Melina Orquidea
La administración de Donald Trump restringió mecanismos federales para detectar discriminación racial indirecta y avanzó en el cierre de decenas de procesos judiciales de desegregación escolar. El Gobierno sostiene que busca garantizar un trato igualitario sin distinciones raciales. Organizaciones de derechos civiles advierten que los cambios debilitan la protección de estudiantes negros. La discusión tiene algo de medicina alternativa: ¿cómo saber si un sistema está enfermo cuando se decide abandonar parte de los instrumentos para examinarlo?
En 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas mediante el histórico fallo Brown contra la Junta de Educación. Setenta y dos años después, el Gobierno estadounidense está revisando las herramientas federales utilizadas para identificar y corregir desigualdades raciales. La sociedad que consiguió enviar seres humanos a la Luna continúa discutiendo cómo determinar si dos niños reciben un trato distinto por su color de piel. La NASA necesitó computadoras, cálculos y miles de científicos. Para investigar la desigualdad escolar, aparentemente, algunas estadísticas generan demasiadas controversias.
La investigación de Annie Ma, publicada por Associated Press en septiembre de 2026, documentó que el Departamento de Educación retiró disposiciones que permitían evaluar situaciones de discriminación mediante sus efectos desiguales sobre distintos grupos raciales. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia informó que había conseguido cerrar judicialmente más de cincuenta procesos históricos de desegregación escolar desde el regreso de Donald Trump al poder.
La administración sostiene que busca impedir que los establecimientos educativos adopten decisiones disciplinarias basadas en la raza. Los defensores de derechos civiles advierten que las nuevas reglas dificultan identificar prácticas que, aun formuladas de manera neutral, producen resultados desiguales.
La igualdad según el manual de instrucciones
Imaginemos dos alumnos que cometen la misma infracción escolar. Uno recibe una advertencia y continúa estudiando. El otro termina suspendido.
Ahora imaginemos que, al examinar cientos de casos, descubrimos que los estudiantes negros reciben suspensiones con mayor frecuencia que los blancos por conductas comparables.
¿Existe discriminación? Para investigarlo habría que revisar decisiones, circunstancias, criterios disciplinarios y estadísticas. Una tarea bastante menos entretenida que organizar una reunión donde todos prometan respetarse.
Durante décadas, las autoridades federales utilizaron el análisis de impacto dispar para detectar políticas aparentemente neutrales que podían perjudicar desproporcionadamente a determinados grupos.
En mayo de 2025, Trump ordenó a las agencias federales abandonar ese enfoque de aplicación de las normas antidiscriminatorias. En julio de 2026, el Departamento de Educación retiró disposiciones reglamentarias vinculadas con ese criterio.
Según el portavoz del organismo, Sabin Sidney, las administraciones de Barack Obama y Joe Biden habían utilizado el análisis de impacto dispar para presionar a las escuelas a producir determinados resultados disciplinarios según la raza, lo que, a juicio del Gobierno, perjudicó la seguridad y el aprendizaje.
El debate jurídico es legítimo: un resultado estadísticamente desigual requiere investigación para determinar sus causas. Pero eliminar herramientas de análisis también modifica qué situaciones podrán examinar las autoridades federales.
Es como discutir si el termómetro mide correctamente la temperatura y resolver el desacuerdo guardándolo en un cajón.
La desobediencia tiene distintos colores
Uno de los casos documentados por AP ocurrió en Durham, Carolina del Norte.
En 2018, una investigación federal encontró que los estudiantes negros recibían suspensiones desproporcionadas, especialmente cuando las sanciones dependían de interpretaciones subjetivas como la desobediencia.
Jovonia Lewis, madre y antigua integrante de la junta escolar, contó que recibía llamadas frecuentes porque expulsaban a su hijo del aula. Le decían que no podía quedarse quieto.
El acuerdo federal permitió modificar el código de conducta estudiantil y crear una oficina dedicada a cuestiones de equidad.
El caso plantea una pregunta fascinante para quienes estudiamos Psicología Educativa: ¿cuándo una conducta infantil se convierte en desobediencia y cuánto influye la interpretación del adulto?
Un chico habla durante la clase: es sociable. Otro hace exactamente lo mismo: es desafiante. Uno pregunta demasiado: tiene curiosidad. Otro pregunta demasiado: cuestiona la autoridad.
Los criterios subjetivos necesitan controles precisamente porque los prejuicios pueden intervenir sin que nadie los reconozca expresamente.
No hace falta imaginar docentes que se despiertan cada mañana planeando discriminar. Basta recordar que las personas interpretamos comportamientos a través de expectativas, experiencias y representaciones sociales.
Y algunos prejuicios tienen una habilidad extraordinaria para disfrazarse de sentido común.
