Juan OConnor
Esta semana, todos los diarios salieron con lo mismo. Tapas, entrevistas, casos conmovedores. El lobby por la eutanasia no empezó ayer: hay al menos cinco proyectos en el Congreso desde 2021, algunos con media sanción virtual y cero tratamiento. ¿Qué cambió? El dinero. Organizaciones internacionales, fundaciones con sede en Suiza y Estados Unidos, y think tanks alineados con la agenda de la «muerte digna» vienen financiando campañas mediáticas, asesorando a legisladores y pagando publicidad para instalar el tema. La pregunta no es si es un derecho. Es quién quiere que se apruebe ahora. Y por qué.
Una semana antes de que todos los diarios llenaran sus tapas con el caso de Noelia Castillo Ramos, la joven española que accedió a la eutanasia en Barcelona, algo pasó en las oficinas de los grandes medios. No fue una casualidad editorial. Fue una operación coordinada. Las notas empezaron a llegar a los periodistas desde las mismas fuentes: activistas de la «muerte digna», médicos con llegada a los estudios de televisión, legisladores que de repente encontraron en el caso español la excusa perfecta para volver a presentar proyectos que llevaban años durmiendo en los cajones.
El lobby que paga
En Argentina, la eutanasia tiene una deuda pendiente. En 2012 se aprobó la Ley de Muerte Digna, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida . Pero la eutanasia activa —la asistencia médica para morir— nunca pasó. Hay al menos cinco proyectos de ley presentados desde 2021 . Alfredo Cornejo (UCR) viene con el suyo desde ese año. Miguel Ángel Pichetto (Coalición Federal) presentó otro en junio de 2024. Un bloque de 14 diputados de Unión por la Patria, encabezados por Carolina Gaillard, tiene el suyo. También hay iniciativas del PRO y la UCR firmadas por Jimena Latorre, Margarita Stolbizer, Karina Banfi y Laura Rodríguez Machado .
Ninguno llegó al recinto. ¿Por qué ahora? Porque detrás de los proyectos hay una maquinaria que se activó. Organizaciones como la Fundación Derecho a Morir Dignamente, con sede en Buenos Aires y conexiones internacionales con la World Federation of Right to Die Societies (con sede en Suiza), vienen financiando campañas en medios, asesorando a legisladores y pagando publicidad en redes .
El diputado Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, lo dijo sin vueltas en octubre pasado: «La eutanasia tiene lobby muy fuerte en contra de grupos religiosos, como los católicos, evangélicos y de judíos ortodoxos» . Pero también la tiene a favor. Y ese lobby a favor tiene chequera.
La plata que no se ve
En 2023, un estudio del Conicet encuestó a 745 profesionales de la salud que atienden a pacientes graves. El 45% recibió pedidos de información sobre eutanasia por parte de pacientes. El 53% por parte de familiares . El 80% de los médicos encuestados está a favor de legislar . El dato no es menor: el lobby no solo opera en los medios, también opera en las facultades de medicina, en los congresos científicos, en las publicaciones especializadas.
Pero los congresos cuestan. Las publicaciones cuestan. Las campañas en medios cuestan. La pregunta es quién pone la plata. En Estados Unidos, organizaciones como Compassion & Choices gastaron millones de dólares en campañas para legalizar la muerte asistida en California, Colorado, Washington DC. En Argentina, las cuentas no son públicas, pero los resultados sí: esta semana, todos los diarios publicaron notas sobre eutanasia al mismo tiempo.
La excusa perfecta
El caso de Noelia Castillo Ramos fue el detonante. Una joven de 25 años que sufrió una agresión sexual múltiple, intentó suicidarse y quedó con dolores crónicos e inmovilidad. Su padre intentó frenar la eutanasia, pero la justicia española avaló su derecho a decidir. Murió el 26 de marzo. Conmovedor, insisto.
Pero España tiene una ley de eutanasia desde 2021. El caso de Noelia fue un desenlace dentro de un marco legal que ya existía. No es una novedad legislativa. ¿Por qué entonces la prensa argentina lo cubre como si fuera un parteaguas? Porque el lobby necesita historias. Necesita rostros. Necesita que los periodistas tengan algo que mostrar antes de que los proyectos lleguen al recinto.
La estrategia: primero los medios, después el Congreso
El plan es el mismo que se usó con la legalización del aborto. Primero se instala el tema en los medios. Se buscan casos conmovedores, se llenan las tapas, se crea la ilusión de que la sociedad ya está de acuerdo. Una encuesta del Observatorio Pulsar.UBA de junio pasado mostró que el 77% de los argentinos está de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas . El dato no es inocente: es el resultado de años de trabajo mediático.
Después, cuando la opinión pública ya está «educada», se lleva el tema al Congreso. Los proyectos que antes no se trataban de repente adquieren urgencia. Los legisladores que antes no se animaban ahora encuentran respaldo. Y el lobby, que pagó todo el operativo, se sienta a esperar el resultado.
El problema de fondo
El diputado Yedlin, que es médico, puso el dedo en la llaga: «La eutanasia no soluciona la falta de cuidados paliativos. Una cosa debería venir de la mano de la otra. Sin esto garantizado, desde lo ético es muy complicado» . Y agregó un dato clave: el gobierno nacional «achica» el presupuesto en áreas de salud, cierra organismos como el Instituto del Cáncer, y deja todo en mano de las provincias o privatiza .
En otras palabras: mientras el lobby empuja la eutanasia como un «derecho», el Estado desfinancia los cuidados paliativos. La combinación es peligrosa. Porque cuando la muerte asistida se convierte en la única opción para quienes no pueden pagar un tratamiento, deja de ser un derecho para convertirse en una solución de bajo costo.
La pregunta que O’Connor deja flotando
¿Quién paga los viajes de los activistas a congresos internacionales? ¿Quién financia los estudios de opinión que muestran que la sociedad está de acuerdo? ¿Quién pone la plata para que todos los diarios hablen de eutanasia al mismo tiempo?
No se trata de estar en contra. Se trata de preguntarse por qué aparece ahora, de dónde viene el impulso, y qué intereses se juegan en la discusión. Porque en este país, cuando todos los medios hablan de lo mismo al mismo tiempo, alguien está moviendo los hilos. Y ese alguien, generalmente, no trabaja gratis.
Expediente O’Connor: caso abierto.
CONCHITA PRETA
REDACCIÓN
