REDACCIÓN
Bruno Cipolini, intendente de Sáenz Peña —el bastión histórico de la UCR donde el peronismo no gana desde 1989— está en el ojo de la tormenta. Su secretario de Gobierno, Diego Landriscina, manejaba inversiones municipales en la Bolsa de Comercio del Chaco. El problema es que las metió en instrumentos de alto riesgo no autorizados y las pérdidas rondan los 1.800 millones de pesos. Landriscina, además, cobraba comisiones millonarias como operador. Cipolini se declara «víctima» y denunció a la Bolsa, pero la Justicia ya allanó la entidad y acumula pruebas que apuntan a que el intendente firmó todo. El gobernador Leandro Zdero, aliado de Cipolini, se bajó de la fiesta de aniversario de la ciudad para evitar la foto con el implicado. La política chaqueña tiembla.
LA PLATA PÚBLICA QUE SE VOLVIÓ HUMO
En la segunda ciudad más importante de Chaco, un escándalo financiero sacude los cimientos del poder radical. La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña invirtió fondos públicos en la Bolsa de Comercio del Chaco y perdió alrededor de 1.800 millones de pesos .
El problema no es solo la pérdida. Es cómo se perdió, quién la autorizó y quién se embolsó comisiones en el camino.
El intendente Bruno Cipolini, radical de pura cepa, gobierna una ciudad que es al radicalismo chaqueño lo que La Matanza al peronismo: un bastión inexpugnable. El peronismo no gana allí desde 1989 y Jorge Capitanich apenas pudo ganar una vez en la categoría gobernador. Sáenz Peña fue clave en el triunfo de Leandro Zdero en 2023 [información de base].
Pero ahora ese bastión se resquebraja.
EL HOMBRE DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR
La historia tiene un protagonista excluyente: Diego Landriscina, secretario de Gobierno del municipio y mano derecha de Cipolini. Landriscina, conocido como «El Colo», estaba de los dos lados del mostrador. Era funcionario municipal y, al mismo tiempo, operador financiero que manejaba las inversiones de la comuna en la Bolsa [información de base].
Según la denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons, Landriscina habría cobrado 15 millones de pesos en comisiones por timbear los fondos municipales [información de base]. Facturas emitidas a la Bolsa de Comercio del Chaco bajo el concepto de «comisiones por manager» muestran montos que van desde 200.000 pesos en octubre de 2022 hasta más de 4 millones en octubre de 2025 .
El esquema era simple: las comisiones se repartían 50% para Landriscina y 50% para la Bolsa . El problema es que, como funcionario público, Landriscina no está habilitado para operar con fondos públicos a menos que tenga una habilitación especial. Y la Comisión Nacional de Valores le habría rechazado el trámite para inscribirse como agente productor precisamente por su condición de Persona Políticamente Expuesta .
EL PERFIL DE RIESGO QUE CAMBIÓ SIN AUTORIZACIÓN
El corazón del escándalo es que el municipio de Sáenz Peña solo podía hacer inversiones de perfil conservador. Es decir, operaciones seguras, de bajo riesgo, como plazos fijos o letras del Tesoro .
Pero alguien cambió ese perfil. Las inversiones se realizaron en operaciones no garantizadas (NOGA), instrumentos de alto riesgo donde el inversor asume toda la responsabilidad .
Cipolini asegura que fue la Bolsa la que hizo los cambios sin autorización. «Estamos facultados a llevar adelante inversiones de carácter conservador, eso es lo que no ha sucedido aquí, hubo inversiones de carácter riesgoso que como Municipio desconocemos absolutamente», declaró el intendente .
Pero el diputado Pérez Pons, impulsor de la denuncia, lo contradice: presentó documentación que probaría que el propio Cipolini firmó la apertura de la cuenta, autorizó a operar a Landriscina y también firmó el cambio de perfil inversor.
«Por acción u omisión, la responsabilidad política es indelegable», sentenció Pérez Pons .
LA RESPUESTA DE LA BOLSA Y EL ALLANAMIENTO
La Bolsa de Comercio del Chaco salió a defenderse. Su gerente general, Julio Barrios Cima, declaró ante la fiscalía y entregó más de 2.500 documentos sobre las operatorias realizadas entre 2023 y 2025 .
El argumento de la entidad es que el municipio tenía carácter de «inversor calificado» (un status que otorga la Comisión Nacional de Valores a estados provinciales y municipales) y que la decisión de invertir en fondos no garantizados fue del inversor a través de la persona autorizada: Diego Landriscina .
«La operatoria fue legal y respaldada», aseguró Barrios Cima, explicando que en el segmento no garantizado la negociación es bilateral y el riesgo de crédito lo asume el inversor .
Pero la Justicia no se conformó con explicaciones. El 2 de marzo, ordenó un allanamiento en la sede de la Bolsa de Comercio del Chaco, realizado de manera conjunta por AFIP-ARCA y la Policía Federal . Secuestraron documentación física y respaldos electrónicos vinculados a las operaciones financieras de riesgo.
LA LICENCIA DE LANDRISCINA Y EL EMBARGO PREVENTIVO
Ante la presión, Landriscina pidió licencia en su cargo. En una nota dirigida a Cipolini, justificó su decisión en la necesidad de «preservar la institucionalidad y aportar claridad ante los hechos» .
La respuesta de Pérez Pons fue fulminante: «¿Licencia? Ni la renuncia alcanza» .
Mientras tanto, el municipio logró un embargo preventivo por $1.890 millones contra la Bolsa de Comercio del Chaco . El fallo judicial reconoce que el municipio estableció originalmente un «perfil de inversión conservador», pero que la Bolsa realizó maniobras financieras sin la debida instrucción ni autorización del Ejecutivo municipal.
ZDERO SE BAJA DE LA FOTO
El gobernador Leandro Zdero, aliado clave de Cipolini, intentó tomar distancia. Se bajó de la fiesta de aniversario de Sáenz Peña para evitar la foto con el intendente cuestionado,
En la política chaqueña, ese gesto se lee como un mensaje: la ropa puede quemar.
Pero el vínculo entre ambos es fuerte. Sáenz Peña fue determinante en el triunfo de Zdero en 2023, y Cipolini es hijo del diputado nacional Gerardo Cipolini, integrante del bloque radical que en diciembre pasado protagonizó un escándalo por sus comentarios subidos de tono en una sesión de la Cámara baja.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La investigación estima que alrededor de 50 organismos —municipios, consejos, colegios profesionales— habrían resultado damnificados, aunque muchos evitaron formalizar reclamos para no exponerse públicamente .
El perjuicio para el Municipio de Sáenz Peña ronda los 1.800 millones de pesos, en operaciones financieras que no estaban previstas en el presupuesto ni contaban con autorización específica del Concejo .
Cipolini insiste en que el municipio es víctima y que «nadie dice que nosotros nos hayamos quedado con dinero de los saenzpeñenses» . Pero la pregunta que flota en el aire, y que la oposición repite una y otra vez, es simple: si no se quedaron con la plata, ¿dónde está?.
Melina Schweizer
