Rodolfo Gudino
Los comicios serán el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto. El presidente español busca romper el bloqueo parlamentario y movilizar a la izquierda, mientras las encuestas colocan al Partido Popular y a Vox con posibilidades concretas de formar gobierno.
Madrid, 5 de octubre de 2026. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes y convocó a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La decisión pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria y obliga a España a definir si mantiene una coalición progresista o se suma al avance de la derecha y la ultraderecha en Europa.
Sánchez comunicó la medida desde el Palacio de la Moncloa después de informar al rey Felipe VI. El adelanto se produce nueve meses antes de la finalización prevista de la legislatura y tras la derrota en el Congreso de dos decretos destinados a contener la crisis habitacional.
“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, afirmó el mandatario durante su declaración institucional.
El dirigente socialista presentó los comicios como una elección entre dos modelos. De un lado, ubicó la “ola ultraderechista” que avanza sobre derechos sociales, ambientales y laborales. Del otro, defendió una España convertida en “baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”.
“Ahora depende de vosotros y de vosotras”, sostuvo Sánchez al pedir una mayoría progresista más amplia que le permita superar el bloqueo legislativo y continuar con su programa de reformas.
La crisis de la vivienda precipitó el adelanto
El detonante inmediato fue la derrota parlamentaria que sufrió el Gobierno el viernes anterior. El Partido Popular, Vox y Junts unieron sus votos para rechazar dos decretos elaborados como respuesta a la emergencia habitacional y a las multitudinarias protestas que recorrieron España.
Las medidas contemplaban la suspensión de los desalojos de familias vulnerables hasta 2030, la extensión durante dos años de contratos con alquileres congelados y mayores restricciones para los alquileres turísticos y de corta duración.
El conflicto había escalado después del desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años expulsada de su vivienda de alquiler regulado en Madrid. El caso provocó indignación nacional, una acampada en la Puerta del Sol y manifestaciones en alrededor de 50 ciudades.
Unas 70.000 personas marcharon en Madrid para exigir soluciones frente al encarecimiento de los alquileres y la especulación inmobiliaria. En Valencia, la protesta terminó con represión policial, disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. También se registraron incidentes provocados por grupos ultraderechistas que intentaron acercarse a la concentración madrileña y realizaron saludos nazis.
La caída de los decretos demostró que el Ejecutivo había perdido capacidad para aprobar medidas sustantivas. El Gobierno de coalición contaba con 147 de los 350 diputados y dependía de acuerdos variables con partidos regionales e independentistas.
Junts, la formación catalana encabezada por Carles Puigdemont, había sido decisiva para la investidura de Sánchez, pero durante los últimos meses endureció sus condiciones y comenzó a votar junto con el bloque conservador. Su rechazo a las medidas de vivienda terminó de quebrar la mayoría que sostenía al Ejecutivo.
Una legislatura sostenida por acuerdos frágiles
Sánchez consiguió continuar al frente del Gobierno después de las elecciones de 2023 pese a que el Partido Popular fue la fuerza más votada. El socialista reunió una mayoría parlamentaria mediante acuerdos con Sumar, formaciones nacionalistas, partidos regionales e independentistas catalanes.
El pacto más conflictivo fue el alcanzado con Junts a cambio de una ley de amnistía para dirigentes y militantes procesados por el proceso independentista catalán de 2017. La medida provocó protestas impulsadas por la derecha y una extensa batalla judicial.
La alianza permitió la investidura, pero no garantizó estabilidad. Sánchez tuvo que negociar cada ley con fuerzas que mantienen intereses territoriales y proyectos políticos diferentes. El resultado fue una legislatura incapaz de aprobar sus propios presupuestos y sometida a bloqueos recurrentes.
El presidente español reconoció que su Gobierno no logró cumplir todos los objetivos planteados. Sin embargo, defendió las medidas adoptadas para fortalecer el Estado de bienestar, proteger derechos laborales y enfrentar crisis internacionales sin aceptar el incremento del gasto militar exigido por Estados Unidos dentro de la OTAN.
Sánchez reivindicó haber gobernado durante una época de “emergencias inéditas” y acusó a la oposición de carecer de sentido de Estado, bloquear políticas beneficiosas para la mayoría y cuestionar la legitimidad del sistema electoral.
