Melina Orquidea
Lee Jae Myung abrió una controversia al considerar que determinadas ayudas para familias multiculturales pueden constituir «discriminación inversa» contra ciudadanos surcoreanos. Organizaciones migrantes advierten que ese discurso alimenta prejuicios y convierte los derechos sociales en una competencia entre nacionales y extranjeros. El Gobierno ya comenzó a revisar los programas de asistencia cuestionados.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, enfrenta cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos migrantes después de plantear que algunos programas sociales dirigidos a familias multiculturales podrían representar una forma de «discriminación inversa» contra la población surcoreana.
La controversia comenzó el 27 de octubre, cuando el mandatario cuestionó durante una reunión del gabinete la contribución económica de los trabajadores extranjeros. Según sus declaraciones, la contratación de mano de obra migrante no beneficia demasiado a la economía nacional porque los trabajadores envían sus salarios a sus países de origen.
En los días siguientes, Lee trasladó la discusión a las redes sociales y planteó revisar beneficios como el acceso prioritario a centros públicos de atención posparto y los puntos adicionales para ingresar a determinados servicios de cuidado infantil.
Las comunidades migrantes rechazan que la igualdad se presente como un privilegio
El estudiante universitario Jeong Heon-do, cuya madre nació en Filipinas, cuestionó que el presidente utilizara la expresión «discriminación inversa» sin examinar previamente las dificultades que enfrentan las familias multiculturales.
Explicó que esas políticas buscan compensar obstáculos relacionados con el idioma, el acceso a la información y la utilización de servicios públicos.
Su preocupación es que el debate termine enfrentando a distintos sectores de la población, como si mejorar el acceso de una comunidad implicara necesariamente perjudicar a otra.
Ko Gi-bok, integrante de la dirección del Comité Conjunto con Migrantes en Corea, advirtió que las palabras del presidente pueden generar inseguridad entre residentes extranjeros que dependen de permisos de permanencia y renovaciones de visas.
Según explicó, algunas personas podrían interpretar el mensaje presidencial como una señal de rechazo hacia su presencia en el país, incluso cuando las declaraciones se refieran específicamente a determinados programas sociales.
El riesgo de alimentar prejuicios y ataques xenófobos
El abogado Choi Jung-kyu, especializado en la defensa de personas migrantes, advirtió que las expresiones de una autoridad nacional pueden influir en la legitimación social de actitudes discriminatorias.
Recordó el caso de un trabajador vietnamita indocumentado que fue perseguido y golpeado por adolescentes en Pocheon, al norte de la provincia de Gyeonggi, en 2023. Según su testimonio, la víctima sufrió una agresión prolongada sin recibir ayuda de quienes presenciaron los hechos.
Para el abogado, expresiones como «trato preferencial excesivo» o «discriminación inversa» pueden reforzar prejuicios contra extranjeros, independientemente de la intención con que sean utilizadas. The Korea Times
El Gobierno comenzó a revisar los programas para familias multiculturales
La controversia ya tuvo consecuencias administrativas. Según informó Korea JoongAng Daily este 2 de noviembre, el Ministerio de Justicia solicitó a las administraciones locales información sobre los programas de asistencia destinados a familias multiculturales para evaluar posibles diferencias de trato.
El presidente reiteró el 31 de octubre que estas familias necesitan apoyo estatal, especialmente para superar barreras culturales y lingüísticas. Sin embargo, defendió la revisión de beneficios que, a su entender, podrían otorgar ventajas injustificadas frente a otros hogares.
La Presidencia aclaró que la intención no es eliminar la asistencia a las familias multiculturales, sino evaluar si determinadas prestaciones cumplen su propósito.
El debate se concentra, entre otras medidas, en la prioridad de acceso a centros públicos de atención posparto, un servicio subsidiado cuya disponibilidad puede ser limitada.
Las organizaciones denuncian que el problema está en la aplicación de las políticas
Iresha Perera, ciudadana surcoreana naturalizada, nacida en Sri Lanka y responsable de la organización de derechos migrantes Talk to Me, cuestionó que la discusión pública se concentre en los supuestos privilegios mientras persisten dificultades para acceder a los beneficios existentes.
Según explicó, numerosos programas anunciados por las autoridades no llegan a sus destinatarios en las condiciones previstas.
La dirigente también criticó que las familias multiculturales aparezcan recurrentemente en las controversias políticas sin que se atiendan adecuadamente sus necesidades.
Su intervención introduce una cuestión central: antes de modificar los programas de asistencia, las autoridades deberían evaluar a cuántas personas alcanzan, cuáles son los obstáculos de acceso y qué desigualdades buscan corregir.
La responsabilidad presidencial en una sociedad cada vez más diversa
Corea del Sur enfrenta cambios demográficos importantes, asociados con el envejecimiento poblacional, la baja natalidad y la necesidad de incorporar trabajadores extranjeros en distintas actividades económicas.
La integración de esas personas y de sus familias exige políticas relacionadas con el idioma, la educación, la salud y el acceso a servicios públicos.
La discusión sobre cómo distribuir recursos limitados es legítima. También lo es evaluar la eficacia de los programas estatales. La controversia surge cuando medidas destinadas a compensar obstáculos específicos son presentadas como privilegios que perjudican al resto de la sociedad.
Las declaraciones de Lee Jae Myung abrieron ese debate desde la máxima autoridad del país y provocaron una reacción de quienes consideran que pueden reforzar estereotipos contra la población extranjera.
El Gobierno sostiene que busca corregir posibles desigualdades en el diseño de las prestaciones. Las organizaciones migrantes reclaman que cualquier revisión considere primero las desventajas efectivas de las familias destinatarias.
El conflicto plantea una pregunta que trasciende a Corea del Sur: cómo distribuir los servicios públicos de manera justa sin convertir a las personas migrantes en responsables de las dificultades que enfrenta la población local.
La revisión administrativa ya está en marcha. Sus consecuencias dependerán de las modificaciones que adopten las autoridades y de la participación de las comunidades afectadas.
Las políticas de integración deben evaluarse por su capacidad para eliminar barreras y garantizar derechos. Presentar a nacionales y extranjeros como competidores permanentes por la asistencia pública puede debilitar precisamente la convivencia que esas políticas buscan construir.
GONZALO SCHWEIZER
CONCHITA PRETA
