CONCHITA PRETA
Periodistas acreditados de El Destape no pudieron ingresar a Casa Rosada por “huellas inhabilitadas”. El Gobierno justificó la medida con una denuncia sin pruebas sobre supuesto financiamiento ruso. Sin causa judicial ni verificación, la Casa Rosada pasó de sala de prensa a filtro político.
La pregunta no es técnica, no es administrativa, no es de protocolo, la pregunta es política y es brutalmente simple: ¿a quién dejan entrar a la Casa Rosada y a quién no?, ¿qué periodista pasa el molinete y cuál se queda del otro lado?, ¿qué medio tiene acceso y cuál queda marcado?, porque lo que pasó este lunes no es un incidente aislado ni un problema de sistema biométrico, es la puesta en práctica de un criterio que redefine en tiempo real quién puede ejercer el periodismo dentro del Estado y bajo qué condiciones.
Jonathan Heguier y Javier Slucki, periodistas acreditados de El Destape, no pudieron ingresar a la Casa Rosada, no porque hayan perdido la acreditación, no porque exista una sanción judicial, no porque haya una norma nueva publicada en el Boletín Oficial, sino porque su huella estaba inhabilitada, porque alguien decidió que no entren, y esa decisión no fue explicada con un criterio claro, fue justificada con una sospecha, con una narrativa importada, con un argumento tan endeble que ni quienes lo difundieron pueden sostenerlo sin matices.
Entonces la escena deja de ser un caso y pasa a ser un sistema, porque si hoy el problema es El Destape, mañana puede ser cualquier otro medio que incomode, cualquier periodista que pregunte de más, cualquier cobertura que no encaje en el relato oficial, y ahí aparece la pregunta central que incomoda más que cualquier denuncia: ¿cuál es el criterio?, ¿qué define quién entra y quién no?, ¿la acreditación o la línea editorial?, ¿la trayectoria profesional o la incomodidad política?, ¿la norma o la discrecionalidad?
La respuesta, aunque no la quieran escribir, empieza a insinuarse sola: Acceso = afinidad − crítica, y cuando esa ecuación empieza a funcionar, la Casa Rosada deja de ser un espacio público para convertirse en un filtro, en un lugar donde la información no circula libremente sino que se administra, se selecciona, se ordena según conveniencia.
El argumento oficial, esa supuesta trama de financiamiento ruso, funciona más como excusa que como fundamento, porque no hay denuncia judicial, no hay pruebas concluyentes, no hay investigación que sostenga la medida, lo que hay es una decisión tomada sobre la base de una sospecha no verificada, y eso es lo que vuelve todo más grave, porque no se trata de un error, se trata de un criterio, de una forma de actuar donde primero se restringe y después, si hace falta, se explica.
Y en ese punto la discusión ya no es sobre un medio específico, es sobre la libertad de prensa en términos concretos, no como consigna sino como práctica, porque la libertad no se mide en discursos sino en accesos, en condiciones reales, en la posibilidad efectiva de estar, de preguntar, de cubrir, y cuando esa posibilidad depende de una lista, de una orden, de una decisión administrativa sin respaldo institucional, lo que está en juego no es un periodista, es el sistema completo.
Mientras tanto, en la puerta de la Casa Rosada, la escena se repite como si fuera normal, periodistas esperando, funcionarios con listas, ingresos habilitados para algunos, bloqueados para otros, un mecanismo que no necesita ser formalizado para ser efectivo, porque funciona igual, porque alcanza con que exista, con que se aplique, con que marque un límite.
Entonces la pregunta vuelve, más insistente, más incómoda, más necesaria: ¿quién decide?, ¿con qué criterio?, ¿hasta dónde?, porque si el acceso a la información pública empieza a depender de esas respuestas, la libertad de prensa deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión.
Y cuando la información se convierte en concesión, ya no hay demasiadas vueltas que darle.
Viste que la casta siempre fuimos nosotros, debes de darte cuenta.
