Tierra del Fuego en alerta: Milei abrió las importaciones y Mirgor avanza con 300 despidos

El intendente de Río Grande, Martín Perez, responsabilizó al Gobierno nacional por el deterioro industrial y cuestionó a las empresas que crecieron bajo el régimen fueguino. “Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad”, lanzó.

La crisis industrial de Tierra del Fuego volvió a encender las alarmas después de que el Grupo Mirgor comunicara su intención de avanzar con alrededor de 300 desvinculaciones en sus plantas de Río Grande. Frente al conflicto, el intendente Martín Perez apuntó contra la apertura importadora impulsada por Javier Milei, pero también reclamó responsabilidad a las empresas beneficiadas durante décadas por el régimen de promoción fueguino.

“Lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe”, sostuvo el jefe comunal.

El conflicto comenzó a escalar en julio, cuando la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande informó que la compañía pretendía reducir su personal en aproximadamente 300 puestos. Según explicó el secretario general de la seccional, Oscar Martínez, la primera etapa incluía trabajadores efectivos y empleados encuadrados bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua.

La empresa llegó a enviar telegramas de despido, pero la intervención de la autoridad laboral derivó en el dictado de una conciliación obligatoria que frenó temporalmente las cesantías y obligó a retrotraer la situación. Por eso, no puede afirmarse que los 300 trabajadores ya hayan sido despedidos: esa cifra corresponde al plan de desvinculaciones atribuido a Mirgor y denunciado por el gremio.

La diferencia no reduce la gravedad del escenario. La amenaza alcanza a centenares de familias y ocurre dentro de una industria que viene atravesando suspensiones, reducción de turnos, contratos discontinuos y pérdida de puestos laborales.

Milei eliminó el arancel para los celulares importados

Perez vinculó directamente la crisis con las medidas económicas del Gobierno nacional. “Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria. Desmantelan el trabajo fueguino”, afirmó.

La apertura denunciada por el intendente tiene una medida concreta detrás. Mediante el Decreto 333/2025, el Ejecutivo redujo inicialmente al 8% el derecho de importación extrazona para teléfonos celulares y estableció su eliminación completa desde el 15 de enero de 2026.

Desde esa fecha, los celulares y smartphones importados ingresan al país con arancel cero. El Gobierno presentó la decisión como una herramienta para aumentar la competencia, ampliar la oferta y reducir los precios tecnológicos. La disposición y su cronograma fueron confirmados por el Boletín Oficial.

Para Tierra del Fuego, donde la fabricación de productos electrónicos representa una parte central del empleo industrial, la medida significó una presión adicional. Las empresas locales deben competir con dispositivos terminados que llegan del exterior sin el arancel que antes protegía parcialmente la producción nacional.

“Abren importaciones por todos los canales imaginados como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores”, cuestionó Perez.

El intendente contrapuso esa política con las medidas proteccionistas adoptadas por distintas potencias económicas. “Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos”, sostuvo.

Mirgor también quedó bajo presión

La crítica de Perez no se limitó al Gobierno. El intendente reclamó que las compañías beneficiadas por la Ley 19.640 asuman el costo de la crisis antes de descargarlo sobre sus trabajadores.

“Las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores. ¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?”, preguntó.

Mirgor desarrolló buena parte de sus actividades dentro del régimen especial, que concede beneficios fiscales y aduaneros a las empresas radicadas en Tierra del Fuego. El grupo cuenta con plantas dedicadas a la fabricación y ensamblaje de productos electrónicos y componentes para la industria automotriz.

Perez reclamó que las compañías reduzcan primero sus márgenes antes de avanzar sobre el empleo. “La primera variable de ajuste deben ser sus ganancias y no los trabajadores”, afirmó.

El planteo expone las dos dimensiones del conflicto. La apertura importadora deteriora las condiciones de competencia de la industria fueguina, pero las decisiones sobre los despidos corresponden a las empresas. Responsabilizar exclusivamente a la Casa Rosada permitiría que las compañías eludan su obligación frente a trabajadores y comunidades que contribuyeron durante años a sostener su crecimiento.

Un golpe que se extiende por toda la ciudad

La industria electrónica ocupa un lugar decisivo en la economía de Río Grande. Cada despido no afecta solamente al trabajador directamente involucrado: repercute sobre el comercio, los alquileres, los servicios y la recaudación municipal.

La crisis de Mirgor se suma a una sucesión de conflictos laborales que profundizaron la incertidumbre en la provincia. Durante los últimos años se registraron suspensiones rotativas, reducción de planteles, eliminación de turnos y desvinculaciones en distintas compañías.

La combinación de caída del consumo, apertura importadora y reestructuración empresarial amenaza con desarmar parte del entramado productivo construido alrededor del régimen industrial. El peligro no consiste solamente en perder empleos actuales, sino también en que las plantas reduzcan progresivamente su actividad hasta transformarse en simples estructuras comerciales o logísticas para productos importados.

Tierra del Fuego enfrenta así una discusión más amplia: cómo mejorar la productividad y diversificar su economía sin destruir abruptamente la principal fuente de empleo privado de sus ciudades.

Perez prepara una alternativa para 2027

El intendente también aprovechó el conflicto para posicionar a Provincia Grande dentro del escenario electoral fueguino. Confirmó que su espacio competirá en 2027 en el ámbito provincial, municipal y legislativo, aunque todavía no definió si lo hará en soledad o dentro de una alianza.

“Provincia Grande va a ser alternativa el próximo año. En la provincia, en las tres ciudades y también en los ámbitos legislativos”, aseguró.

La afirmación se refiere a la participación de su fuerza política, no necesariamente a una candidatura personal. En julio, Perez había asegurado que no sería candidato “absolutamente a nada” en 2027 y que su prioridad era enfrentar la situación económica y social de Río Grande.

El jefe comunal marcó además diferencias con otros sectores del peronismo y cuestionó las alianzas construidas exclusivamente entre dirigentes. “La unidad que estamos construyendo es con todos los fueguinos, lejos de las alianzas de cúpulas que algunos pregonan”, expresó.

También relacionó esa disputa con el control del puerto de Ushuaia y con las posiciones adoptadas frente al Gobierno nacional. “Si algunos hacen negocios con el puerto en manos libertarias, eso es unidad de negocios, no unidad por Tierra del Fuego”, lanzó.

La crisis de Mirgor se convierte así en el primer gran campo de disputa para la campaña de 2027. Perez intenta construir una alternativa provincial enfrentada al modelo de Milei y diferenciada tanto del oficialismo fueguino como de otros sectores del peronismo.

Mientras se ordenan las candidaturas, centenares de trabajadores esperan una definición mucho más inmediata. La conciliación obligatoria detuvo temporalmente las cesantías, pero no resolvió el conflicto ni obligó a Mirgor a abandonar su plan de reducción.

El Gobierno abrió el mercado prometiendo productos más baratos. Las empresas respondieron protegiendo sus márgenes y ajustando planteles. En el medio quedaron los trabajadores fueguinos, obligados a pagar con sus empleos una competencia que se decidió en Buenos Aires y un recorte diseñado dentro de los directorios empresariales.

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    Rodolfo Gudino

    Abogado y Periodista

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