Cincuenta expedientes y una máquina del tiempo
El Departamento de Justicia informó en septiembre que había conseguido cerrar judicialmente más de cincuenta casos de desegregación escolar. La administración argumenta que muchas órdenes judiciales llevan décadas vigentes y que corresponde devolver a las autoridades locales el control de sus sistemas educativos.
En Luisiana, un tribunal liberó en enero de 2026 al distrito escolar de DeSoto Parish de una orden de desegregación. El sistema había permitido traslados de estudiantes desde escuelas racialmente aisladas, incluyendo transporte. Posteriormente, el distrito modificó sus reglas y restringió nuevas incorporaciones a ese programa.
La fiscal general estatal, Liz Murrill, celebró el levantamiento de la supervisión federal como una recuperación de las facultades de las autoridades educativas electas.
Los defensores de derechos civiles sostienen que terminar una orden judicial exige examinar si sus objetivos fueron alcanzados y si persisten consecuencias de la segregación.
La antigüedad de un expediente, por sí sola, cuenta cuántos años pasaron. Para saber qué ocurrió durante ese tiempo hay que examinar las condiciones actuales de las escuelas.
Sería maravilloso que todos los problemas sociales prescribieran automáticamente por cansancio administrativo. Bastaría esperar suficientes décadas para declarar resuelta la pobreza, organizar una ceremonia y entregar diplomas de prosperidad.
La niña negra que siempre termina siendo el problema
Encuentro especialmente preocupante la facilidad con que una dificultad escolar puede convertirse en una etiqueta personal. Cuando un estudiante recibe sanciones reiteradas, pierde clases, se distancia de sus compañeros y acumula dificultades académicas, su trayectoria educativa puede deteriorarse. Si además pertenece a un grupo históricamente discriminado, corresponde examinar si las prácticas institucionales contribuyen a ese resultado.
La investigación de AP menciona una denuncia presentada en Denver en 2021 sobre estudiantes negros varones con discapacidades que presuntamente eran apartados de las aulas de manera desproporcionada. El procedimiento federal quedó paralizado después del cambio de administración en 2025, aunque las autoridades estatales habían identificado infracciones y ordenado medidas correctivas.
Detrás de cada expediente hay estudiantes, familias, docentes y oportunidades educativas.
Lo que para un organismo constituye una modificación del criterio de intervención puede representar para una familia una diferencia concreta en su capacidad de reclamar.
La gran contradicción de la igualdad
La igualdad ante la ley es un principio fundamental. Su aplicación educativa exige examinar cómo funcionan realmente las instituciones y qué oportunidades reciben sus estudiantes.
Un sistema puede tener reglamentos idénticos para todos y, aun así, producir desigualdades persistentes. También puede presentar diferencias estadísticas que respondan a múltiples factores y requieran una investigación cuidadosa.
Por eso resulta tan importante la discusión sobre las herramientas de supervisión federal. Determinar cuándo existe discriminación exige criterios jurídicos, información confiable y procedimientos capaces de distinguir causas.
La controversia estadounidense enfrenta dos preocupaciones concretas: evitar decisiones escolares basadas injustificadamente en la raza y conservar mecanismos eficaces para investigar desigualdades raciales.
El interrogante es qué protecciones efectivas permanecen disponibles cuando cambian las reglas.
Desde América Latina conocemos bastante bien las diferencias entre proclamar derechos y conseguir ejercerlos. Nuestros países tienen constituciones repletas de garantías, escuelas que celebran la diversidad y discursos institucionales donde la inclusión parece estar funcionando de maravilla.
Después llegan las estadísticas, las denuncias y las familias que descubren cuánto trabajo cuesta convertir esas palabras en realidades.
El examen final
Estados Unidos tiene una extensa historia de litigios, movilizaciones sociales y reformas destinadas a garantizar derechos educativos. El debate actual determinará qué mecanismos federales continúan vigentes para supervisar las desigualdades raciales y qué responsabilidades quedarán principalmente en manos de los estados y distritos escolares.
Me gustaría creer que cualquier gobierno interesado en garantizar un trato igualitario querría contar con información suficiente para comprobarlo.
Porque la igualdad necesita algo más que buenas intenciones, reglamentos impecables y funcionarios explicando que ahora todos recibirán el mismo trato.
Necesita pruebas, instituciones que respondan y mecanismos para corregir las diferencias injustificadas.
Hay una vieja costumbre humana que consiste en esconder los problemas debajo de la alfombra y felicitarse por lo limpia que quedó la habitación.
El inconveniente es que, cuando la alfombra cubre la educación de millones de niños, tarde o temprano alguien tropieza.
Y entonces habrá que decidir si investigamos qué hay debajo.
O si también prohibimos levantar la alfombra.
