a los aliados promete mantener las pensiones no contributivas por discapacidad, establecer mecanismos de actualización y garantizar el acceso a un programa médico de atención y cobertura sanitaria.
También contempla compatibilizar la pensión con el empleo y ofrecer beneficios impositivos a quienes contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad.
La compatibilidad entre pensión y trabajo puede representar un avance. El sistema tradicional obliga muchas veces a elegir entre una prestación social y un empleo que puede ser precario, temporal o insuficiente. Esa incompatibilidad termina castigando la inclusión laboral.
Pero la reforma debe evitar que la incorporación al mercado de trabajo sea utilizada para retirar automáticamente apoyos económicos o sanitarios. Una persona puede trabajar y continuar necesitando medicación, asistencia, transporte, rehabilitación o acompañamiento.
La discapacidad no desaparece con la firma de un contrato laboral.
Los incentivos fiscales también requieren controles. Si no existen condiciones mínimas de estabilidad y accesibilidad, las empresas podrían recibir beneficios por empleos mal remunerados, temporales o meramente formales. La inclusión no consiste en incorporar nombres a una nómina, sino en garantizar trabajo digno y posibilidades reales de permanencia.
El nomenclador, corazón económico del sistema
La propuesta oficialista promete ratificar la universalidad del nomenclador, la homogeneidad de los aranceles y su actualización. Ese punto contradice de manera directa la redacción original del Presupuesto.
El nomenclador determina cuánto reconoce el sistema por cada prestación. Su actualización define si los centros pueden pagar salarios, mantener vehículos, comprar insumos y continuar atendiendo.
Cuando los aranceles quedan por debajo de los costos, el derecho puede existir en la ley y desaparecer en la práctica. Las familias conservan una cobertura escrita, pero no encuentran profesionales dispuestos a trabajar por los valores reconocidos.
Por eso, hablar de universalidad sin garantizar montos adecuados resulta insuficiente. Un nomenclador nacional con valores atrasados puede homogeneizar la precariedad.
La nueva ley debería establecer una fórmula de actualización objetiva, una periodicidad definida y una fuente estable de financiamiento. Si los ajustes dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, la promesa vuelve a quedar sometida a las necesidades del superávit fiscal.
El problema jurídico que el Gobierno no puede ignorar
Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 26.378 y le otorgó jerarquía constitucional a través de la Ley 27.044. Por lo tanto, las políticas públicas deben respetar los principios de igualdad, accesibilidad, autonomía, participación e inclusión.
Una modificación presupuestaria que produzca regresiones sustanciales puede ser cuestionada judicialmente. El Estado no puede invocar solamente restricciones fiscales para desarticular prestaciones esenciales sin demostrar que evaluó alternativas menos perjudiciales.
La fragmentación territorial también podría afectar el principio de igualdad. Si una persona recibe una cobertura inferior únicamente porque reside en una provincia con menos recursos, el sistema nacional dejaría de garantizar un piso común de derechos.
La Ley 24.901 establece prestaciones básicas integrales. El desafío no consiste solamente en mantener su texto, sino en asegurar que existan financiamiento y prestadores capaces de cumplirlo.
El Presupuesto anual puede organizar el gasto y modificar determinadas normas cuando lo hace expresamente. Lo que no puede hacer sin exponerse a impugnaciones es vaciar derechos reconocidos por leyes permanentes y tratados de jerarquía superior.
Los aliados exigen algo más que una promesa
Oscar Zago, Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella tuvieron un papel central en la negociación. Los votos del MID y de los legisladores vinculados con los gobiernos de Misiones y Salta pueden permitir al oficialismo construir una mayoría para neutralizar el proyecto opositor.
Pero esos bloques necesitan regresar a sus provincias con algo más que un cambio de título. La experiencia reciente alimenta la desconfianza: el Gobierno ha prometido correcciones durante las negociaciones y luego ha intentado recuperar el ajuste mediante reglamentaciones, reasignaciones o demoras en la ejecución.
La pregunta no es si Menem pronunció las palabras correctas en una reunión. La pregunta es qué texto firmarán los diputados, qué partidas quedarán asignadas y qué facultades conservará Caputo para restringir el gasto durante 2027.
La credibilidad oficial también quedó golpeada por las auditorías de pensiones, las suspensiones cuestionadas judicialmente, el atraso de aranceles y la crisis administrativa de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad.
En ese contexto, pedir confianza resulta insuficiente. El Congreso debe exigir normas verificables.
Una crisis política disfrazada de discusión técnica
La disputa revela una fractura dentro de la estrategia oficial. Caputo busca sostener el superávit mediante el control de partidas sensibles. Menem, Bornoroni y los jefes parlamentarios necesitan conseguir votos. El ajuste que puede cerrar una planilla fiscal también puede hacer caer todo el Presupuesto.
No necesariamente existe una ruptura personal entre Menem y Caputo. Lo confirmado es una divergencia funcional: Economía redactó artículos que la conducción de Diputados ahora promete modificar porque resultan políticamente invotables.
El episodio muestra además que el Congreso conserva capacidad para limitar al Poder Ejecutivo cuando los gobernadores y bloques aliados coordinan sus intereses. El oficialismo no abandonó el recorte por una reconsideración doctrinaria, sino porque comenzó a perder los votos necesarios para aprobar su principal ley económica.
La emergencia en discapacidad se convirtió así en una prueba de poder. La oposición quiere prorrogarla; el Gobierno busca reemplazarla por una ley propia; los gobernadores pretenden evitar nuevas cargas y Caputo necesita impedir que el gasto se descontrole.
En medio de esa negociación permanecen las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sistema. Para ellas, la diferencia entre “emergencia”, “superación” o “fortalecimiento” importa mucho menos que la continuidad de una terapia, el pago a un transportista o la entrega de un medicamento.
El oficialismo promete ahora protegerlas del recorte. Pero el recorte no llegó desde la oposición ni apareció por un error administrativo: fue escrito por el propio Gobierno dentro del Presupuesto.
Antes de anunciar que la emergencia quedó atrás, Menem deberá demostrar que también quedó atrás el ajuste. Y eso no se prueba en una reunión con aliados. Se prueba borrando los artículos, asegurando los fondos y pagando las prestaciones.
