Jorge R. Schweizer
El presidente Javier Milei volvió a insultar a los periodistas el 30 de octubre, apenas una semana después de señalar por sus nombres a cinco profesionales que investigaron el caso $LIBRA y recurrir a la imagen de una hoguera. La escalada coincide con el aumento de las agresiones contra la prensa y con la derogación, prevista para enero de 2027, del Estatuto del Periodista Profesional.
«Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen». Así comenzó Javier Milei su exposición del viernes 30 de octubre ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. Durante la misma intervención volvió a referirse a la prensa como «esas basuras con micrófonos ensobrados» y aseguró: «Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda». El presidente argentino lleva la confrontación con el periodismo a un terreno donde el insulto reemplaza a los argumentos y la descalificación personal pretende desacreditar cualquier investigación incómoda.
Una semana antes, el 23 de octubre, durante un acto de la Fundación Faro, Milei había señalado por sus nombres a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio por sus coberturas del caso $LIBRA. Los calificó de «ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones». Inmediatamente después pronunció una frase que debería avergonzar a cualquier jefe de Estado: «Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta». La secuencia provocó el repudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre el peligro de recurrir a imágenes de violencia física después de identificar públicamente a periodistas.
Un presidente que convirtió el insulto en método
Durante octubre, Milei llamó a los periodistas «sicarios con micrófonos» y «mierdas con micrófono». A Fernán Saguier lo identificó como «jefe de la banda de los sicarios de la pluma»; a María Eugenia Duffard, como «esta basura inmunda»; a Carlos Pagni y Saguier, como «mierda humana»; a Eduardo van der Kooy, como «otra mierda humana». Contra Luis Novaresio utilizó expresiones como «mierda mal cagada». También escribió «TORPEDO A LA CABEZA» en una publicación dirigida especialmente contra los «sicarios corruptos del micrófono». Son declaraciones registradas por FOPEA, pronunciadas por quien tiene la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión.
La reiteración revela una estrategia de confrontación política. El periodista deja de ser un profesional que investiga y pasa a ser presentado como un enemigo al que hay que desacreditar. Así se intenta desplazar la discusión sobre los hechos publicados hacia la supuesta indignidad de quien los revela. El mensaje alcanza también a quienes todavía no publicaron: investigar al Gobierno puede convertirlos en el próximo blanco presidencial.
La violencia contra la prensa tiene consecuencias concretas
Los ataques contra periodistas registrados por FOPEA aumentaron de 116 en 2023 a 179 en 2024 y 278 en 2025. Antes de terminar octubre de 2026, el registro ya había superado el total del año anterior, con 175 episodios atribuidos a Milei. El monitoreo comprende distintas formas de agresión y obstaculización de la actividad periodística, incluidos los discursos estigmatizantes.
El 29 de octubre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, FOPEA y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunciaron ante organismos internacionales el deterioro de la libertad de prensa. Según su presentación, al menos 50 trabajadores de prensa resultaron heridos durante la manifestación del 15 de octubre frente al Congreso, ocho de ellos por impactos de balas de goma. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un proyectil policial mientras cubría una protesta en marzo de 2025, permanece como una advertencia sobre los riesgos de ejercer nuestra profesión.
Reporteros gráficos reclaman justicia por Pablo Grillo, gravemente herido mientras cubría una protesta de jubilados en marzo de 2025.
Mientras nos insulta, el Gobierno elimina nuestras garantías
La ofensiva presidencial coincide con una decisión legislativa de consecuencias profundas. El artículo 197 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral dispone que, a partir del 1.º de enero de 2027, quedará derogada la Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional. Los artículos 212 y 213 también eliminan, desde esa fecha, otros dos regímenes especiales del sector. La derogación todavía no está vigente, pero ya fue sancionada y publicada oficialmente.
El estatuto reconoce derechos vinculados con la estabilidad profesional, las condiciones de trabajo y las indemnizaciones especiales por despido. Su eliminación no suprime la libertad de prensa ni todos los derechos laborales, pero debilita un régimen específico concebido para proteger una actividad particularmente expuesta a presiones políticas y económicas.
La independencia periodística también depende de las condiciones materiales para ejercerla. Quien teme perder su empleo, afrontar una denuncia judicial o sufrir una agresión puede terminar renunciando a una investigación. La autocensura comienza mucho antes de que alguien prohíba publicar.
Las presiones judiciales merecen la misma atención. Las controversias sobre las denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) contra expresiones críticas de Israel obligan a defender una distinción esencial: combatir el antisemitismo es una obligación democrática; investigar al Gobierno israelí y cuestionar sus decisiones es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Que Milei se haya proclamado el presidente más sionista del mundo no modifica ese derecho.
Trabajadores de prensa se movilizan en defensa de sus derechos laborales y de la libertad de expresión.
La Constitución obliga a protegernos, no a perseguirnos
Los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional protegen la libertad de prensa. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional en Argentina, garantiza el derecho a buscar, recibir y difundir información y prohíbe las restricciones indirectas a su ejercicio.
El presidente puede discutir nuestras investigaciones, refutarlas con pruebas y cuestionar nuestras conclusiones. Lo que resulta incompatible con su responsabilidad institucional es utilizar reiteradamente su investidura para estigmatizar a periodistas, especialmente cuando las agresiones contra la prensa se multiplican.
La derogación del Estatuto del Periodista exige una respuesta urgente del Congreso. Las agresiones físicas requieren investigaciones y responsabilidades. Los señalamientos presidenciales demandan un rechazo institucional que vaya más allá de comunicados circunstanciales.
Los periodistas debemos plantarnos
No podemos aceptar que llamar «mierda humana» a un periodista se convierta en una conducta presidencial tolerada. Mucho menos que, después de señalar a profesionales por sus nombres, el jefe del Estado recurra a la imagen de una hoguera.
Debemos organizarnos, defender nuestras garantías laborales, exigir protección durante las coberturas y acompañar a quienes son amenazados o sometidos a represalias por informar. Las diferencias entre medios, líneas editoriales y posiciones políticas no pueden impedir una respuesta colectiva cuando está comprometida la libertad de prensa.
Desde InfoNegro defendemos el derecho a investigar al poder, denunciar sus abusos y publicar aquello que la ciudadanía necesita conocer. Ese compromiso incluye al Gobierno nacional y a cualquier otro actor político, económico o institucional que pretenda condicionar nuestro trabajo.
Milei tiene derecho a responder nuestras preguntas. Nosotros tenemos derecho a formularlas, aunque le molesten.
Un presidente que insulta sistemáticamente a los periodistas mientras su Gobierno elimina sus garantías profesionales está contribuyendo a un escenario de intimidación que la democracia argentina no puede normalizar.
Debemos plantarnos porque el miedo también censura. Y cuando un periodista deja de investigar por temor a las consecuencias, el verdadero perjudicado es el pueblo, que pierde su derecho a saber.
GONZALO SCHWEIZER
Melina Orquidea
