Melina Orquidea
La Policía Federal confirmó que dos empleados municipales de Tacuru reconocieron haber grabado mensajes intimidatorios contra comunidades guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul. Los investigados alegaron que estaban alcoholizados y negaron su intención de concretar las amenazas. La denuncia se suma al incendio de la vivienda de una autoridad espiritual indígena de 90 años. El Ministerio Público Federal abrió investigaciones y el Gobierno brasileño desplegó una misión interministerial de protección.
Dos funcionarios de la Municipalidad de Tacuru, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, reconocieron ante la Policía Federal haber grabado y difundido audios con amenazas de envenenar el agua consumida por comunidades indígenas guaraní-kaiowá. Los mensajes circularon después de la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, en la que Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección.
Los empleados fueron interrogados el viernes 30 de octubre y admitieron la autoría de las grabaciones. Según informó la Policía Federal el 1.º de noviembre, ambos atribuyeron sus expresiones al consumo de alcohol y aseguraron que carecían de intención y medios para ejecutar las amenazas.
El reconocimiento permitió identificar a los autores de los mensajes, pero la investigación continúa para establecer las circunstancias, su eventual relevancia penal y las responsabilidades correspondientes.
Amenazas contra el agua y el derecho al voto
Los mensajes comenzaron a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp después de conocerse el resultado electoral. En ellos se responsabilizaba a los indígenas por la victoria de Lula y se expresaba hostilidad hacia las comunidades que habían apoyado al mandatario.
Una de las grabaciones proponía introducir sustancias tóxicas en el agua destinada al consumo de los habitantes de Sassoró. Otro funcionario difundió insultos contra indígenas y amenazas de agresión física y con armas de fuego.
La identificación de los autores provocó la intervención de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal (MPF), que solicitó explicaciones a las autoridades municipales.
El intendente de Tacuru, Rogério Torquetti, confirmó el apartamiento preventivo de un empleado y la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario. Posteriormente, otros reportes señalaron que ambos funcionarios fueron separados de sus tareas.
Torquetti sostuvo que uno de los investigados trabajaba en el área de infraestructura municipal y no estaba encargado del suministro de agua a las aldeas, como habían afirmado algunas publicaciones en redes sociales.
La Policía Federal también indicó que los funcionarios no disponían, según las comprobaciones preliminares, de medios para concretar el envenenamiento. Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las amenazas.
Incendiaron la vivienda de una autoridad espiritual de 90 años
La violencia denunciada se extiende a otras comunidades de Mato Grosso do Sul.
El jueves 29 de octubre, un incendio destruyó la vivienda de Ñandesy Roberta, una autoridad espiritual indígena de 90 años, en la aldea Jaguapiré, también ubicada en Tacuru.
Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el fuego fue provocado intencionalmente y destruyó instrumentos sagrados utilizados en ceremonias tradicionales de los pueblos kaiowá y guaraní.
La organización denunció que el episodio afecta tanto la seguridad de la comunidad como su libertad religiosa y su patrimonio cultural.
Voninho Guarani Kaiowá, uno de los coordinadores de APIB, reclamó que las autoridades identifiquen a los responsables y adopten medidas para frenar las agresiones.
La investigación deberá determinar el origen del incendio, sus responsables y las circunstancias en las que ocurrió. La calificación de ataque intencional corresponde, hasta ahora, a la denuncia de la organización indígena.
Más de treinta episodios denunciados después de las elecciones
APIB informó que recibió denuncias sobre más de treinta episodios de violencia relacionados con el proceso electoral en Mato Grosso do Sul.
Los reportes comprenden intimidaciones, agresiones, atropellamientos y otros hechos graves, algunos con víctimas mortales, según la organización.
La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y el Ministerio de los Pueblos Indígenas comunicaron las denuncias a la Policía Federal y comenzaron a acompañar los procedimientos de investigación.
El MPF abrió actuaciones en diferentes municipios del sur del estado para evaluar los hechos y determinar qué situaciones requieren medidas de protección o intervención judicial.
La Fiscalía también detectó denuncias falsas en Naviraí
En paralelo, el Ministerio Público Federal esclareció un caso difundido en el municipio de Naviraí, donde circularon fotografías presentadas como pruebas de homicidios contra indígenas por motivos políticos.
