Melina Schweizer
Paola Di Chiaro conduce desde 2023 la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur y sigue figurando en el equipo de Argentina Global, organización que este año lanzó un programa junto con Chevening y la Embajada británica. El propio Reino Unido reconoce que Chevening construye redes de soft power para apoyar sus objetivos de política exterior. Diputados formuló seis preguntas concretas al Gobierno. Pablo Quirno la mantiene en el cargo mientras Argentina enfrenta a Londres por el petróleo de Sea Lion.
Paola Iris Di Chiaro no ocupa un despacho secundario de la administración pública. Desde el 28 de diciembre de 2023 conduce la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, uno de los espacios de mayor sensibilidad estratégica dentro de la Cancillería argentina. El Decreto 43/2024 no deja margen para interpretaciones: Javier Milei la designó formalmente en ese cargo y le otorgó además categoría protocolar de embajadora mientras permanezca en funciones. Casi tres años después, Di Chiaro sigue allí, ahora bajo la conducción política del canciller Pablo Quirno.
El problema no está en su nombramiento. Está en otra parte.
Mientras administra desde el Estado argentino la cuestión Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur, Di Chiaro continúa apareciendo en el equipo oficial de Fundación Argentina Global, organización que ayudó a crear. La página actual de la entidad la muestra inmediatamente después de su presidente, Fulvio Pompeo. Una publicación institucional del Observatorio Malvinas de la Legislatura de Río Negro, que relevó la información de la Fundación, reproduce además su identificación como “Miembro fundador – Tesorera”.
La distinción es importante. No estamos hablando de una funcionaria que pasó fugazmente por una organización años antes de ingresar al Gobierno. Argentina Global continúa exhibiendo a Di Chiaro como integrante de su equipo mientras ella conduce la política estatal argentina sobre la principal disputa territorial que el país mantiene con el Reino Unido.
Y durante 2026 esa misma fundación puso en marcha una iniciativa junto con instituciones oficiales británicas.
El 4 de agosto, Argentina Global anunció en su propia página la apertura del Future Leaders Programme Argentina, destinado a formar a “la próxima generación de líderes”. La organización fue explícita sobre quiénes impulsaban el programa: Fundación Argentina Global, Chevening Scholarships y la Embajada Británica. No lo afirmó un opositor ni surgió de una filtración. Lo publicó la propia entidad.
El 7 de septiembre se realizó el primer taller. Nuevamente, la propia Fundación informó que estaba organizado junto con Chevening Argentina, de la Embajada Británica, y dirigido a estudiantes avanzados y graduados recientes para formarlos en liderazgo, política exterior y asuntos globales.
Ahí comienza el conflicto institucional que Cancillería todavía tiene que explicar.
Chevening dice para qué existe
Reducir Chevening a “unas becas para estudiar en Inglaterra” sería esconder la parte más relevante del asunto.
Chevening es un programa oficial del Reino Unido financiado y utilizado por el Foreign, Commonwealth & Development Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Y es el propio programa el que explica cuáles son sus objetivos.
En su página oficial dedicada a las fellowships, Chevening señala que busca apoyar las prioridades de política exterior y alcanzar los objetivos del FCDO creando relaciones duraderas con futuros líderes, personas influyentes y tomadores de decisiones, vínculos que se convierten en lo que el propio Gobierno británico denomina “valuable soft power networks”: valiosas redes de poder blando. Chevening
No es una caracterización de InfoNegro.
No es una acusación kirchnerista.
No es una interpretación de especialistas argentinos.
Es el Estado británico explicando qué persigue mediante su propio programa.
El Parlamento británico ha sido todavía más transparente. En una respuesta oficial de 2019 sostuvo que las becas son una parte clave del soft power del Reino Unido porque crean relaciones positivas con futuros líderes, influenciadores y decisores y porque esas relaciones aumentan la influencia directa e indirecta británica en el exterior, favoreciendo además los objetivos diplomáticos, comerciales y de seguridad nacional.
En febrero de 2026 el propio Foreign Office volvió a explicarlo ante la Cámara de los Comunes: Chevening lleva más de cuarenta años construyendo relaciones con futuras generaciones de dirigentes, decisores y empresarios; alrededor del 15 % de sus exbecarios ocupa posiciones destacadas en gobiernos y esas redes ayudan al Reino Unido a fortalecer relaciones bilaterales, apoyar prioridades internacionales, facilitar acuerdos comerciales y acceder a actores clave.
