Jorge R. Schweizer
El Senado debate este miércoles la derogación de la Ley 22.963, que desde 1983 exige autorización estatal para el uso de mapas de Argentina. El oficialismo la considera una norma «obsoleta». Los defensores de la integridad territorial la ven como la antesala de una entrega encubierta de la soberanía nacional.
La defensa de la soberanía territorial no se negocia. No se discute. No se somete a la lógica del libre mercado ni a la desregulación. Es un principio fundamental que atraviesa la historia argentina y que debe ser preservado por encima de cualquier otra consideración política o económica. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, a través de la llamada «Ley Hojarasca» impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, ha incluido en el listado de derogaciones una norma que debería ser intocable: la Ley N° 22.963 (1983), que obliga a tener autorización estatal para el uso de mapas de Argentina para cualquier fin .
La Ley N° 22.963, sancionada en 1983, establece un régimen de control estatal sobre la representación del territorio argentino. El artículo 1° es claro: «La representación del territorio continental, insular y antártico de la República Argentina, editada en el país en forma literaria o gráfica con cualquier formato y finalidad, así como la proveniente del extranjero destinada a ser distribuida en el país, deberá ajustarse estrictamente a la cartografía oficial establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográfico Nacional». El control es abarcativo. El artículo 16 establece que el IGN tiene a su cargo «la fiscalización y aprobación de toda obra literaria o gráfica, documento cartográfico, folleto, mapa o publicación de cualquier tipo, en que se describa o represente en forma total o parcial el territorio de la República Argentina». Y el artículo 18 prohíbe expresamente la publicidad de cualquier mapa sin la aprobación previa del IGN. Las sanciones por infracción incluyen multas, decomiso del material e incluso clausura del local utilizado por el responsable a partir de la tercera condena.
¿Qué significa derogar esta ley? Significa que cualquier persona, empresa, organización o gobierno extranjero podría circular mapas de Argentina sin control estatal. Significa que la representación del territorio argentino —incluyendo la Antártida, las Islas Malvinas y otros territorios en disputa— quedaría librada a la buena voluntad de quien los edite. Significa que el Estado argentino perdería la herramienta legal más básica para defender su integridad territorial en el plano cartográfico. En un mundo donde la geopolítica se juega también en los mapas, esta decisión es una invitación al despojo.
El proyecto de Ley Hojarasca, que obtuvo media sanción en Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, se debate este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez . El oficialismo aspira a obtener el dictamen sin modificaciones para convertirlo en ley antes de fin de mes . Entre las normas que se busca eliminar, además de la Ley de Mapas, figuran leyes que penalizaban la defensa de los derechos humanos en el exterior (Ley 14.034), que limitaban la participación extranjera en medios de comunicación (Ley 25.750), y que declaraban de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688) .
El argumento del gobierno es que se trata de «leyes obsoletas que limitan las libertades de los ciudadanos» . Sturzenegger, autor de la iniciativa, la definió como una «depuración normativa» y planteó que «cuantas menos leyes, más justicia» . Pero la Ley 22.963 no limita ninguna libertad legítima. Lo que hace es garantizar que la representación del país no quede librada a la buena voluntad de editoriales extranjeras, de intereses particulares o de potencias extranjeras que podrían tener motivaciones políticas o económicas para tergiversar la realidad geográfica. Derogarla no es una desregulación; es una desprotección de la soberanía nacional.
La decisión administrativa de 2022 que obliga al uso del mapa oficial ARGENMAP en todos los organismos del Estado es una prueba de que el control cartográfico es una herramienta de defensa de la soberanía. La Ley Hojarasca, al eliminar ese control, abre la puerta a que cualquier mapa —incluyendo aquellos que no reconocen la soberanía argentina sobre la Antártida, las Islas Malvinas o el Atlántico Sur— circule libremente en el país y desde el país hacia el exterior. Esto no es una teoría conspirativa; es una consecuencia directa de la derogación.
El Senado debate esta ley en medio de una estrategia legislativa que también ha postergado el debate sobre Ficha Limpia . Mientras el gobierno avanza con la desregulación de normas que protegen intereses estratégicos, se niega a discutir una ley que garantiza la transparencia política. La prioridad del gobierno libertario parece ser desmantelar todo control estatal, incluso aquellos que defienden la integridad territorial.
La pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es: ¿qué intereses se esconden detrás de esta decisión? ¿Quién se beneficia de la libre circulación de mapas que no reflejan fielmente el territorio argentino? ¿Acaso hay intereses extranjeros presionando para que Argentina pierda el control de su propia representación geográfica?
La soberanía no se defiende solo con discursos ni con decretos; se defiende también con mapas que reflejen con exactitud los límites que el derecho internacional reconoce o que el Estado argentino reclama legítimamente como propios. La Ley 22.963 es el primer escudo legal que debe esgrimirse frente a cualquier intento de vulnerar la integridad territorial. Derogarla, en este contexto, no es un acto de desregulación; es un acto de traición a la patria.
El artículo 1° de la Ley 22.963 no es una restricción a la libertad; es una garantía de que la representación del país no quede librada al azar o a la mala fe. Derogar esta ley, en el contexto actual de disputas territoriales y presiones internacionales sobre los recursos naturales de la Antártida y el Atlántico Sur, es una decisión que debería movilizar a todos los argentinos, más allá de sus colores políticos.
Melina Schweizer