El procurador Marco Antonio Delfino de Almeida verificó, mediante consultas a autoridades policiales, judiciales y comunitarias, que las imágenes correspondían a una tentativa de doble homicidio vinculada con un conflicto interpersonal, sin motivación política o étnica identificada.
Las autoridades de las comunidades Kurupi y Mboreviry tampoco confirmaron los supuestos ataques difundidos en redes sociales.
La investigación estableció que las imágenes habían circulado fuera de contexto. El MPF solicitó comprobaciones adicionales para completar la verificación de los antecedentes de las víctimas.
Este resultado permitió descartar aquellas acusaciones específicas y concentrar las investigaciones en los hechos respaldados por testimonios, grabaciones y otras evidencias.
Tres ministerios intervinieron para proteger a las comunidades
El sábado 31 de octubre, el Gobierno federal desplegó una misión en Mato Grosso do Sul encabezada por el ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena; la ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía, Janine Mello; y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva.
Terena y Mello visitaron las aldeas Taquapery, en Coronel Sapucaia, y Sassoró, en Tacuru, para escuchar a las autoridades indígenas, examinar las denuncias y evaluar nuevas medidas de protección.
En Dourados, el ministro de Justicia mantuvo reuniones con representantes de la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal, la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y organismos de seguridad estaduales.
El Gobierno anunció que la fuerza de tareas continuará actuando mientras sea necesario y que las denuncias serán remitidas a los organismos competentes. También confirmó la presencia de la Fuerza Nacional en territorios indígenas y el envío de equipos de Funai para acompañar a las comunidades.
Hasta el 30 de octubre, el Ministerio de Derechos Humanos había recibido 189 denuncias de violencia política, intimidación y discriminación relacionadas con las elecciones en todo Brasil. Por su parte, el Ministerio de los Pueblos Indígenas informó sobre diez denuncias específicas que involucraban a comunidades originarias y que habían sido derivadas para su investigación.
Esas cifras corresponden a registros de organismos diferentes y no deben sumarse como si representaran un único relevamiento.
El racismo político agrava conflictos territoriales históricos
Mato Grosso do Sul concentra conflictos prolongados relacionados con la propiedad de la tierra y el reconocimiento de territorios ancestrales indígenas.
Las comunidades guaraní-kaiowá enfrentan desde hace décadas disputas territoriales, amenazas y dificultades para acceder a recursos y servicios esenciales. En ese contexto, las intimidaciones vinculadas con el voto adquieren consecuencias especialmente graves.
Amenazar con contaminar el agua de una comunidad significa colocar bajo riesgo uno de los recursos indispensables para su supervivencia. Cuando esas expresiones proceden de empleados públicos, también se plantea la responsabilidad de las administraciones municipales de investigar las conductas de sus funcionarios y garantizar la continuidad de los servicios.
La Constitución brasileña reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionalmente ocupadas y garantiza la igualdad y la libertad de participación política.
La pertenencia étnica y la preferencia electoral no pueden justificar amenazas, restricciones de servicios ni represalias.
Las investigaciones deberán establecer responsabilidades y garantizar protección efectiva
La confesión de los dos funcionarios ante la Policía Federal constituye un avance concreto en el esclarecimiento de las amenazas contra Sassoró. Sin embargo, todavía corresponde determinar las responsabilidades penales y disciplinarias mediante los procedimientos respectivos.
El incendio de la vivienda de Ñandesy Roberta también exige una investigación que permita esclarecer sus causas y la posible relación con las intimidaciones denunciadas después de las elecciones.
La misión federal representa una respuesta institucional, cuya eficacia deberá medirse por las medidas de seguridad implementadas, la continuidad de los servicios esenciales y la capacidad de prevenir nuevas agresiones.
El derecho de los pueblos indígenas a participar de una elección incluye la garantía de regresar a sus comunidades sin amenazas contra sus familias, sus viviendas, sus creencias o el agua que consumen.
Las actuaciones policiales y judiciales serán determinantes para establecer responsabilidades. La protección de quienes denunciaron los hechos constituye, mientras tanto, una obligación inmediata del Estado brasileño.