Y existe todavía otro dato revelador. Ante una pregunta parlamentaria sobre Malasia, el Foreign Office informó en septiembre que la red de aproximadamente 2.000 exalumnos Chevening de ese país es “activamente gestionada” para servir a los intereses nacionales y británicos en sectores prioritarios.
Nada de esto convierte a un becario de Chevening en agente británico.
Sería absurdo afirmarlo.
Las becas internacionales, los intercambios académicos y las redes profesionales son instrumentos normales de las relaciones internacionales.
Precisamente por eso el problema argentino es mucho más específico: la funcionaria encargada de defender los intereses argentinos frente al Reino Unido en Malvinas permanece orgánicamente vinculada a una fundación que coopera con un instrumento que el propio Reino Unido reconoce como parte de su estrategia de influencia exterior.
La pregunta no es si Londres hace soft power.
Londres admite que lo hace.
La pregunta es qué controles aplica Buenos Aires.
Seis preguntas que llegaron formalmente al Congreso
El asunto dejó de ser una controversia mediática el 18 de agosto de 2026.
Ese día ingresaron en Diputados tres iniciativas distintas vinculadas con Argentina Global, Chevening y la Secretaría de Malvinas: el expediente 4048-D-2026, un pedido de informes sobre los vínculos entre la Secretaría, la Fundación y programas británicos; el 4083-D-2026, que expresa repudio y preocupación por Future Leaders; y el 4084-D-2026, otro pedido de informes específicamente referido al programa conjunto con Chevening, el Foreign Office y la Embajada del Reino Unido.
El 4084-D-2026 es particularmente importante porque permite abandonar cualquier especulación y leer exactamente qué le preguntaron los diputados al Poder Ejecutivo.
El proyecto, firmado por quince legisladores de Unión por la Patria y girado a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional, identifica a Di Chiaro como fundadora y miembro de Argentina Global y reclama seis respuestas.
Primero, cuál es su vinculación actual con Argentina Global mientras la Fundación realiza actividades conjuntamente con Chevening y la Embajada británica.
Segundo, si el Estado evaluó la posible existencia de un conflicto de intereses incompatible con la Ley de Ética Pública entre su cargo y la participación en programas coorganizados con organismos británicos.
Tercero, si existe algún tipo de intervención o influencia del Foreign Office o de la Embajada del Reino Unido dentro de la Secretaría de Malvinas.
Cuarto, si actualmente presta servicios en esa Secretaría personal formado por el Foreign Office.
Quinto, si el Foreign Office o la Embajada británica financiaron o financian actividades de Argentina Global o actividades en las que haya participado Di Chiaro.
Y sexto, si la funcionaria tuvo alguna relación laboral, contractual, profesional, institucional, académica, de asesoramiento, consultoría, representación o colaboración con el Foreign Office o la Embajada británica. Esas preguntas están escritas literalmente en el documento oficial presentado ante la Cámara. Rest HCDN
Son interrogantes muy distintos de afirmar que alguna de esas situaciones efectivamente ocurrió.
El Congreso pregunta porque no tiene las respuestas.
Y ese es precisamente el problema.
Quirno ya no puede considerar el asunto ajeno
Di Chiaro sobrevivió políticamente a Diana Mondino y Gerardo Werthein y continúa ahora bajo Pablo Quirno. El organigrama oficial de Cancillería mantiene a ambos dentro de la misma estructura: Quirno como ministro y Di Chiaro como secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur.
Por eso su continuidad dejó de ser solamente una cuestión personal.
Mantenerla constituye una decisión política de la conducción actual del Ministerio.
Quirno podría considerar que no existe incompatibilidad. Puede sostener que la actividad de Argentina Global se encuentra completamente separada de las funciones públicas de Di Chiaro. Puede existir una declaración de intereses, una excusación, un dictamen jurídico o algún mecanismo interno que descarte riesgos.
Pero, si existe, debe conocerse.
Porque desde agosto existen pedidos parlamentarios formales que preguntan precisamente eso.
