El Gobierno nacional oficializó un concurso público para incorporar personal a la Secretaría de Inteligencia de Estado en 2027. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre y los seleccionados recibirán un estipendio durante su formación, cuyo monto no fue informado. La decisión llega después de que el Ejecutivo aumentara en casi $80.000 millones el presupuesto del organismo durante 2026 y proyectara otros $181.472 millones para el próximo año.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo proceso de incorporación de agentes a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en medio de su política de reducción del gasto público y de los conflictos presupuestarios que atraviesan sectores como las universidades, la ciencia y la atención a las personas con discapacidad.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 941/2026, firmada el 2 de noviembre por el secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, y publicada este martes 3 en el Boletín Oficial. La norma aprueba el reglamento de ingreso a la carrera profesional y autoriza la convocatoria al Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Las inscripciones permanecerán abiertas entre el 3 y el 30 de noviembre de 2026. La convocatoria forma parte de la implementación del nuevo Estatuto para el Personal de la SIDE, aprobado mediante el Decreto 1021/2026, que entrará en vigencia el 1.º de enero de 2027. Boletín Oficial ·
Casi $80.000 millones adicionales para inteligencia en dos meses
El lanzamiento del concurso coincide con una importante expansión presupuestaria del organismo.
En julio, el Gobierno dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, que incorporó $49.261 millones adicionales a la SIDE. De ese monto, $7.466 millones fueron asignados a gastos reservados.
En septiembre, mediante el DNU 867/2026, el Poder Ejecutivo sumó otros $30.519 millones, destinados principalmente a gastos de funcionamiento, servicios y equipamiento.
Las dos ampliaciones totalizaron aproximadamente $79.780 millones, elevando el presupuesto vigente a cerca de $176.916 millones, frente a los $97.135 millones originalmente asignados para 2026.
Para 2027, el proyecto presupuestario enviado al Congreso contempla $181.472 millones para la SIDE, de los cuales aproximadamente $100.486 millones corresponden a personal permanente.
La diferencia entre el presupuesto inicial de 2026 y la propuesta para 2027 alcanza el 87% nominal, aunque al comparar esta última con el crédito vigente después de las ampliaciones de 2026, el incremento es mucho menor.
Cuatro exámenes para ingresar a la inteligencia estatal
El concurso contempla un proceso de selección dividido en cuatro etapas eliminatorias.
Los postulantes deberán superar una evaluación escrita de conocimientos generales, pruebas de aptitud física y psicológica, exámenes psicotécnicos y de contrainteligencia, una evaluación técnica de idoneidad y una entrevista final sobre sus capacidades profesionales.
Los exámenes escritos se corregirán sin identificar a los aspirantes y requerirán una calificación mínima de siete puntos. Las evaluaciones de aptitud tendrán carácter reservado y determinarán si cada candidato reúne las condiciones necesarias para continuar.
La convocatoria está destinada a argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos establecidos en el estatuto del personal y acrediten la formación exigida para cada perfil.
Una vez concluido el proceso, la SIDE establecerá un orden de mérito y determinará quiénes podrán acceder a la formación según los cupos disponibles. La resolución no publica todavía cuántos agentes se pretende incorporar.
Estudiantes con dedicación exclusiva y pagos sin aportes previsionales
Quienes superen el concurso y accedan al Curso Básico de Ingreso deberán cumplir un régimen de dedicación exclusiva.
Durante su formación recibirán un estipendio mensual no remunerativo, cuyo importe no figura en la resolución ni en la información pública examinada.
El reglamento establece que ese pago no genera una relación laboral ni derechos previsionales durante la cursada. También dispone asistencia obligatoria y contempla la separación de quienes acumulen más de cinco ausencias injustificadas.
La aprobación del curso tampoco garantiza un puesto permanente: los egresados podrán incorporarse inicialmente como personal de planta condicional, de acuerdo con sus resultados y las vacantes disponibles.
