Melina Schweizer
Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra los responsables de fijar las tasas de Mercado Crédito. El escrito sostiene que la empresa explota la necesidad de personas excluidas del sistema bancario, aunque la Justicia todavía deberá determinar si las condiciones comerciales configuran el delito previsto en el artículo 175 bis.
Gabriel Solano denunció penalmente a los responsables de la política crediticia de Mercado Libre por la posible comisión del delito de usura. La presentación cuestiona los préstamos personales ofrecidos mediante Mercado Pago, cuyo Costo Financiero Total Efectivo Anual puede alcanzar el 1.375,94%.
El escrito fue presentado con el patrocinio de los abogados Eduardo Penello y Liliana Alaniz. Solicita identificar a las personas que decidieron, autorizaron o consintieron las tasas aplicadas por Mercado Crédito, determinar la cantidad de usuarios afectados y establecer si la empresa se aprovechó deliberadamente de su necesidad, inexperiencia o falta de alternativas financieras.
La denuncia no convierte a Mercado Libre ni a sus directivos en culpables. Tampoco implica todavía una imputación formal, un procesamiento o una condena. La fiscalía deberá decidir si abre una investigación, produce las pruebas solicitadas y encuentra elementos suficientes para atribuir responsabilidades individuales.
El costo máximo alcanza el 1.375,94%
La principal prueba aportada es una captura de la página oficial de Mercado Pago realizada el 10 de agosto. Allí se informaba para la línea de consumo y los préstamos personales una Tasa Nominal Anual de entre el 48% y el 249%.
La Tasa Efectiva Anual variaba entre el 60,12% y el 863,48%, mientras que el Costo Financiero Total Efectivo Anual se ubicaba entre el 76,36% y el 1.375,94%.
La diferencia entre esos indicadores es fundamental. La Tasa Nominal Anual expresa el interés básico sin representar completamente su capitalización. La Tasa Efectiva Anual incorpora ese efecto acumulativo. El Costo Financiero Total agrega impuestos, cargos, seguros y otros conceptos asociados al préstamo.
Por lo tanto, Mercado Pago no cobra el 1.375,94% a todos sus usuarios. Esa cifra corresponde al extremo máximo del costo total publicado para determinados perfiles y condiciones crediticias. La tasa concreta depende del monto, el plazo, la evaluación del solicitante y los cargos incorporados a cada operación.
El número, sin embargo, no es una estimación inventada por el denunciante. Surge de la información comercial que la propia plataforma exhibía para sus préstamos.
La acusación por usura
La denuncia se apoya en el artículo 175 bis del Código Penal. La norma sanciona a quien se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de una persona para obtener intereses o ventajas económicas evidentemente desproporcionadas.
La pena prevista es de uno a tres años de prisión y multa. La escala se agrava cuando el responsable actúa como prestamista usurario habitual.
Para que exista delito no alcanza con demostrar que una tasa es extremadamente elevada. La investigación también deberá probar que los responsables conocían y explotaban alguna de las condiciones de vulnerabilidad exigidas por la ley.
Ese será uno de los principales obstáculos jurídicos. Mercado Crédito funciona mediante un sistema masivo y automatizado. La fiscalía deberá determinar si el diseño del producto, los criterios para asignar tasas y el perfil de sus destinatarios permiten acreditar un aprovechamiento penalmente relevante, no solamente una relación comercial onerosa.
Solano sostiene que la plataforma se dirige especialmente a personas sin acceso al crédito bancario, con escaso historial financiero o que necesitan dinero para cubrir gastos cotidianos. Esa descripción puede constituir un indicio, pero deberá ser demostrada mediante usuarios concretos, contratos, bases de datos y decisiones empresariales identificables.
La denuncia no está dirigida formalmente contra Galperin
Aunque el Partido Obrero presentó públicamente la iniciativa como una denuncia contra Marcos Galperin, el escrito judicial tiene un alcance más preciso.
