Melina Schweizer
Buenos Aires, 2 de octubre de 2026. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció a funcionarios de Energía y representantes de Harbour Energy por las autorizaciones otorgadas a Southern Energy. La Justicia deberá determinar si el Gobierno benefició a una petrolera alcanzada por una inhabilitación vinculada con la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas.
La incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de un proyecto integrado por Harbour Energy abrió un nuevo frente judicial para el Gobierno. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó una denuncia penal contra funcionarios del área energética y representantes de la compañía británica, cuyo antecedente empresarial se encuentra ligado a Premier Oil, sancionada por operar sin autorización argentina en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas.
La denuncia fue sorteada el 29 de septiembre y quedó registrada como expediente CFP 4810/2026. Tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, subrogado por Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La causa se encuentra bajo reserva y en una etapa preliminar, por lo que todavía no existe procesamiento ni declaración judicial de responsabilidad contra las personas denunciadas.
Entre los señalados aparecen la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti; su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo; el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller; Harbour Energy Argentina y Tomás Lanardonne. La presentación menciona posibles delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.
La intervención de la Procuraduría le otorga una relevancia institucional particular: se trata del organismo especializado del Ministerio Público Fiscal encargado de investigar hechos de corrupción y posibles irregularidades cometidas por integrantes de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la presentación de una denuncia no significa que los delitos hayan sido comprobados. La fiscalía deberá definir ahora si impulsa la investigación y qué documentación reclama.
Una sanción por operar en Malvinas
El conflicto se remonta a la Resolución 481/2013, mediante la cual el Estado argentino inhabilitó por 15 años a Premier Oil para desarrollar actividades en el país. La sanción respondió a su participación en operaciones hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en áreas de la plataforma continental vinculadas con las Islas Malvinas.
En términos temporales, aquella inhabilitación debería extenderse hasta 2028. El problema jurídico que deberá esclarecerse es si Harbour Energy puede considerarse continuadora legal, económica y operativa de Premier Oil y, por lo tanto, si heredó también sus restricciones.
Premier Oil se fusionó con Chrysaor Holdings y posteriormente pasó a integrar Harbour Energy. Para quienes impulsaron las denuncias, el cambio de estructura y denominación no habría extinguido la sanción. El Gobierno, en cambio, tendrá que explicar qué evaluación realizó sobre esa continuidad societaria y si existió algún acto administrativo que levantara, modificara o considerara inaplicable la prohibición.
Ese punto es decisivo. No basta con afirmar que Harbour “es” Premier Oil ni alcanza con señalar que actualmente utiliza otro nombre. La investigación deberá reconstruir documentos de fusión, transferencias de activos, control societario, continuidad de operaciones y alcance preciso de la resolución sancionatoria.
Si la prohibición recaía exclusivamente sobre una persona jurídica determinada y no fue trasladada formalmente a su sucesora, el Gobierno podría argumentar que Harbour no estaba impedida de participar. Si, por el contrario, se acredita continuidad jurídica o una reorganización destinada a eludir la sanción, las autorizaciones estatales quedarían seriamente comprometidas.
El beneficio aprobado por Caputo
Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, consorcio encargado de desarrollar un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado. Los restantes accionistas son Pan American Energy, con el 40%; Pampa Energía, con el 20%; YPF, con otro 15%, y Golar LNG, con el 10%.
El 24 de abril de 2025, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 165, firmada por Tettamanti, que concedió a Southern Energy el certificado de libre exportación de GNL. La autorización comprende operaciones desde julio de 2027 hasta junio de 2057 y reconoce derechos de exportación continuos bajo las condiciones establecidas en la normativa energética.
Cinco días después, Luis Caputo firmó la Resolución 559/2025, que aprobó la incorporación de Southern Energy al RIGI como proyecto de exportación estratégica de largo plazo. La norma le concedió incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, además de aceptar una cláusula arbitral propuesta por la empresa y sus accionistas.
El proyecto contempla inversiones cercanas a los 6.900 millones de dólares durante su desarrollo. Su incorporación al régimen fue recomendada por el Comité Evaluador del RIGI, que afirmó haber analizado los antecedentes administrativos y los informes técnicos elaborados por las áreas competentes.
Precisamente allí aparece una de las preguntas que deberá responder la investigación: si esos antecedentes incluyeron la sanción aplicada a Premier Oil, qué organismo verificó la situación jurídica de Harbour y por qué se consideró que su participación no impedía conceder los beneficios.
La denuncia no cuestiona necesariamente la totalidad del proyecto ni las inversiones de los otros accionistas. El objeto central sería establecer si el Estado cumplió con su obligación de controlar a todos los integrantes del consorcio antes de entregar un régimen excepcional de estabilidad fiscal, acceso a divisas y facilidades para importar bienes.
Una contradicción dentro del discurso sobre Malvinas
El expediente aparece en un momento particularmente incómodo para el Gobierno. Javier Milei endureció durante las últimas semanas su discurso contra las empresas que intervienen en la explotación hidrocarburífera británica en Malvinas y anunció acciones para obstaculizar el proyecto Sea Lion.
Al mismo tiempo, una compañía señalada como continuadora de una petrolera sancionada por operar en las islas participa de uno de los proyectos energéticos más favorecidos por el esquema de incentivos creado por la administración libertaria.
La contradicción no demuestra por sí misma la existencia de un delito, pero exige una explicación política y administrativa. Si Harbour estaba legalmente habilitada, el Gobierno deberá exhibir los dictámenes que respaldaron esa conclusión. Si no existió esa revisión, la controversia dejará de ser exclusivamente diplomática para convertirse en un posible incumplimiento de los deberes de control.
El caso también alcanza a Caputo. Aunque la denuncia conocida se concentra en funcionarios de Energía y representantes empresariales, fue el ministro quien firmó la resolución que concedió formalmente el RIGI a Southern Energy. Por esa razón, la fiscalía podría solicitar el expediente completo, las actas del comité evaluador y las opiniones jurídicas que precedieron a la decisión.
El RIGI bajo sospecha durante la gira en París
La causa se conoció mientras Tettamanti integraba la delegación oficial que viajó a París para promocionar oportunidades de inversión en energía, minería e infraestructura. El Gobierno presentó el RIGI ante empresarios europeos como una garantía de previsibilidad y seguridad jurídica.
La denuncia introduce una dificultad exactamente sobre ese terreno. La seguridad jurídica no consiste solamente en proteger al inversor frente a futuros cambios regulatorios. También exige que el Estado aplique sus propias sanciones, examine los antecedentes empresariales y explique por qué concede beneficios extraordinarios.
Comodoro Py deberá establecer si se trató de una decisión administrativa respaldada por dictámenes válidos, una revisión deficiente o un beneficio concedido de manera irregular. Hasta entonces, la responsabilidad penal permanece abierta y debe respetarse la presunción de inocencia.
Pero el problema político ya está planteado: el Gobierno viajó a París para ofrecer reglas claras mientras la Justicia comenzó a investigar si, para Harbour, esas reglas fueron convenientemente olvidadas.
Melina Orquidea
Juan OConnor
