REDACCIÓN
Este jueves 5 de marzo, la movilización nacional convocada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad terminó con un saldo de violencia institucional. Cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrarse pacíficamente, efectivos policiales los empujaron y golpearon. Detrás del incidente, un conflicto que lleva meses: la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) fue aprobada por el Congreso, ratificada tras dos vetos, y sin embargo el Gobierno mantiene partidas sin ejecutar —unos $30.000 millones devueltos al Tesoro—, prestadores que no cobran desde octubre de 2025 y personas con discapacidad que ven interrumpidas sus terapias y tratamientos. «El Presidente no juró sobre sus ideas: juró sobre la Constitución», recordaron desde el FORO.
LA JORNADA QUE TERMINÓ EN VIOLENCIA
La concentración comenzó pasadas las 10.30 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, frente al Ministerio de Salud. Familias, personas con discapacidad, trabajadores del sector y el Sindicato de Choferes Particulares se reunieron para reclamar lo que ya debería estar funcionando: la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y ratificada a pesar de los intentos del Poder Ejecutivo por vaciarla de contenido .
Cerca del mediodía, tras entonar el Himno Nacional y mientras los referentes del FORO pedían retirarse pacíficamente a pedido de la policía, se desató la violencia. Los testimonios coinciden: empujones y golpes por parte de la fuerza pública contra personas con discapacidad y sus familias, en un episodio que empañó una jornada que hasta ese momento se había desarrollado en calma.
EL RECLAMO DE FONDO: UNA LEY QUE EL GOBIERNO INCUMPLE
La Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793) fue aprobada por el Congreso en 2025. El presidente Javier Milei la vetó, pero el veto fue rechazado en ambas cámaras, dejando la norma en plena vigencia . Sin embargo, el sector denuncia que el Poder Ejecutivo ha mantenido partidas sin ejecutar —unos $30.000 millones devueltos al Tesoro— y ha suspendido su aplicación de facto .
Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente, fue contundente en una carta enviada al presidente: «Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución».
La norma establece, entre otros puntos, la actualización y cancelación de deudas con los prestadores de salud, y un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. Pero a más de un año de su sanción, los prestadores siguen sin cobrar.
PAGOS QUE NO LLEGAN, TERAPIAS QUE SE INTERRUMPEN
El diagnóstico es compartido por todas las organizaciones del sector. Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), denunció que «desde octubre del año pasado los prestadores del sector —como transportistas y terapeutas— no están cobrando por su servicio. Así es imposible continuar con esto, las prestaciones que brindamos las tiene que cubrir el Estado para garantizarle el derecho a la persona con discapacidad».
En la misma línea, el Foro Permanente advirtió que «a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones».
La situación es tan grave que muchos centros de día están al borde del cierre. Marina Marín, directora del Centro de Día Integrar, expresó: «Llegó un punto donde ya no tenés más saldos de crédito ni con qué pagar los préstamos que fuiste sacando para sostener la institución». Los trabajadores manifiestan sentimientos de «tristeza e indignación» ante la posibilidad de dejar a decenas de concurrentes sin tratamiento.
LAS VOCES QUE RESISTEN
Valentina Bassi, actriz y madre de un joven con autismo, fue una de las voces más fuertes de la jornada. «Las familias no tenemos plan B. Los prestadores no cobran porque Incluir Salud y PAMI no pagan», señaló.
Gonzalo Giles, periodista y persona con discapacidad, fue tajante: «Tuvimos que judicializar la ley para que la Justicia le explique al Gobierno que las leyes no son una sugerencia».
Marcela Kriscovic, referente nacional en discapacidad, lo había advertido meses atrás: «La discapacidad no puede esperar al 2026, necesitamos soluciones ya».
EL CONGRESO VOTÓ, EL GOBIERNO NO EJECUTA
El Foro Permanente recordó que la Ley de Emergencia fue votada cuatro veces a favor por el Congreso [información de base]. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido una conducta de desfinanciamiento sistemático. «La Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones», denunció Molero en su carta a Milei.
A esto se suma que la propuesta de Presupuesto 2026 del Gobierno no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, aunque nuevamente el Congreso rechazó esa omisión.
EL ATROPELLO ARANCELARIO
La situación se agrava con el desfasaje entre los costos reales y lo que el Estado paga. Los prestadores estiman un atraso arancelario superior al 100% desde 2023. Hace apenas una semana, el Ministerio de Salud aplicó un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador, calculado sobre la variación del IPC de diciembre 2025 y enero 2026. Un porcentaje considerado «insuficiente» por todo el sector.
«Estamos cobrando a 60, 90 y hasta 120 días. Hay obras sociales que no pagan desde abril o marzo. La vocación no paga nuestras cuentas y no llegamos ni al 10 de cada mes», graficó Kriscovic.
LA RESPUESTA DEL FORO: «NO ES UN RECLAMO SECTORIAL»
Desde el Foro Permanente insisten en que la pelea trasciende los intereses gremiales. «No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país», sostienen.
Y en ese marco, la referencia a la Constitución es inevitable: «El Presidente no juró sobre sus ideas: juró sobre la Constitución», recordaron, remarcando que la exclusión actual no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones políticas que profundizan la vulnerabilidad del sector.
LO QUE VIENE
Con la represión del jueves, el conflicto suma un nuevo capítulo de violencia institucional. Pero los reclamos siguen vigentes: la reanudación urgente de pagos en Incluir Salud y PAMI, la implementación efectiva de la Ley de Emergencia y aumentos que estén a la altura de la inflación real.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias siguen esperando. Las terapias se interrumpen. Los centros de día cierran. Y el Gobierno, que juró sobre la Constitución, parece decidido a ignorar lo que la Constitución manda.
CONCHITA PRETA