La modalidad introduce una cuestión laboral relevante dentro del propio organismo: el Estado exige dedicación exclusiva a los aspirantes, pero establece que el período de capacitación no genera los derechos correspondientes a una relación de empleo.
Afiches de reclutamiento en las calles de Buenos Aires
La apertura del concurso estuvo acompañada por una campaña de difusión mediante carteles colocados en la Ciudad de Buenos Aires.
Los afiches llevan el emblema de la SIDE, la consigna «Buscamos a los mejores» y la imagen de un personaje vestido como emperador romano que señala hacia adelante. La composición recuerda los históricos anuncios estadounidenses de reclutamiento militar protagonizados por el Tío Sam.
La campaña remite al sitio oficial del organismo, donde se difunden las condiciones para ingresar a la carrera de inteligencia.

Afiche de la campaña de reclutamiento de la SIDE difundido en Buenos Aires durante noviembre de 2026. La convocatoria corresponde al ingreso de 2027.
Una nueva estructura de inteligencia bajo control presidencial
El concurso se inscribe en la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada por Milei.
El DNU 941/2025 estableció una estructura encabezada por la SIDE e integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).
La Escuela Nacional de Inteligencia tendrá la responsabilidad de formar a los aspirantes que superen las evaluaciones.
La Resolución 941/2026 establece principios de igualdad, mérito, idoneidad, transparencia y profesionalización. Al mismo tiempo, contempla evaluaciones reservadas por las características de la actividad.
Esa combinación plantea una exigencia institucional: garantizar procedimientos de selección profesionales sin debilitar los controles sobre un organismo que administra información sensible, desarrolla actividades secretas y depende directamente de la Presidencia.
El contraste presupuestario con educación y ciencia
La incorporación de nuevos agentes se produce mientras el proyecto de Presupuesto 2027 mantiene bajo discusión los recursos destinados a distintas políticas públicas.
Un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) señaló que las partidas propuestas para educación y cultura permanecen cerca de un 40% por debajo de las de 2023 en términos reales, mientras que ciencia y tecnología registran una reducción aproximada del 30%.
Los datos corresponden a comparaciones ajustadas por inflación y permiten distinguir la situación de esas áreas del crecimiento nominal de los recursos de inteligencia.
La convocatoria de la SIDE, por sí sola, no establece una nueva ampliación presupuestaria ni precisa el costo del curso. Sin embargo, forma parte de una política de fortalecimiento del organismo que ya recibió recursos adicionales durante 2026.
Más recursos, pero también mayor necesidad de controles
La Ley de Inteligencia Nacional 25.520 establece límites a las actividades de inteligencia y prohíbe obtener información sobre personas exclusivamente por su opinión política, pertenencia partidaria, actividad social o ejercicio de derechos constitucionales.
El control parlamentario corresponde a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que también tiene atribuciones relacionadas con los gastos reservados.
La existencia de un concurso público representa un mecanismo formal de selección. Su eficacia dependerá de la transparencia de las etapas que puedan divulgarse, la aplicación efectiva de los criterios de mérito y el funcionamiento de los controles institucionales.
El aumento de recursos también exige examinar su utilización. En particular, los gastos reservados requieren mecanismos de fiscalización compatibles con la confidencialidad de las operaciones y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
La decisión de Milei deja una definición presupuestaria concreta: mientras distintas áreas del Estado enfrentan restricciones de recursos, la inteligencia nacional recibió casi $80.000 millones adicionales durante 2026 y avanza con la formación de nuevos agentes para 2027.
La publicación del concurso permite conocer cómo serán seleccionados los aspirantes. Quedan pendientes datos relevantes, como la cantidad de vacantes, el monto del estipendio y el costo total de la formación.
El desafío institucional será garantizar que la ampliación de la estructura de inteligencia esté acompañada por controles efectivos, transparencia presupuestaria y respeto de las garantías constitucionales.


