Hay además otro elemento que acerca Argentina Global al entorno del propio canciller.
El 12 de septiembre, El Destape publicó que Pablo Quirno Jr., hijo del canciller, integraba desde al menos junio de 2021 el área de Comercio, Inversiones e Integración de Argentina Global y que su nombre y fotografía figuraban en la página de la organización. La información fue reproducida posteriormente por numerosos medios.
Dos días más tarde, REALPOLITIK informó que su imagen había sido retirada recientemente del staff.
La página actual de Argentina Global efectivamente mantiene visible un extenso equipo —Di Chiaro, Fulvio Pompeo, Laura Alonso, Marcos Peña, Marisa Bircher, Mariano Caucino, Horacio Reyser y muchos otros— pero Pablo Quirno Jr. ya no aparece.
Hay que marcar aquí un límite probatorio: sin una copia archivada completa del sitio que permita fechar cada modificación, InfoNegro no puede afirmar por cuenta propia por qué fue eliminado ni atribuir la modificación al escándalo. Sí puede establecer la secuencia documentada: el 12 de septiembre una investigación periodística mostró que figuraba en la Fundación; el 14 otro medio informó que su imagen había sido retirada; hoy su perfil no aparece en el equipo visible.
La participación de un hijo adulto en una fundación tampoco prueba intervención alguna de su padre.
Pero vuelve poco verosímil presentar a Argentina Global como una organización completamente remota del universo del canciller y refuerza una pregunta legítima: ¿qué conocía Quirno sobre el papel de Di Chiaro en la Fundación y sobre sus actividades con Chevening cuando decidió mantenerla al frente de Malvinas?
La paradoja de Sea Lion
Todo esto ocurre mientras Argentina atraviesa uno de los momentos de mayor tensión reciente con Londres alrededor de los recursos del Atlántico Sur.
El 28 de septiembre, el Gobierno argentino inició formalmente un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para intentar impedir la explotación hidrocarburífera del proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Es decir: la controversia dejó de limitarse al discurso político.
Ahora existe una estrategia jurídica internacional en marcha.
Cuatro días después ocurrió otro hecho significativo.
El 2 de octubre, Halliburton comunicó oficialmente que ni la empresa ni ninguna de sus subsidiarias realizará trabajos para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción hidrocarburífera alrededor de las Malvinas. La compañía reconoció además haber mantenido contactos con autoridades federales argentinas, que plantearon cuestiones relacionadas con consecuencias civiles, penales y regulatorias.
La Presidencia celebró públicamente la decisión y aseguró que fue resultado del trabajo conjunto de la Secretaría Legal y Técnica y la Cancillería.
Aquí aparece una contradicción política que Quirno debería explicar.
La Cancillería exhibe capacidad para presionar externamente a una multinacional hasta conseguir que se aparte de Sea Lion, pero no ha hecho pública una explicación igualmente clara sobre los mecanismos utilizados internamente para evitar un eventual conflicto de intereses en la propia Secretaría encargada de Malvinas.
No se trata de afirmar que ambas situaciones sean equivalentes.
Se trata de observar la diferencia de estándares.
Hacia afuera, firmeza.
Hacia adentro, silencio público sobre las preguntas formuladas por Diputados.
Argentina Global tampoco es una organización marginal
La dimensión de la Fundación merece otra precisión.
Su equipo actual reúne a figuras provenientes de distintos espacios del Estado, la política, la diplomacia y el sector privado. Entre quienes aparecen públicamente se encuentran Fulvio Pompeo, Di Chiaro, Laura Alonso, Marcos Peña, María Teresa Kralikas, Federico Barttfeld, Horacio Reyser y Mariano Caucino, entre otros.
Eso no convierte a sus integrantes en una “red británica”.
Tampoco significa que todos participen del Future Leaders Programme ni que compartan una misma posición respecto de Malvinas.
Confundir pertenencia institucional con subordinación extranjera sería una irresponsabilidad.
Pero demuestra que Argentina Global posee vínculos con personas que ocuparon y ocupan posiciones relevantes dentro del aparato estatal argentino. Por eso corresponde conocer con precisión cómo se gobierna la relación entre sus actividades privadas y las responsabilidades públicas de sus miembros.
