Melina Schweizer
A 30 años del asesinato de José Delfín Acosta Martínez, la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigue sin traducirse plenamente en políticas efectivas en Argentina. La violencia policial racializada persiste mientras la memoria es sostenida, una vez más, por quienes resisten.
Hay nombres que no pertenecen al pasado porque el presente insiste en repetirlos, y José Delfín Acosta Martínez es uno de esos nombres que vuelven no como recuerdo, sino como denuncia abierta, como herida que no cierra, como evidencia de que el racismo en Argentina no es una anomalía sino una estructura que se actualiza, se adapta y se protege a sí misma con una eficacia que incomoda a quienes todavía prefieren pensarlo como excepción.
La madrugada del 5 de abril de 1996 no fue un exceso policial ni un error administrativo, fue un acto atravesado por una lógica racial que habilita la sospecha sobre ciertos cuerpos antes incluso de que exista un hecho, porque José Delfín fue detenido sin causa en San Telmo bajo la presunción —tan habitual como invisible— de que su presencia debía ser explicada, controlada o neutralizada, y ese gesto inicial, que el discurso institucional intenta banalizar, es el punto de partida de una cadena de violencias que culmina en su muerte bajo custodia estatal.
La secuencia es conocida, pero no por eso menos brutal: detención arbitraria, traslado a una comisaría, golpes, vejaciones y una muerte que el Estado intentó narrar de múltiples formas para diluir su responsabilidad, primero como crisis epiléptica inexistente, luego como autolesión improbable, hasta que las autopsias realizadas en Uruguay desarmaron definitivamente esa arquitectura de encubrimiento al confirmar que la causa de muerte fueron los golpes recibidos, dejando al descubierto no solo la violencia física, sino también la violencia institucional de un sistema que opera para protegerse a sí mismo.
Pero lo que vuelve estructural este caso no es solo el crimen, sino lo que ocurre después, porque la historia de José Delfín es también la historia de un expediente archivado dos veces, de una familia hostigada, de amenazas, de un entramado judicial que no falla por omisión sino que funciona selectivamente, produciendo impunidad cuando la víctima pertenece a un cuerpo históricamente racializado, como si el acceso a la justicia también estuviera condicionado por el color de la piel.
Por eso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 no es solo un fallo jurídico, sino una intervención política que nombra lo que el Estado argentino no quiso nombrar durante décadas: que hubo discriminación racial, que hubo violencia institucional y que hubo una investigación atravesada por prejuicios, estableciendo con claridad que se violaron derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y las garantías judiciales, y, lo que es aún más contundente, que el racismo no fue un factor secundario sino constitutivo de todo el proceso.
Sin embargo, el reconocimiento internacional no clausura el problema, apenas lo expone con mayor nitidez, porque la distancia entre la condena y su cumplimiento revela una constante en las políticas públicas argentinas: la capacidad de asumir responsabilidades en el plano discursivo sin transformar de manera efectiva las prácticas que producen esas violencias, de modo que las medidas de reparación, capacitación y garantía de no repetición exigidas por el fallo se vuelven, muchas veces, enunciados formales que no logran desarticular las lógicas profundas de las fuerzas de seguridad ni las matrices raciales que las sostienen.
A treinta años, la pregunta ya no es qué pasó —porque eso está documentado, probado y reconocido— sino qué cambió, y la respuesta, si se la mira sin concesiones, resulta incómoda, porque los casos de violencia policial hacia personas afrodescendientes, migrantes y sectores populares continúan emergiendo, mostrando que el problema no reside en la ausencia de normativa, sino en la persistencia de prácticas institucionales que reproducen perfiles raciales, habilitan detenciones arbitrarias y naturalizan la sospecha sobre determinados cuerpos.
Recuerdo —porque la memoria no puede ser abstracta— la escena de una convocatoria en Parque Lezama, donde familiares, activistas y organizaciones se reúnen no solo para recordar, sino para insistir, para sostener una verdad que el Estado tardó décadas en reconocer y que todavía no termina de asumir en sus consecuencias, y en esa reunión hay algo más que homenaje: hay una pedagogía de la memoria que se construye desde abajo, desde quienes no pueden permitirse olvidar porque el olvido es otra forma de violencia.
Desde una perspectiva afrofeminista, este caso no puede leerse de manera aislada, porque forma parte de una trama más amplia donde el racismo estructural define quién es considerado sospechoso, quién es detenido sin causa, quién es violentado bajo custodia y quién encuentra —o no— justicia, evidenciando que la igualdad formal ante la ley convive con desigualdades materiales que organizan la vida y la muerte de manera diferencial.
No alcanza, entonces, con conmemorar ni con reconocer, porque la memoria sin transformación corre el riesgo de convertirse en un ritual vacío, y en este punto la insistencia de la familia Acosta Martínez resulta central: recordar no es un gesto simbólico, es una herramienta política que exige revisar prácticas, desmontar estructuras y asumir que el racismo no es un problema del pasado, sino una tecnología de poder que sigue operando en el presente.
Si algo nos deja este aniversario no es solo la obligación de recordar a José Delfín, sino la urgencia de preguntarnos qué hacemos con esa memoria, porque si el racismo sigue matando —y sigue matando— entonces no estamos frente a una deuda saldada, sino ante una continuidad que interpela no solo al Estado, sino a toda una sociedad que todavía no termina de reconocer la profundidad de su propia matriz racial.
Y ahí, en esa incomodidad, es donde la memoria deja de ser pasado y se convierte en disputa.