También agradeció a las formaciones parlamentarias que acompañaron al Ejecutivo y a una sociedad que, según afirmó, “sacó lo mejor de sí misma en cada una de las crisis”.
PP y Vox llegan con ventaja
El adelanto representa una apuesta de alto riesgo. Las encuestas privadas colocan al Partido Popular como primera fuerza y muestran un crecimiento sostenido de Vox, que podría convertirse en socio indispensable para formar un nuevo Gobierno.
El último sondeo de 40dB sitúa al PP con el 31,6% de la intención de voto, al PSOE con el 27,4% y a Vox con el 18,4%. Sumar y Podemos aparecen debilitados y divididos. En conjunto, la derecha y la ultraderecha alcanzarían alrededor del 52%, frente al 35,7% de las fuerzas de izquierda.
Una proyección basada en distintos estudios ubica al PP y Vox cerca de los 199 diputados, muy por encima de los 176 necesarios para controlar la investidura. El escenario central otorgaría unos 137 escaños al PP, 107 al PSOE y 62 a Vox. No se trata de un resultado electoral, sino de una estimación sujeta a los cambios propios de la campaña.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece una fotografía diferente y todavía coloca al PSOE por delante, con un 31%, frente al 25,5% del PP y el 16,6% de Vox. La distancia entre mediciones confirma que España ingresa en una campaña abierta, polarizada y difícil de pronosticar.
En las elecciones se renovarán los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 bancas electivas del Senado. Los restantes 57 senadores son designados por los parlamentos autonómicos.
Vox ya impone condiciones al Partido Popular
El líder de Vox, Santiago Abascal, celebró el adelanto y anticipó las condiciones que pretende imponerle al PP para integrar un futuro Gobierno: “prioridad nacional”, desregulación económica y “remigración”.
La denominada remigración es una política impulsada por partidos ultraderechistas europeos para promover la expulsión masiva de personas migrantes, incluidas aquellas que cuentan con residencia legal. Vox presenta esa propuesta bajo la idea de revertir una supuesta “invasión migratoria”.
Abascal también sembró sospechas anticipadas sobre la transparencia del proceso electoral y llamó a votar presencialmente, pese a no presentar pruebas de posibles irregularidades. La estrategia reproduce los cuestionamientos al voto utilizados por Donald Trump y otras fuerzas ultraderechistas antes de elecciones cuyos resultados todavía no se conocen.
El crecimiento de Vox modifica la relación dentro del bloque conservador. Aunque el PP continúe como primera fuerza, podría necesitar a la ultraderecha para alcanzar la mayoría absoluta. Esa dependencia permitiría a Abascal exigir ministerios e imponer políticas más duras contra las personas migrantes, los derechos sexuales, las autonomías y las medidas ambientales.
Sánchez apuesta a movilizar a una izquierda fragmentada
La estrategia del presidente consiste en transformar los comicios en una decisión binaria entre la continuidad de los avances sociales y un Gobierno condicionado por Vox. Su principal desafío será reunir a una izquierda debilitada por sus divisiones y recuperar a sectores desencantados con el PSOE.
La vivienda ocupará un lugar central. En numerosas ciudades, los alquileres consumen prácticamente todos los ingresos de una persona joven. La expansión de los alojamientos turísticos, la concentración inmobiliaria y la escasez de vivienda pública transformaron el acceso a un hogar en una de las principales preocupaciones sociales.
Sánchez intentará responsabilizar al PP, Vox y Junts por haber bloqueado las medidas de emergencia. La oposición, por su parte, buscará convertir la elección en un juicio sobre la gestión socialista, los acuerdos con el independentismo y las causas de corrupción que afectaron a personas próximas al Gobierno.
El mandatario no adelanta los comicios desde una posición cómoda. Busca recuperar la iniciativa después de constatar que ya no dispone de una mayoría funcional en el Congreso. Para lograrlo deberá remontar una diferencia importante, reunificar al espacio progresista y convencer a quienes se abstuvieron o se alejaron de la coalición.
España votará el 29 de noviembre en medio de una crisis habitacional, una fuerte polarización y el avance de una ultraderecha que ya reclama expulsiones masivas y poder dentro del próximo Gobierno. Sánchez decidió jugarse la continuidad en las urnas. Lo que se definirá no será solamente quién ocupará la Moncloa, sino qué clase de país saldrá de ella.
GONZALO SCHWEIZER
