CONCHITA PRETA
La consultora de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, recibió al menos 55 millones de pesos de una empresa que compite por la concesión de Tecnópolis, una licitación de 180 mil millones que debe resolver el propio jefe de Gabinete. En la Casa Rosada ya temen que el caso abra otro frente político y judicial.
Cuando parecía que el caso Adorni ya no podía incorporar un capítulo más incómodo, apareció Tecnópolis. Porque en Argentina los escándalos tienen una extraña capacidad reproductiva: uno intenta explicar una declaración jurada y termina discutiendo una licitación multimillonaria, vínculos empresariales, conflictos de interés y contratos familiares que aparecen justo donde no deberían aparecer.
El problema ya no gira solamente alrededor de los números que no cierran.
Ahora también empieza a girar alrededor de quién los paga.
Según la información que salió a la luz, la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, recibió al menos 55 millones de pesos de Foggia Group. Hasta ahí podría tratarse de una contratación privada más. El detalle que convierte la situación en dinamita política es que esa misma empresa participa de la carrera por quedarse con la concesión de Tecnópolis, un negocio valuado en aproximadamente 180 mil millones de pesos cuya adjudicación debe resolver el propio Adorni.
Y ahí la palabra «casualidad» empieza a sufrir.
Porque la política argentina acepta muchas cosas.
Lo que suele digerir peor son los parentescos que aparecen demasiado cerca del mostrador donde se firman los contratos.
La historia se vuelve todavía más interesante cuando se observa quiénes orbitan alrededor de la compañía. Foggia no es una empresa cualquiera dentro del ecosistema libertario. Su vínculo con personas cercanas a Karina Milei ya venía generando comentarios desde hace meses. Después llegaron empresarios ligados al universo Werthein. Después llegaron los movimientos societarios. Después aparecieron las contrataciones. Y finalmente apareció el dato más incómodo de todos: la firma que recibió dinero la esposa del funcionario es una de las interesadas en una licitación que depende del propio funcionario.
La escena parece escrita por un guionista particularmente cruel.
Sobre todo porque el gobierno llegó prometiendo terminar con los privilegios, los acomodos y las relaciones promiscuas entre política y negocios.
Hoy la discusión gira precisamente alrededor de eso.
En los despachos oficiales el nerviosismo crece porque el problema no es solamente jurídico. Es político. El mileísmo construyó buena parte de su legitimidad sobre una superioridad moral respecto de la vieja política. Una narrativa donde los otros hacían negocios con el Estado y ellos venían a terminar con esas prácticas.
Por eso cada revelación de este tipo duele el doble.
Porque no golpea únicamente a una persona.
Golpea al relato completo.
Lo más revelador es que dentro del propio oficialismo ya comenzaron a circular alternativas para evitar que Adorni firme la adjudicación. Cuando un gobierno empieza a buscar desesperadamente otra lapicera para rubricar un expediente, generalmente no es porque esté convencido de que todo luce impecable.
Es porque entiende que la foto puede ser devastadora.
Y la foto, efectivamente, sería difícil de explicar.
Una empresa vinculada a una licitación multimillonaria.
La esposa del funcionario cobrando honorarios de esa empresa.
El funcionario decidiendo quién gana.
Todo dentro del mismo cuadro.
Demasiadas coincidencias para una administración que hizo de la palabra transparencia una bandera.
Mientras tanto, Tecnópolis espera.
Los empresarios esperan.
Los competidores esperan.
La Justicia observa.
Y la Casa Rosada descubre una vez más que los problemas de Adorni tienen una característica bastante particular.
Nunca se quedan donde estaban.
Siempre encuentran la manera de crecer.
Lo que empezó con bitcoins terminó en declaraciones juradas.
Lo que empezó con declaraciones juradas terminó en conflictos patrimoniales.
Y ahora desembarca en una licitación de 180 mil millones de pesos donde la pregunta ya no es cuánto ganó la esposa del funcionario.
La pregunta es si los argentinos podrán confiar en el resultado de una adjudicación firmada por alguien cuya familia aparece económicamente vinculada a uno de los competidores.
Porque en política existe una regla bastante sencilla.
La transparencia no consiste solamente en ser inocente.
Consiste también en evitar cualquier situación que obligue a explicar por qué parece que no lo sos.
Y a esta altura, cada nuevo capítulo de la saga Adorni parece empeñado en demostrar exactamente lo contrario.
