Melina Orquidea
Las renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco completan la renovación del máximo tribunal provincial impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. En menos de tres años, su administración promovió la designación de seis ministros y desplazó el predominio de una estructura judicial vinculada históricamente con el peronismo. El cambio modifica el equilibrio institucional de Santa Fe y abre interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está a punto de concretar una de las transformaciones institucionales más profundas de su gestión: la renovación de seis de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial. Las renuncias de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, formalizadas a fines de octubre y aceptadas mediante decretos del Poder Ejecutivo, permitirán completar en diciembre un proceso iniciado en 2025.
La salida de ambos magistrados significa el final de una composición judicial construida durante décadas bajo gobiernos peronistas y sostenida mediante acuerdos políticos que atravesaron diferentes administraciones provinciales.
Pullaro consiguió modificar esa estructura mediante una combinación de reformas legales, negociaciones políticas y nuevas designaciones aprobadas por la Legislatura. Ahora, la discusión central será qué grado de autonomía conservará el máximo tribunal frente al gobierno que impulsó casi toda su nueva integración.
Las renuncias que completan la renovación
El 27 de octubre, Gutiérrez y Falistocco comunicaron a sus colegas la decisión de abandonar sus cargos. Dos días después, el Gobierno provincial confirmó la aceptación mediante los decretos 2283 y 2284, firmados por Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Los decretos establecen fechas de cese que se extienden entre el 30 de noviembre y el 1.º de diciembre, según cada magistrado.
Ambos habían ocupado posiciones centrales en la conducción judicial santafesina. Falistocco integraba el tribunal desde 1991 y Gutiérrez desde 2000. Sus salidas habilitan las incorporaciones de Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya cuentan con aprobación legislativa. Telefe Santa Fé+2
Las designaciones completarán un esquema en el que Daniel Erbetta será el único ministro que permanecerá de la integración anterior.
Quiénes integrarán la nueva Corte
La composición prevista para diciembre reúne siete integrantes, seis de ellos propuestos durante la administración de Pullaro.
| Ministro | Antecedente relevante |
|---|---|
| Jorge Baclini | Exfiscal general de Santa Fe |
| Margarita Zabalza | Dirigente socialista y exfuncionaria |
| Rubén Weder | Jurista impulsado políticamente por el sector de Omar Perotti |
| Diego Maciel | Exfuncionario legislativo vinculado con el senador Felipe Michlig |
| Jorgelina Genghini | Exjueza municipal de Faltas de Rosario |
| Aldo Alurralde | Juez federal de Reconquista |
| Daniel Erbetta | Penalista y único integrante de la conformación anterior |
La nueva Corte reúne perfiles profesionales y trayectorias políticas diferentes. La designación de Weder surgió de un entendimiento con sectores del peronismo, mientras que Zabalza fue promovida por el socialismo, integrante de la coalición gobernante Unidos.
Otros nombramientos muestran conexiones más directas con el oficialismo provincial.
Diego Maciel fue secretario del senador radical Felipe Michlig, uno de los principales aliados políticos de Pullaro. Jorgelina Genghini llegó respaldada por el Colegio de Abogados de Rosario, institución con vínculos con dirigentes del radicalismo santafesino.
Baclini y Alurralde cuentan con trayectorias judiciales previas. En el caso del primero, su desempeño en la Corte ya incluyó decisiones contrarias a posiciones sostenidas por el Gobierno provincial en controversias vinculadas con la reforma previsional.
El fin de una estructura judicial vinculada al poder político tradicional
La renovación de la Corte representa también el desplazamiento de una conducción judicial que mantuvo durante años relaciones estrechas con sectores del Senado provincial.
Durante su prolongada integración, el máximo tribunal intervino en controversias institucionales relacionadas con las facultades legislativas, las inmunidades parlamentarias y los mecanismos de control sobre funcionarios judiciales.
Uno de los casos más significativos fue el del senador Armando Traferri, investigado en una causa vinculada con el juego ilegal. La Corte provincial sostuvo la vigencia de disposiciones constitucionales que impedían avanzar sobre determinados actos procesales sin el desafuero del legislador.
También existieron conflictos entre el tribunal y sectores que impulsaron la transformación del sistema procesal penal santafesino.