La acusación se dirige contra las personas humanas que, dentro de MercadoLibre SRL, hayan decidido, autorizado, ejecutado o tolerado conscientemente la política cuestionada. Menciona a integrantes del órgano de administración registrados en 2024, pero solicita que la Inspección General de Justicia confirme quiénes ocupaban esos cargos al momento de los hechos.
La presentación aclara que la simple condición de gerente o directivo no genera responsabilidad penal automática. Será necesario establecer quién fijaba las tasas y qué participación concreta tuvo cada persona.
Tampoco se acusa penalmente a MercadoLibre SRL como persona jurídica. El delito de usura no integra el listado de figuras por las que una empresa privada puede ser responsabilizada penalmente bajo la Ley 27.401. La eventual responsabilidad deberá atribuirse a individuos determinados.
La comparación con los bancos
El escrito compara el costo de Mercado Crédito con diferentes referencias del sistema financiero tradicional.
Según la presentación, la tasa activa del Banco Nación para determinadas operaciones se encontraba alrededor del 28% nominal anual. El Banco Central había fijado para julio un tope del 72,56% nominal anual aplicable a empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito.
El denunciante también incorporó un comprobante de un préstamo real del Banco Nación otorgado el 29 de julio con una tasa nominal anual del 30% y una efectiva del 34,49%. El destino era refinanciar una deuda de tarjeta de crédito.
Estas comparaciones muestran una diferencia considerable, pero no todos los productos son jurídicamente idénticos. El límite dispuesto para tarjetas no se aplica automáticamente a un préstamo personal de Mercado Crédito. La propia denuncia reconoce esa distinción y utiliza el porcentaje como referencia de mercado, no como un techo legal directamente infringido.
También deben considerarse las diferencias de riesgo, plazo, garantías, costos operativos y perfil de los clientes. El crédito ofrecido a una persona bancarizada y con ingresos verificables no posee necesariamente el mismo nivel de riesgo que un préstamo inmediato concedido sin las condiciones exigidas por una entidad tradicional.
La discusión judicial será si esas diferencias justifican el costo cobrado o si fueron utilizadas para imponer ventajas manifiestamente desproporcionadas.
Brasil cobra menos, pero la comparación tiene límites
La denuncia incorpora un contrato de Mercado Crédito en Brasil por 18.000 reales, pagaderos en doce cuotas. La operación tenía un interés del 45% anual y un costo efectivo total del 63,13%.
Al comparar ese contrato con el máximo argentino de 1.375,94%, la diferencia supera las 21 veces. El dato permite mostrar que una compañía del mismo grupo puede otorgar un crédito personal con un costo muy inferior en otro país.
Sin embargo, no demuestra que todos los préstamos de Mercado Crédito en Brasil tengan una tasa del 63,13% ni que todos los argentinos paguen el 1.375,94%. La comparación enfrenta una operación brasileña específica con el máximo publicado para Argentina.
También existen diferencias entre mercados, monedas, inflación, riesgo de incumplimiento, financiamiento y regulación. Brasil no impone un límite general del 12% anual a las entidades financieras. El propio escrito admite que ciertos créditos al consumo brasileños pueden alcanzar tasas mucho más elevadas.
La comparación aporta un indicio sobre las diferencias entre ambas filiales, pero será necesaria una muestra representativa de préstamos semejantes para afirmar que Mercado Libre cobra sistemáticamente veinte veces más en Argentina.
Mercado Pago está regulada, aunque no sea un banco
La plataforma aclara que Mercado Pago no es una entidad financiera autorizada bajo la Ley 21.526. Esa condición significa que no opera como un banco tradicional ni queda sometida exactamente a las mismas normas prudenciales y límites aplicables a esas entidades.
Pero no significa que funcione completamente fuera del control estatal. Los proveedores de servicios de pago y los proveedores no financieros de crédito deben registrarse, presentar información y cumplir normas de protección de usuarios establecidas por el Banco Central.
