Melina Orquidea
Líderes terena, tupí-guaraní y kaingang denunciaron intimidaciones racistas y amenazas de represalias contra habitantes de cuatro aldeas del estado de São Paulo. Los mensajes incluyen referencias a la suspensión de ayuda alimentaria y al uso de la fuerza pública contra votantes del Partido de los Trabajadores. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil presentó una denuncia penal y reclamó medidas urgentes de protección.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre desató amenazas contra comunidades indígenas del municipio de Avaí, en el interior del estado de São Paulo. Habitantes de los pueblos terena, tupí-guaraní y kaingang denunciaron mensajes que proponen represalias contra quienes votaron al Partido de los Trabajadores (PT), incluida la posible interrupción de la asistencia alimentaria.
Los audios circularon en grupos privados después de la segunda vuelta electoral y llegaron a las autoridades indígenas de la Tierra Indígena Araribá, situada a unos 300 kilómetros de la capital paulista. Las intimidaciones afectan a las aldeas Ekeruá, Kopenoti, Nimuendaju y Tereguá, cuyos representantes decidieron presentar una denuncia conjunta ante organismos federales y estaduales.
El autor reconoció los mensajes y alegó que fue un malentendido
El periodista Jorge Abreu, de Folha de S.Paulo, identificó al responsable de los mensajes como Dirceu Pereira Carvalho, vecino de la Tierra Indígena Araribá.
En una de las grabaciones, Carvalho cuestiona que el PT haya obtenido 1.505 votos en Avaí y plantea revisar la entrega de canastas alimentarias a familias indígenas y de bajos ingresos. Los audios contienen insultos racistas y referencias a posibles mecanismos de persecución política.
Consultado por el periódico brasileño, el hombre reconoció haber enviado los mensajes, manifestó arrepentimiento y aseguró que todo había sido un malentendido. También negó tener intención de concretar acciones contra las comunidades.
Su reconocimiento de la autoría constituye un elemento importante para la investigación. La determinación de responsabilidades penales corresponde a las autoridades judiciales.
Cuatro aldeas exigen protección ante posibles ataques
El cacique Chicão Terena, de la comunidad Kopenoti, explicó que las autoridades de las cuatro aldeas se reunieron después de conocer las grabaciones y expresaron su preocupación por la seguridad de sus habitantes.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una representación penal ante el Ministerio Público Federal en Bauru, la Policía Federal, el Ministerio Público Electoral y el Ministerio Público del Estado de São Paulo.
El documento solicita investigar las expresiones discriminatorias, las intimidaciones con posibles armas de fuego y las referencias a la utilización de recursos públicos, como las canastas alimentarias, para castigar preferencias electorales.
El carácter colectivo de la denuncia refleja el temor de las comunidades a que las amenazas afecten su libertad de circulación, su seguridad y el acceso a servicios esenciales.
Las amenazas también alcanzan a indígenas de Mato Grosso do Sul
Las denuncias de Avaí se suman a otros episodios registrados después de la reelección de Lula. En Mato Grosso do Sul, integrantes del pueblo guaraní kaiowá denunciaron mensajes que proponían envenenar el agua de comunidades indígenas como represalia por el resultado electoral.
Dos empleados municipales de Tacuru reconocieron ante la Policía Federal haber grabado y difundido audios amenazantes. Según la información conocida el 1 de noviembre, alegaron que habían actuado bajo los efectos del alcohol y negaron su intención de ejecutar las amenazas. La investigación continúa. UOL Notícias
Ante la sucesión de denuncias, el Gobierno brasileño puso en marcha una fuerza de tareas interministerial. El Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Policía Federal comenzaron a coordinar actuaciones para investigar los hechos y proteger a las comunidades afectadas.
La APIB informó que había identificado más de treinta episodios de violencia relacionados con el proceso electoral en Mato Grosso do Sul. Las denuncias comprenden amenazas, ataques y atropellamientos, algunos con consecuencias mortales. Agência Brasil
El voto indígena no puede convertirse en motivo de persecución
El caso de Avaí plantea una cuestión que excede la confrontación entre partidos políticos: la utilización de prejuicios raciales y de la dependencia de servicios públicos como mecanismos de intimidación electoral.
Las canastas alimentarias están destinadas a atender necesidades sociales. Su eventual utilización como instrumento de castigo por una preferencia política supondría una vulneración del principio de igualdad y de la libertad del voto.
La Constitución brasileña reconoce los derechos de los pueblos indígenas y garantiza la igualdad ante la ley. Las amenazas contra comunidades por sus decisiones electorales comprometen esos derechos y requieren investigaciones capaces de establecer responsabilidades.
En Araribá, las autoridades indígenas reclaman garantías para continuar viviendo en sus territorios sin amenazas ni represalias. Su denuncia contiene una exigencia elemental: que ninguna persona sea intimidada por su identidad étnica o por haber participado de una elección.
La democracia brasileña enfrenta una prueba que va más allá del resultado de las urnas: garantizar que los pueblos indígenas puedan votar libremente y ejercer sus derechos sin convertirse en blanco de amenazas racistas.
