GONZALO SCHWEIZER
Una reforma del sistema de descuentos sobre haberes previsionales endureció drásticamente las condiciones para otorgar créditos: hoy quedarían apenas 35 operadores, frente a los 432 que funcionaban bajo el esquema anterior. La Resolución 970/2024 exige seguros millonarios, documentación y controles adicionales. Fuentes del sector denuncian que el nuevo escenario favoreció la concentración en pocas mutuales. La norma es oficial; la existencia de un “monopolio” todavía requiere demostrar participación de mercado y no puede darse por probada solamente por la reducción de entidades.
En una Argentina donde los jubilados recurren cada vez más al crédito para pagar alimentos, medicamentos, servicios y deudas anteriores, un cambio administrativo ocurrido dentro de ANSES abrió otra discusión: quién puede prestarles dinero y quién quedó afuera del negocio.
La transformación es enorme.
Según información proveniente del sector, el antiguo universo de 432 entidades habilitadas para operar mediante códigos de descuento habría quedado reducido a apenas 35: 23 mutuales y cooperativas, diez gremios y dos centros de jubilados.
Si ambas cifras corresponden efectivamente a universos comparables, la reducción sería del 91,9%.
Es decir: por cada 100 operadores existentes anteriormente, quedarían aproximadamente ocho.
La magnitud justifica investigar una eventual concentración. Pero conviene separar desde el comienzo lo comprobado documentalmente de las denuncias empresariales.
Está confirmado que ANSES modificó profundamente el régimen mediante la Resolución 970/2024, publicada el 17 de octubre de 2024. La norma derogó el régimen anterior y aprobó una nueva operatoria para el «Sistema de Descuentos no Obligatorios que se acuerden con Terceras Entidades».
Lo que todavía no permiten afirmar los documentos públicos consultados es que exista jurídicamente un monopolio ni que ANSES haya diseñado deliberadamente el sistema para beneficiar a una empresa determinada.
La diferencia no es menor.
Qué cambió ANSES
El sistema permite que jubilados y pensionados soliciten préstamos a determinadas mutuales y entidades y que posteriormente las cuotas sean descontadas directamente de sus haberes previsionales. ANSES continúa informando oficialmente sobre préstamos de mutuales y entidades que mantienen convenio con el organismo.
Para el prestamista tiene una característica particularmente valiosa: la cuota no depende exclusivamente de que el jubilado recuerde pagarla cada mes, porque el descuento se practica sobre el haber.
Eso reduce considerablemente el riesgo operativo de cobranza.
La Resolución 970 cambió las condiciones para participar.
ANSES justificó expresamente la incorporación de seguros de responsabilidad civil y caución argumentando que buscaba operadores con suficiente solvencia financiera y patrimonial y mayor seguridad jurídica y económica para los beneficiarios.
Pero precisamente allí comienza la controversia.
Las entidades que solicitan códigos para créditos y determinados servicios deben acreditar las pólizas requeridas y cumplir una extensa serie de condiciones documentales y administrativas. Las aseguradoras utilizadas también deben acreditar solvencia y cumplimiento de las relaciones técnicas exigidas por la Superintendencia de Seguros.
La lógica regulatoria puede resumirse así: ANSES buscó elevar la barrera de seguridad para entrar al sistema.
El problema económico es qué ocurre cuando esa barrera resulta proporcionalmente mucho más difícil de atravesar para una mutual pequeña que para un gran grupo financiero o mutualista.
La barrera de los $1.000 millones
Según fuentes del sector, uno de los mayores obstáculos sería la exigencia de garantías equivalentes a 3.000 jubilaciones mínimas, actualmente por encima de los $1.000 millones.
Para una organización de gran escala puede constituir un costo regulatorio.
Para una pequeña mutual del interior puede significar directamente la imposibilidad de participar.
Y aquí aparece una discusión que excede al crédito jubilatorio: una regulación puede tener una finalidad legítima de protección al consumidor y, simultáneamente, producir un efecto económico concentrador.
No hace falta prohibir la competencia.
Puede bastar con elevar suficientemente el costo de entrada.
De 432 jugadores a 35
Si se confirma sobre registros administrativos completos que el universo comparable pasó efectivamente de 432 a 35 entidades, el mercado habría sufrido una transformación extraordinaria.
Pero 35 empresas no constituyen automáticamente un monopolio.
Para determinar técnicamente el grado de concentración habría que conocer cuánto presta cada entidad, cuántos jubilados tiene cada una, qué proporción del volumen total concentran las principales cuatro u ocho y cómo evolucionaron esas participaciones desde la modificación normativa.
Sin esos datos no puede calcularse, por ejemplo, el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), una de las herramientas utilizadas para evaluar concentración económica.
Lo que sí puede afirmarse es que la cantidad de potenciales competidores habría caído más de 90%, una señal suficientemente fuerte para exigir transparencia sobre la distribución posterior del negocio.
Tres mutuales bajo la lupa
Fuentes del sector señalan particularmente a Asociación Mutual 7 de Agosto (AMSDA), Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) y Mutual Urquiza, vinculándolas con Red Mutual y señalándolas entre las entidades que habrían ganado peso en el nuevo esquema.
Información pública independiente permite verificar al menos parte de esa vinculación histórica: ya en 2009 Walter Grenón aparecía públicamente representando a Red Mutual y AMUS, mientras investigaciones y expedientes posteriores también documentaron relaciones entre Grenón, Red Mutual y Mutual Urquiza.
