Melina Orquidea
El 3 de noviembre, los electores de California decidirán si aprueban la Proposición 40, una iniciativa que establece un gravamen extraordinario sobre los patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares. Impulsada por trabajadores de la salud y respaldada por el senador Bernie Sanders, la propuesta enfrenta la resistencia de sectores empresariales y del gobernador demócrata Gavin Newsom. La disputa se desarrolla en medio de los recortes federales impulsados por Donald Trump.
Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre, pero una de las disputas económicas más significativas tendrá lugar en California. Allí, los ciudadanos votarán una propuesta destinada a gravar directamente el patrimonio de quienes acumulan fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, con el objetivo principal de financiar servicios públicos de salud.
La Proposición 40 plantea un impuesto extraordinario del 5% sobre la riqueza neta de los multimillonarios que residían en California el 1.º de enero de 2026. El gravamen incluiría acciones, participaciones empresariales, activos financieros, obras de arte y propiedad intelectual, aunque excluiría generalmente inmuebles, jubilaciones y determinadas cuentas de retiro.
La iniciativa fue promovida por el sindicato de trabajadores sanitarios Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW) y consiguió las firmas necesarias para ingresar en la boleta electoral.
Un impuesto sobre la riqueza acumulada, no solamente sobre los ingresos
La propuesta aborda una diferencia esencial del sistema tributario estadounidense: las personas con grandes patrimonios pueden acumular riqueza mediante la valorización de acciones y participaciones empresariales sin que esas ganancias se conviertan inmediatamente en ingresos sujetos a determinados impuestos.
Esto ocurre especialmente entre los fundadores y principales accionistas de empresas tecnológicas de Silicon Valley, cuyas fortunas dependen en gran medida del valor de mercado de sus compañías.
La Proposición 40 pretende gravar esa riqueza patrimonial mediante un pago extraordinario que podría distribuirse durante cinco años, con un costo adicional para quienes elijan esa modalidad.
El umbral es de 1.000 millones de dólares, no de 100.000 millones. La medida alcanzaría a unos pocos cientos de contribuyentes, de acuerdo con el análisis fiscal oficial de California.
La salud pública recibiría el 90% de la recaudación
El proyecto establece un destino específico para los ingresos obtenidos.
Impuesto extraordinario
5%
sobre la riqueza neta alcanzada
Umbral patrimonial
US$1.000 M
de patrimonio neto
Distribución prevista de los fondos
90% Salud
10% Otros programas y administración. El 10% restante financiaría programas de asistencia alimentaria, educación y costos de administración, conforme al texto oficial.
El sistema sanitario californiano enfrenta tensiones presupuestarias en un contexto de reformas y reducciones del financiamiento federal. Los promotores del impuesto sostienen que los recursos permitirían preservar prestaciones y compensar parte del impacto sobre los servicios públicos.
La Oficina del Analista Legislativo de California estima que la medida podría generar decenas de miles de millones de dólares distribuidos durante varios años, aunque advierte que la recaudación exacta es incierta.
La cifra de 103.000 millones de dólares mencionada en algunas publicaciones no constituye una estimación definitiva de recaudación certificada por ese organismo.
Sanders respalda el gravamen y Newsom advierte sobre la fuga de capitales
La iniciativa provocó divisiones dentro del Partido Demócrata.
El senador independiente Bernie Sanders, aliado habitual del sector progresista, respalda la propuesta y plantea que los grandes patrimonios pueden contribuir más al financiamiento de los servicios públicos.
El gobernador Gavin Newsom, en cambio, se opone al impuesto ante la posibilidad de que los multimillonarios trasladen su residencia fiscal y reduzcan las inversiones o los ingresos tributarios futuros de California.
El análisis oficial reconoce ese riesgo, aunque estima que las eventuales pérdidas anuales de recaudación del impuesto sobre la renta serían inferiores a 1.000 millones de dólares. También prevé costos administrativos para determinar y fiscalizar los patrimonios alcanzados.
La controversia incluye a sectores empresariales vinculados con Silicon Valley, donde se concentran algunas de las mayores fortunas del mundo.
Las elecciones que determinarán el poder de Trump en el Congreso
La votación de California coincide con las elecciones de medio término, en las que se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado estadounidense.
El Partido Republicano llega a los comicios con el control de ambas cámaras. Una modificación de esas mayorías podría alterar la capacidad del presidente Donald Trump para aprobar leyes, negociar presupuestos y conseguir la confirmación de determinados nombramientos.
California no renovará bancas del Senado en esta elección, pero sí elegirá representantes y votará distintas iniciativas estatales.
La Proposición 40 se convirtió así en una discusión sobre la distribución de la carga tributaria y el financiamiento de servicios públicos, dentro de un debate nacional más amplio sobre la política fiscal de la administración Trump.
Dos posiciones frente a la concentración de la riqueza
Los defensores del impuesto argumentan que la extraordinaria acumulación patrimonial de los principales accionistas de empresas tecnológicas justifica una contribución adicional para financiar la atención médica de la población.
Sus opositores sostienen que el gravamen podría generar litigios, dificultades de valoración de activos y traslados de residencia fiscal, además de afectar la previsibilidad de los ingresos públicos.
La iniciativa contiene elementos novedosos por su escala y diseño, aunque existen antecedentes internacionales de impuestos patrimoniales. Su importancia radica en que propone gravar una parte de la riqueza neta de los multimillonarios de uno de los estados económicamente más grandes de Estados Unidos.
El resultado del 3 de noviembre determinará si California introduce ese impuesto extraordinario. También ofrecerá una referencia concreta sobre cómo se está desarrollando el debate fiscal estadounidense en torno a la riqueza acumulada, el financiamiento sanitario y las obligaciones de los grandes contribuyentes.
La discusión de fondo excede a Silicon Valley: quién debe aportar los recursos necesarios para sostener servicios públicos y cómo distribuir esa responsabilidad en una sociedad marcada por grandes diferencias patrimoniales.
CONCHITA PRETA