El BCRA mantiene registros específicos para esas compañías, recibe información sobre sus financiaciones y puede establecer obligaciones sobre transparencia, atención al usuario y funcionamiento de las cuentas de pago. El organismo define a los proveedores no financieros como empresas que ofrecen crédito habitualmente sin ser entidades bancarias.
El problema señalado por la denuncia es más específico. La regulación existente no impone a los préstamos personales de Mercado Crédito el mismo límite de tasas previsto para determinados productos bancarios o tarjetas emitidas por compañías no financieras.
Endeudamiento y clientes expulsados de la banca
Solano vincula las tasas con el deterioro económico de los hogares y la migración hacia billeteras virtuales. Según los datos citados, la morosidad familiar creció con fuerza y afecta especialmente a quienes toman préstamos fuera del sistema bancario tradicional.
La denuncia sostiene que la irregularidad de los créditos otorgados por billeteras virtuales alcanzó el 29,6% en mayo, frente al 12,3% registrado entre deudores bancarios. También afirma que millones de personas dejaron de operar exclusivamente con bancos y pasaron a depender de proveedores financieros digitales.
Estos datos pueden demostrar vulnerabilidad social y mayor riesgo crediticio, pero no prueban por sí solos un delito cometido por Mercado Libre. La fiscalía deberá determinar cuántos clientes recibieron las tasas máximas, cuáles eran sus condiciones económicas y qué información tuvieron antes de aceptar el préstamo.
La facilidad para obtener dinero desde el teléfono puede ampliar el acceso al crédito. También puede acelerar el endeudamiento de personas que no comprenden cuánto terminarán pagando o que aceptan condiciones extremas porque no encuentran otra alternativa.
Las pruebas solicitadas
Solano pidió que el Banco Central informe a qué controles está sometida Mercado Pago y si existe algún límite aplicable a sus tasas. También solicitó información a la Comisión Nacional de Valores, Defensa del Consumidor y la Inspección General de Justicia.
La denuncia reclama una pericia contable sobre las tasas efectivamente aplicadas durante el último año, la cantidad de operaciones celebradas en el tramo máximo, el rendimiento pagado a los usuarios por sus saldos y el número de deudores clasificados por edad, género y situación de mora.
También solicita identificar qué porcentaje de las personas endeudadas mantiene simultáneamente dinero depositado en Mercado Pago. La presentación sostiene que la plataforma remunera esos saldos a una tasa cercana al 17,5% nominal anual, mientras cobra por sus créditos tasas que pueden multiplicarla varias veces.
Estas medidas son centrales para superar el nivel de una comparación periodística. Solamente con los contratos reales, los perfiles crediticios y las decisiones internas podrá establecerse si existe un mecanismo sistemático de explotación económica.
Puede consultarse aquí la denuncia penal completa.
Una denuncia que expone un vacío regulatorio
Mercado Libre todavía no fue condenado ni se demostró que sus tasas configuren penalmente usura. Lo comprobado es que su plataforma publicaba un costo financiero total máximo superior al 1.300% anual y que ese valor se ofrece en un contexto de endeudamiento creciente y exclusión bancaria.
La Justicia deberá determinar si existe un delito. El Gobierno y el Banco Central ya deberían explicar por qué una empresa puede prestar dinero a costos de cuatro cifras mientras millones de familias recurren al crédito para completar ingresos que no alcanzan.
El debate excede a Mercado Pago. Cuando el acceso inmediato reemplaza a la capacidad real de pago y la necesidad se convierte en un parámetro para cobrar más, la inclusión financiera puede transformarse en una nueva forma de captura del salario.
La denuncia todavía debe atravesar todas las etapas judiciales. Las tasas, en cambio, ya fueron publicadas y ofrecidas. Ese es el dato que ninguna discusión procesal puede borrar.
Rodolfo Gudino
