Melina Schweizer
El 6 de abril de 2026, el oficialismo impulsa su primera ley “reformista” en el Senado.
El debate medirá el respaldo de aliados en plena crisis política.
Escándalos recientes debilitan el control del Gobierno sobre la agenda legislativa.
Un intento por recuperar la iniciativa política
En medio de una seguidilla de escándalos que golpean al Gobierno, La Libertad Avanza busca retomar el control de la agenda con el envío de su primera ley “reformista” al Senado.
El proyecto será defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y su tratamiento marcará un punto de inflexión: permitirá medir si el oficialismo aún conserva el respaldo de sus aliados en el Congreso.
La jugada no es casual. Llega en un momento donde la capacidad de conducción política del Ejecutivo está en discusión.
El Senado como termómetro del poder
El debate en comisión y el eventual tratamiento en el recinto no solo giran en torno al contenido de la ley.
Funcionan como un test político.
El oficialismo necesita saber si bloques clave —como la UCR y sectores del PRO— siguen acompañando sus iniciativas o si comienzan a tomar distancia en un contexto de desgaste.
El Senado, en este escenario, se convierte en el principal indicador de estabilidad.
El proyecto: propiedad, regulación y reforma
La iniciativa forma parte del paquete de reformas anunciado por el presidente Javier Milei al inicio del período legislativo.
Entre sus ejes principales, incluye modificaciones en:
- Ley de expropiaciones
- Régimen de tierras
- Normativas sobre manejo del fuego
El objetivo declarado es “fortalecer la propiedad privada”, uno de los pilares del discurso libertario.
Un contexto adverso que condiciona el debate
El avance legislativo se produce en un clima complejo para el oficialismo.
En las últimas semanas, el Gobierno quedó envuelto en múltiples controversias:
- El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni
- La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA
- La polémica por créditos del Banco Nación a funcionarios
Esta acumulación de conflictos impactó directamente en la capacidad del Gobierno para ordenar la agenda pública.
De la ofensiva política al repliegue
Hasta principios de marzo, el oficialismo mostraba un escenario favorable:
- Avance de reformas clave
- Recuperación del vínculo con gobernadores
- Sanción de iniciativas estratégicas
Sin embargo, la irrupción de los escándalos generó un freno abrupto.
El Congreso entró en una especie de pausa, mientras el Gobierno intentaba contener el impacto político.
La estrategia: negociar y sostener apoyos
Para evitar una ruptura en sus alianzas, el oficialismo comenzó a mover otras piezas en paralelo:
- Envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales
- Impulso a proyectos de bloques aliados
- Apertura a iniciativas de sectores dialoguistas
Estas decisiones buscan mantener cohesionada una mayoría que no es propia, sino construida.
El rol de los gobernadores
Los gobernadores vuelven a ser actores clave.
Su respaldo fue determinante en votaciones anteriores y ahora vuelve a estar en juego.
En particular, proyectos vinculados a recursos naturales o economías regionales pueden inclinar la balanza.
El Gobierno necesita sostener ese vínculo para evitar derrotas legislativas.
Gobernabilidad sin mayoría propia
El caso refleja una dificultad clásica de los gobiernos sin mayoría parlamentaria:
Cada ley requiere negociación.
Cada voto cuenta.
Y cada crisis política debilita la capacidad de construir consensos.
Una votación que define más que una ley
El debate en el Senado no solo pondrá a prueba una iniciativa legislativa.
Será una evaluación directa del poder real del Gobierno en el Congreso.
En un contexto de desgaste, el oficialismo necesita mostrar que todavía puede construir mayorías.
Porque cuando un gobierno pierde la capacidad de imponer agenda, empieza a jugar a la defensiva.
Y en política, defenderse rara vez alcanza para gobernar.
