CONCHITA PRETA
La UCR avisó que no acompañará el artículo 111 del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla penas de 5 a 12 años por campañas de “desinformación masiva” vinculadas a intereses extranjeros. El rechazo obligó al Gobierno a mandar a María Ibarzábal al Congreso para negociar. Querían defender las islas y terminaron teniendo que explicar por qué hacía falta una cárcel para opiniones.
El Gobierno encontró una manera novedosa de recuperar Malvinas: primero había que controlar qué dice la gente sobre la Argentina continental.
El conflicto estalló alrededor del artículo 111 del proyecto impulsado por Santiago Caputo. La norma propone incorporar al Código Penal penas de entre cinco y doce años para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento extranjero, busquen alterar elecciones, promover violencia o sabotaje o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El problema está en esas últimas palabras. Porque determinar qué constituye una operación extranjera puede requerir pruebas. Determinar qué es “desinformación” cuando el poder político participa de la definición puede terminar requiriendo apenas un funcionario ofendido.
Los radicales avisaron que por ahí no pasan.
“No vamos a votar contra los periodistas”, plantearon desde la bancada que conduce Pamela Verasay. Y otro diputado directamente calificó el artículo 111 como “impasable”.
Todo un acontecimiento institucional: la UCR encontró una línea roja y esta vez no estaba dibujada con lápiz.
La rebelión tiene además aroma mendocino. Verasay y Lisandro Neri aparecen entre quienes encabezan el rechazo mientras Alfredo Cornejo mantiene su propia pelea con Milei porque la Casa Rosada no baja la eventual candidatura de Luis Petri a gobernador.
Nada demuestra que ambas cosas sean exactamente la misma negociación. Pero en la política argentina las convicciones suelen desarrollar una extraordinaria sensibilidad al calendario electoral.
Ante la falta de votos, Santiago Caputo y Martín Menem mandaron a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, a Diputados para conversar con los bloques dialoguistas.
La libertad avanzó hasta que hicieron las cuentas.
Ibarzábal se reunió con representantes libertarios, radicales, desarrollistas y del PRO. Y el problema ya no quedó limitado al artículo sobre desinformación. Entre los aliados también aparecieron cuestionamientos a otros puntos, incluido el referido al derribo de embarcaciones sin autorización del Congreso.
La épica de la soberanía empezó entonces a sufrir esa enfermedad crónica del oficialismo: el articulado.
Todo ocurre, además, mientras la Casa Rosada mantiene abiertas otras peleas con sus propios aliados por discapacidad, Presupuesto y el ajuste diseñado por Economía. Radicales, misioneros y salteños tienen votos que el Gobierno necesita, por lo que la capacidad de mandar proyectos y después preguntar quién los acompaña empieza a quedarse sin nafta.
El artículo 111 buscaba castigar operaciones extranjeras capaces de manipular la opinión pública. Sobre el papel puede sonar patriótico. El problema aparece cuando una figura penal tan delicada utiliza conceptos suficientemente amplios como para rozar el ejercicio de la libertad de expresión.
Y con un Presidente que mantiene una guerra verbal permanente con periodistas, economistas y críticos, entregar semejante herramienta exige bastante más que pedir confianza.
Por ahora, el oficialismo tuvo que aceptar que deberá negociar modificaciones.
Querían una ley para defender la soberanía de amenazas extranjeras.
La primera resistencia apareció en territorio radical.
Melina Orquidea
Juan OConnor
