Milei echó a 30 mil terroristas: 29.785 todavía no se enteraron

Javier Milei aseguró que su Gobierno deportó a 30 mil “terroristas”. El problema es que Adorni informó al Congreso 215 investigaciones entre 2020 y 2025 y datos de la Procuración reducirían todavía más la cifra. Entre la épica presidencial y los expedientes falta una multitud. Para ser una invasión, vino bastante poca gente.

Javier Milei contó que durante su Gobierno fueron deportados 30 mil “terroristas”: diez mil un año y veinte mil al siguiente. Treinta mil. Una cantidad suficiente para llenar una cancha, fundar un municipio o poner cinco listas colectoras. El terrorismo internacional aparentemente había elegido Argentina como destino masivo y nadie se había dado cuenta hasta que el Presidente hizo la cuenta en televisión. La SIDE tampoco parece haber recibido el folleto turístico.

Entonces apareció Manuel Adorni con esa costumbre tan antipática de la administración pública llamada documentación. En su informe al Congreso consignó que las fuerzas federales tramitaron 215 investigaciones vinculadas al terrorismo entre 2020 y 2025. No durante el Gobierno de Milei: durante seis años. De esas 215, 184 estaban cerradas y apenas 31 continuaban en trámite. Milei encontró 30 mil. El Estado encontró 215 expedientes. Los otros 29.785 deben haber escapado por una falla del Excel.

La Procuración complica todavía más la superproducción. Los datos atribuidos a Eduardo Casal hablan de menos de cien causas relacionadas con figuras penales asociadas al terrorismo. Y legisladores de la Bicameral de Inteligencia aseguran que cuando el jefe de la SIDE se presentó ante ellos tampoco informó la existencia de un despliegue de organizaciones terroristas en Argentina. Es notable: teníamos 30 mil terroristas, los expulsamos a todos y nuestros espías se enteraron mirando la entrevista de Majul.

Cuando se baja de los 30 mil imaginados a los casos concretos, la película de espionaje empieza a parecer una tragicomedia de presupuesto municipal. Entre las investigaciones originadas por alertas del FBI aparecen menores de 16 y 14 años y hasta un chico de 12 años de Quilmes. En cinco de esos casos, según la información publicada, no encontraron armas, explosivos ni planes concretos de atentado. La guerra contra el terror terminó allanando dormitorios infantiles. Jack Bauer, pero con autorización de la mamá para entrar.

En uno de los procedimientos secuestraron tres alicates, una pinza, un tester, Fastix, buscapolos, relojes, cinta aisladora, una balanza de cocina, pilas, cables y minisoldadoras. El arsenal podía servir para fabricar un explosivo o para que venga el tío un domingo y arregle el ventilador. El joven terminó en libertad. Al Califato le faltaban explosivos, pero de electricidad domiciliaria venía bárbaro.

El caso del chico de 12 años directamente le arranca la gracia al disparate. Había difundido contenido de ISIS y pedido información en internet, pero las fuentes citadas describieron a un menor en situación vulnerable, con aislamiento social severo y sin comprensión de la dimensión política del material que consumía. Quedó bajo tutela estatal y seguimiento especializado. Convertir semejante cuadro en parte de una épica antiterrorista sería confundir seguridad nacional con una infancia que necesitaba ayuda. Cuando el enemigo del Estado cursa la primaria, quizá el problema no sea Al Qaeda.

Además, varios expedientes nacieron de alertas remitidas por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos. Después los organismos argentinos identificaban usuarios, rastreaban direcciones IP y realizaban las investigaciones correspondientes. El Gobierno que habla de soberanía recibió parte del radar desde Washington. Independencia nacional, ahora con soporte técnico en inglés.

Nada de esto significa que una alerta sobre terrorismo deba ignorarse. Significa exactamente lo contrario: una acusación semejante es demasiado grave para convertirla en cotillón discursivo. Si fueron deportadas 30 mil personas por terrorismo, deberían existir 30 mil identidades, procedimientos migratorios, resoluciones, destinos y registros capaces de demostrarlo. Treinta mil seres humanos dejan bastante más documentación que un pedido de empanadas.

Por ahora, lo que aparece públicamente es otra cosa: Milei dijo 30 mil; el informe presentado por Adorni habló de 215 investigaciones acumuladas desde 2020; la información atribuida a la Procuración arroja un universo todavía menor y la SIDE, según legisladores, no describió ninguna invasión terrorista operando en territorio nacional.

Tal vez aparezcan los papeles y el Presidente tenga razón. Mientras tanto, el Gobierno consiguió una hazaña que ni la inteligencia artificial pudo resolver todavía: deportar 30 mil terroristas con 29.785 desaparecidos de la contabilidad.

No fue una guerra contra el terror.

Fue una guerra contra la calculadora.