REDACCIÓN
La denuncia fue realizada el 8 de abril de 2026 por el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Apuntan contra la Guardia de Auxilio por aplicar desalojos administrativos cuestionados.
La denuncia por el intento de desalojo de 23 familias en México 764, en la Ciudad de Buenos Aires, suma nuevos elementos que profundizan la preocupación sobre el uso de mecanismos administrativos para expulsar a personas sin intervención judicial.
Según la ingeniera María Eva Koutsovitis, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el operativo se intentó llevar adelante mediante un acta de la Guardia de Auxilio “sin contenido legal suficiente” y sin orden judicial, lo que —según denuncian— vulnera garantías básicas.
Un patrón denunciado: desalojos administrativos
El caso se inscribe en una modalidad que organizaciones sociales vienen denunciando desde hace años: el uso de la Guardia de Auxilio para ejecutar desalojos bajo argumentos de riesgo estructural.
Normativas del propio Gobierno porteño establecen que, ante situaciones de peligro edilicio, se pueden dictar clausuras que implican el desalojo inmediato, incluso con intervención de la fuerza pública.
Sin embargo, especialistas en derecho urbano advierten que:
- estas medidas no reemplazan el debido proceso judicial
- no garantizan defensa legal adecuada
- y muchas veces se aplican sin ofrecer soluciones habitacionales
Denuncias de violencia institucional
Desde el Observatorio y otros espacios se habla de un posible esquema sistemático. En distintas intervenciones públicas, Koutsovitis denunció la existencia de un “plan de violencia institucional” vinculado a desalojos en sectores vulnerables.
Además, en el caso puntual de México 764, se reportaron restricciones al acceso de abogados y prensa durante el operativo, lo que agrava las denuncias sobre falta de transparencia.
El trasfondo: crisis habitacional
El conflicto ocurre en un contexto estructural:
- aumento sostenido de alquileres
- caída del poder adquisitivo
- déficit habitacional en crecimiento
En este escenario, organizaciones sociales sostienen que los desalojos sin alternativa profundizan la exclusión y empujan a más personas a la informalidad o la calle.
Un debate abierto
Hasta el momento, no hubo una respuesta pública detallada del gobierno porteño sobre este caso específico. Sin embargo, la discusión vuelve a instalar un eje central en la Ciudad: el límite entre la seguridad edilicia y el derecho a la vivienda.
El caso de México 764 no solo pone en tensión un procedimiento puntual: expone una disputa más profunda sobre cómo se gestiona la ciudad y quiénes pueden permanecer en ella.
Melina Schweizer
