REDACCIÓN
El 6 de abril de 2026, el Gobierno analiza reabrir negociaciones con jueces federales.
Busca acordar una “paz judicial” en medio de causas que golpean a Milei y su entorno.
El conflicto incluye la Corte Suprema, la Procuración y el control del poder judicial.
Una ofensiva judicial que cambia el escenario
La acumulación de causas sensibles y el avance de investigaciones en los tribunales federales encendieron una alarma en la Casa Rosada.
En ese contexto, el Gobierno de Javier Milei comenzó a evaluar la posibilidad de abrir una negociación con jueces de Comodoro Py para alcanzar una “paz judicial” que permita descomprimir la presión institucional.
La discusión no es menor: involucra la Corte Suprema, la Procuración General y el equilibrio de poder dentro del sistema judicial.
Los jueces que mueven el tablero
El foco está puesto en un grupo de magistrados federales con fuerte peso en causas de alto impacto político:
- Mariano Borinsky
- Ariel Lijo
- Marcelo Martínez de Giorgi
- María Servini
Según distintas lecturas dentro del propio sistema judicial, estos jueces habrían intensificado el movimiento de expedientes que involucran al oficialismo tras tensiones con el Gobierno.
El origen del conflicto: designaciones y poder
Uno de los puntos de quiebre fue la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, una decisión que no habría sido bien recibida en sectores de Comodoro Py.
El trasfondo es claro: la disputa por los nombramientos en la Corte Suprema y la Procuración General.
Estos cargos no solo definen el rumbo institucional.
Definen poder.
Causas sensibles que presionan al Gobierno
El avance judicial se da en paralelo a una serie de investigaciones que impactan directamente en el oficialismo:
- La causa por la criptomoneda $LIBRA
- La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni
- El escándalo por créditos del Banco Nación
La concentración de estos expedientes en determinados juzgados refuerza la percepción de una presión coordinada.
La hipótesis de una “paz judicial”
Dentro del Gobierno comienza a instalarse una idea: negociar para estabilizar el frente judicial.
Esto implicaría reabrir el diálogo con sectores de Comodoro Py y avanzar en acuerdos vinculados a:
- Designaciones en la Corte
- Nombramiento del Procurador General
- Cobertura de vacantes en juzgados federales
El objetivo sería reducir la conflictividad.
Pero el costo podría ser alto.
El rol del peronismo y el Congreso
Cualquier movimiento en la Corte o la Procuración requiere acuerdos en el Senado.
Esto introduce un actor clave: el peronismo.
Sin sus votos, cualquier intento de reconfigurar el Poder Judicial queda bloqueado.
Y en un contexto de debilidad política del Gobierno, esas negociaciones se vuelven más complejas.
Internas, errores y falta de interlocutores
Otro problema que enfrenta el oficialismo es la falta de una figura con capacidad de articular acuerdos políticos amplios.
Intentos previos de negociación ya fracasaron, dejando al Gobierno sin una estrategia clara para ordenar el vínculo con la Justicia.
Esto agrava la situación en un momento donde la presión aumenta.
El timing político: cuándo avanzar
En los tribunales se especula incluso con el momento en que podrían enviarse los pliegos para la Corte.
Algunas voces sugieren que el Gobierno podría aprovechar momentos de menor tensión mediática o alto interés social —como eventos deportivos— para avanzar con decisiones sensibles.
Una señal de hasta qué punto la política y la estrategia se entrelazan.
Justicia y poder en tensión
La relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Argentina históricamente ha estado marcada por tensiones, negociaciones y equilibrios inestables.
Cuando ese equilibrio se rompe, aparecen dos caminos:
- La confrontación abierta
- La negociación
El Gobierno parece inclinarse, al menos parcialmente, por el segundo.
La negociación que define más que causas
Lo que está en juego no es solo el destino de expedientes judiciales.
Es la arquitectura de poder entre la política y la Justicia.
La idea de una “paz judicial” revela un cambio de etapa: del intento de avanzar unilateralmente a la necesidad de acordar.
Pero en ese terreno, el Gobierno llega con debilidades.
Y en política —y en tribunales— negociar desde una posición frágil no solo condiciona el resultado.
Define quién pone las reglas.
Melina Schweizer