Particularmente cuando una de ellas administra Malvinas.
Di Chiaro también administra Antártida
Otro error sería pensar que estamos discutiendo únicamente sobre las islas.
El cargo completo de Di Chiaro incluye Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur.
Esa combinación importa porque la proyección antártica argentina, el acceso logístico desde Tierra del Fuego, los recursos marítimos, Malvinas y el control estratégico del Atlántico Sur forman parte de un espacio geopolítico estrechamente relacionado.
Reino Unido también posee una presencia antártica histórica, mantiene una reivindicación territorial parcialmente superpuesta con la argentina y administra desde las Malvinas una posición estratégica extraordinaria sobre el Atlántico Sur.
Por eso el estándar de independencia institucional exigible a la persona que concentra esas competencias no puede ser el mismo que el de cualquier otro funcionario.
No porque dialogar con británicos constituya un pecado.
Todo lo contrario: la diplomacia existe precisamente para dialogar con Estados con los que existen disputas.
La diferencia reside en que una cosa es la relación diplomática oficial del Estado argentino y otra la pertenencia privada de quien conduce una política estratégica a una organización que desarrolla programas de formación conjuntamente con el aparato diplomático de la contraparte.
Esa frontera es la que debe explicarse.
Lo que esta investigación no demuestra
Los hechos verificados son suficientemente importantes como para no deformarlos.
Hasta hoy no existe evidencia pública de que Paola Di Chiaro haya entregado información reservada al Reino Unido.
No existe evidencia pública de espionaje.
No encontramos pruebas de que haya recibido personalmente dinero del Gobierno británico.
Tampoco está demostrado que haya favorecido deliberadamente al Reino Unido durante una negociación oficial.
Ni existe documentación que permita afirmar que Pablo Quirno la mantiene en su cargo con el propósito de beneficiar intereses británicos.
Esas serían acusaciones diferentes y exigirían pruebas diferentes.
Esta investigación no las realiza.
Lo que sí está documentado es otra cosa: Di Chiaro conduce Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; forma parte de Argentina Global; la Fundación realiza un programa con Chevening y la Embajada británica; el Reino Unido define Chevening como una herramienta para construir redes internacionales que favorecen sus objetivos de política exterior; y quince diputados nacionales pidieron formalmente saber cómo administra el Estado argentino esa situación.
Eso alcanza para exigir respuestas.
Las preguntas siguen sobre el escritorio de Quirno
El expediente 4084-D-2026 formuló seis preguntas muy sencillas.
¿Qué relación mantiene actualmente Di Chiaro con Argentina Global?
¿Cancillería evaluó un eventual conflicto de intereses?
¿Existe influencia británica dentro de su Secretaría?
¿Trabaja allí personal formado por el Foreign Office?
¿Existió financiamiento británico para la Fundación o para actividades de la funcionaria?
¿Di Chiaro mantuvo vínculos profesionales, académicos o institucionales con organismos británicos?
En la búsqueda realizada por InfoNegro hasta este 7 de octubre, no encontramos una respuesta pública de Cancillería que conteste integralmente esos seis puntos.
Mientras tanto, Di Chiaro sigue en funciones.
Argentina Global sigue mostrando a Di Chiaro entre sus integrantes.
Future Leaders sigue siendo presentado por la propia Fundación como una iniciativa conjunta con Chevening Argentina y la Embajada británica.
Y el propio Reino Unido sigue diciendo abiertamente para qué utiliza estas redes: crear relaciones con futuros dirigentes e influenciadores que ayuden a cumplir sus prioridades internacionales.
Pablo Quirno puede considerar todo eso compatible con la conducción argentina de Malvinas.
Pero entonces debe explicar por qué.
Porque el problema ya no consiste en determinar si Gran Bretaña utiliza el soft power para defender sus intereses. Londres jamás lo ocultó.
El problema es saber qué hace el Estado argentino para defender los propios cuando la funcionaria responsable de Malvinas es, al mismo tiempo, miembro fundadora y señalada como tesorera de una organización que coopera con ese dispositivo británico de influencia.
Y esa respuesta todavía no está a la vista.
Jorge R. Schweizer
Enzo Cabrera