Ese historial explica parte de los cuestionamientos que recibía la antigua composición judicial. Sin embargo, el desplazamiento de una estructura asociada con el poder político anterior plantea una segunda cuestión: cómo asegurar que el recambio no produzca una nueva dependencia partidaria.
Las reformas que hicieron posible el cambio
El Gobierno provincial impulsó una modificación legal que estableció el límite de 75 años para la permanencia de los ministros y amplió progresivamente la integración del tribunal.
La Ley 14.294, aprobada en noviembre de 2024, fue determinante para acelerar el proceso de renovación.
Posteriormente, la reforma constitucional santafesina de 2025 estableció una Corte de siete integrantes y modificó aspectos de su organización institucional.
La sucesión de renuncias de María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler permitió las primeras incorporaciones. Las salidas de Gutiérrez y Falistocco completan ahora el proceso.
El gobernador había anticipado públicamente que la renovación quedaría concluida antes de finalizar 2026. Las renuncias confirmaron esa previsión.
El poder de la Corte va mucho más allá de sus sentencias
La importancia del cambio institucional no se limita a la orientación jurídica de los nuevos ministros.
La Corte Suprema santafesina ejerce funciones de superintendencia sobre la administración de justicia, interviene en decisiones disciplinarias y participa en la organización presupuestaria y administrativa del Poder Judicial.
Sus decisiones pueden incidir sobre conflictos relacionados con leyes provinciales, políticas públicas, responsabilidades estatales y controversias entre poderes.
La nueva Constitución establece además criterios de integración territorial y de género, y redefine el funcionamiento de determinadas instituciones judiciales y electorales.
Por eso, la concentración de nombramientos durante un mismo mandato adquiere relevancia institucional incluso cuando las designaciones cuentan con aprobación legislativa.
El interrogante sobre la independencia judicial
Pullaro defendió la renovación como una transformación necesaria de una Corte que consideraba vinculada con estructuras políticas antiguas.
Sus críticos, en cambio, cuestionaron la posibilidad de que el gobernador conformara un tribunal demasiado próximo a su administración. Durante el tratamiento legislativo de las designaciones, esas objeciones fueron planteadas por sectores minoritarios, entre ellos las diputadas Amalia Granata y Silvia Malfesi.
Las mayorías legislativas aprobaron los nombramientos. Ese respaldo otorga legitimidad formal al procedimiento, mientras que la independencia de los nuevos ministros deberá evaluarse a través de sus decisiones y actuaciones institucionales.
El antecedente de Baclini, que votó en contra de una posición del Gobierno en conflictos relacionados con la reforma jubilatoria, demuestra que la procedencia de una nominación no determina necesariamente el sentido de cada sentencia.
El riesgo institucional aparece cuando las relaciones políticas condicionan decisiones judiciales, nombramientos administrativos o mecanismos de control. La independencia exige procedimientos transparentes, fundamentos jurídicos verificables y capacidad para resolver incluso contra los intereses del poder que promovió las designaciones.
Diciembre marcará el comienzo de una nueva etapa
Durante noviembre, Gutiérrez y Falistocco continuarán participando de las actividades del tribunal. Antes de concluir el mes, la Corte deberá elegir a quien ejercerá su presidencia durante 2027. Daniel Erbetta aparece mencionado en los acuerdos políticos como posible sucesor, aunque la designación todavía debe formalizarse.
Con las incorporaciones de Genghini y Alurralde se completará la renovación del máximo tribunal provincial.
El proceso constituye un cambio de alcance histórico para Santa Fe: una Corte que durante décadas estuvo integrada por figuras vinculadas con administraciones anteriores pasará a tener seis ministros designados durante el gobierno de Pullaro.
El resultado político ya está definido: el gobernador consiguió transformar la composición del máximo tribunal. La cuestión institucional permanece abierta: si esa transformación fortalecerá una Justicia independiente o reproducirá, con otros protagonistas, las relaciones de poder que durante años fueron cuestionadas.
La respuesta dependerá de las resoluciones que adopte la nueva Corte, de su funcionamiento interno y de su capacidad para ejercer control sobre todos los poderes provinciales, incluido el Ejecutivo que impulsó su renovación.