Una publicación reciente que reconstruyó el actual mercado también identifica a AMUS, AMSDA y Mutual Urquiza como integrantes de Red Mutual y señala que ofrecen ayudas económicas cuyo pago puede realizarse mediante descuentos sobre haberes.
Pero nuevamente aparece el dato que falta y que resulta fundamental: qué porcentaje exacto de los nuevos préstamos concentran esas tres mutuales.
Sin esa información puede hablarse de una alerta de concentración.
No todavía de un monopolio demostrado.
La tasa también selecciona quién puede prestar
Existe otra barrera menos visible.
La normativa establece límites sobre el Costo Financiero Total de los préstamos. La Resolución 970 dispone además que ANSES controle las operaciones y exige informar monto, número de cuotas, TNA, gastos, cuota social, impuestos, cargos y Costo Financiero Total Efectivo Anual. Los créditos pueden extenderse hasta un máximo de 40 cuotas.
Fuentes del sector sostienen que el techo vigente está vinculado a la línea previsional del Banco Nación y que esa referencia deja márgenes difíciles de sostener para pequeñas mutuales cuyo costo de fondeo es superior.
El argumento merece atención.
Un techo de tasas protege al jubilado frente a préstamos abusivos.
Pero si simultáneamente solo las organizaciones con acceso a financiamiento barato pueden prestar por debajo de ese límite, el mecanismo puede expulsar competidores.
El dilema regulatorio es evidente: evitar la usura sin construir involuntariamente un oligopolio.
El jubilado queda en el centro de un negocio particularmente atractivo
¿Por qué importa tanto quién controla estos códigos?
Porque no se trata de cualquier cliente.
Para una entidad financiera, prestar dinero siempre implica preguntarse si podrá recuperarlo. En los créditos descontados directamente del haber previsional, parte de ese riesgo disminuye porque existe un ingreso mensual previsional y un mecanismo administrativo de descuento.
ANSES establece además que cada entidad puede disponer de hasta tres códigos: uno para cuota social o sindical, otro para servicios y otro para operaciones crediticias. Los importes informados son posteriormente descontados de los haberes y transferidos a la cuenta declarada por la entidad.
El organismo limita formalmente su responsabilidad: administra el sistema de descuentos, pero establece que no asume responsabilidad por lo actuado entre beneficiarios y entidades.
Por eso controlar el acceso al código significa controlar una puerta privilegiada hacia millones de ingresos previsionales mensuales.
Quién gana
Si el mercado efectivamente se concentró como denuncian las fuentes sectoriales, los principales beneficiarios son las entidades que consiguieron superar las nuevas barreras regulatorias.
Tienen menos competidores potenciales, acceso a un universo cautivo en términos de mecanismo de cobranza y una estructura administrativa que dificulta la aparición de nuevos operadores.
Las organizaciones con mayor patrimonio y capacidad de fondeo también poseen una ventaja estructural frente a mutuales pequeñas.
ANSES puede argumentar, con fundamento, que un prestamista de jubilados debe demostrar solvencia.
Pero desde la política de competencia aparece la pregunta inversa: ¿cuánta solvencia debe exigirse antes de que la regulación termine seleccionando solamente a los más grandes?
Quién pierde
Las primeras perjudicadas son las mutuales y cooperativas que quedaron afuera.
Según fuentes sectoriales, muchas continúan cobrando créditos anteriores pero ya no pueden generar operaciones nuevas. En términos empresariales significa administrar una cartera que se extingue: cada préstamo que termina reduce ingresos y no puede reemplazarse por otro.
Después aparecen los jubilados.
Menos oferentes no significa necesariamente peores créditos: un régimen más estricto puede eliminar prestamistas insolventes o prácticas abusivas.
Pero cuando disminuye excesivamente la competencia aparece el riesgo contrario: menos alternativas, mayor dependencia de pocas organizaciones y menor capacidad del usuario para elegir.
Por eso la pregunta central no debería ser simplemente cuántas mutuales sobrevivieron.
Debería ser qué pasó con las tasas, los costos, el volumen prestado y la participación de mercado después de la reforma.
La contradicción política
El caso contiene además una paradoja para un gobierno que convirtió la desregulación y la competencia en parte central de su discurso económico.
Aquí ocurrió aparentemente lo contrario.
El Estado endureció las condiciones de entrada a un mercado y el número de operadores se desplomó.
Eso no demuestra por sí mismo favoritismo.
Pero obliga a explicar por qué una regulación destinada a mejorar la solvencia terminó acompañada por una reducción tan pronunciada de participantes y, sobre todo, quién absorbió el mercado abandonado por los que quedaron afuera.
Ese es el dato que ANSES debería publicar.
Cantidad de créditos otorgados por entidad. Montos. Tasas. Costo financiero. Beneficiarios. Rechazos de nuevas solicitudes. Participación de cada operador antes y después de octubre de 2024.
Con esa información podría determinarse si ocurrió una depuración prudencial o una concentración económicamente problemática.
Porque pasar de 432 prestamistas a 35 puede llamarse regulación. Pero si además una parte sustancial del negocio terminó concentrada en tres mutuales vinculadas entre sí, la discusión ya no es administrativa: es quién controla el crédito de los jubilados argentinos.
Melina Schweizer
