GONZALO SCHWEIZER
El Gobierno ya concretó 757 desvinculaciones en el INTA y proyecta alcanzar 1.200, equivalente a más del 20% de la planta. Además, analiza desprenderse de hasta 47.500 hectáreas del organismo, una decisión que genera alarma entre investigadores, productores y trabajadores del sector agropecuario.
El ajuste del Estado impulsado por Javier Milei llegó a uno de los organismos más estratégicos para la producción agropecuaria argentina. Mientras el Gobierno mantiene un discurso de respaldo al campo y anuncia reducciones graduales de retenciones, avanza simultáneamente sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución que durante casi siete décadas fue clave para el desarrollo tecnológico, la innovación rural y la asistencia técnica a miles de productores en todo el país.
La nueva tanda de retiros voluntarios elevó a 757 las bajas registradas en lo que va de 2026. La cifra equivale a más del 13% de la planta actual y representa un paso importante hacia la meta oficial de reducir en un 20% la dotación total del organismo. Traducido a números concretos, el plan contempla alrededor de 1.200 desvinculaciones sobre una estructura que actualmente ronda los 5.750 trabajadores.
La discusión no gira solamente alrededor de puestos de trabajo. Lo que está en juego es una parte importante de la infraestructura científica y tecnológica que sostiene buena parte de la producción agropecuaria argentina. El INTA no fabrica automóviles, no exporta granos ni comercializa maquinaria. Produce conocimiento. Y en una economía cada vez más dependiente de la tecnología, ese activo resulta tan estratégico como cualquier recurso natural.
Detrás de cada desvinculación hay especialistas en genética vegetal, sanidad animal, manejo de suelos, sistemas de riego, agricultura de precisión, desarrollo forestal, meteorología aplicada y control de plagas. Son profesionales que durante años acumularon experiencia en regiones específicas del país y cuya tarea consiste en traducir investigación científica en herramientas concretas para la producción.
La importancia económica del organismo suele pasar desapercibida porque sus resultados no aparecen directamente en las estadísticas de exportación. Sin embargo, buena parte de los aumentos de productividad registrados por el agro argentino durante las últimas décadas estuvieron vinculados a desarrollos tecnológicos impulsados o acompañados por el INTA.
Las semillas adaptadas a distintas regiones, los sistemas de siembra, los programas sanitarios para el ganado, las alertas climáticas y las investigaciones sobre nuevas enfermedades forman parte de un entramado técnico que permitió convertir a Argentina en una de las grandes potencias agroalimentarias del planeta.
Por eso el impacto de los recortes trasciende a los trabajadores afectados. También alcanza a pequeños y medianos productores que dependen de la asistencia técnica estatal para enfrentar desafíos cada vez más complejos. Las grandes corporaciones pueden contratar consultoras privadas, acceder a tecnología internacional y financiar investigación propia. Un productor familiar de Santiago del Estero, Formosa o la Patagonia difícilmente tenga esa posibilidad.
El ajuste sobre el personal es apenas una parte de la estrategia oficial. El otro frente de conflicto aparece en el patrimonio territorial del organismo. El INTA posee aproximadamente 101.500 hectáreas distribuidas en distintas provincias, utilizadas para experimentación, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico. El Gobierno considera desprenderse de cerca de 47.500 hectáreas, casi la mitad de esa superficie.
La justificación oficial sostiene que una parte importante de esos terrenos se encuentra subutilizada o presenta problemas de accesibilidad e infraestructura. Sin embargo, distintas entidades vinculadas al sector agropecuario cuestionan ese diagnóstico. Relevamientos técnicos realizados por organizaciones especializadas indican que las tierras cumplen funciones vinculadas a investigación, conservación genética, ensayos productivos y actividades estratégicas que no siempre generan rentabilidad inmediata pero sí conocimiento aplicado.
La discusión sobre las tierras refleja dos modelos diferentes de entender el rol del Estado. Para el Gobierno, los activos públicos deben justificarse principalmente por criterios de eficiencia económica y reducción del gasto. Para investigadores, universidades y sectores productivos, existen infraestructuras cuya utilidad excede cualquier balance financiero anual porque forman parte de las capacidades estratégicas de largo plazo de un país.
La paradoja resulta llamativa. Mientras el oficialismo promueve grandes inversiones privadas en Vaca Muerta, minería e infraestructura exportadora bajo el argumento de construir una economía más competitiva, reduce recursos en una institución dedicada precisamente a mejorar la productividad de uno de los sectores más competitivos de la Argentina: el agro.
Desde una perspectiva económica, el debate es más profundo que una simple reducción presupuestaria. Los países que lideran la producción agrícola mundial destinan importantes recursos públicos a investigación y desarrollo. Estados Unidos cuenta con una extensa red de universidades agrícolas y centros de investigación federal. Brasil transformó su agricultura gracias a las innovaciones impulsadas por Embrapa. China incrementa año tras año su inversión en tecnología agropecuaria.
La razón es simple: en el siglo XXI la competitividad agrícola depende tanto de la ciencia como de la tierra.
Cada avance en genética, manejo hídrico, control de enfermedades o adaptación al cambio climático puede traducirse en millones de dólares adicionales de producción y exportaciones. Reducir esas capacidades puede generar ahorros inmediatos en las cuentas públicas, pero también costos productivos difíciles de medir en el corto plazo.
El conflicto además adquiere una dimensión política particular. El Gobierno construyó buena parte de su vínculo con el sector agropecuario sobre la promesa de reducir regulaciones y aliviar la carga impositiva. Sin embargo, una parte creciente de productores observa con preocupación los recortes en organismos que históricamente funcionaron como soporte técnico para la actividad.
Por eso la discusión sobre el INTA no es solamente una discusión laboral ni presupuestaria. Es una discusión sobre qué tipo de desarrollo productivo imagina la Argentina para las próximas décadas. Si la innovación tecnológica queda exclusivamente en manos del mercado o si continúa existiendo una red pública capaz de generar conocimiento, transferir tecnología y acompañar a productores que de otro modo quedarían fuera de esa carrera.
Mientras tanto, los números siguen avanzando. Ya son 757 las bajas confirmadas. El objetivo oficial es llegar a 1.200. Y detrás de cada cifra aparece una pregunta que excede la coyuntura: cuánto conocimiento puede perder un país antes de empezar a comprometer su propio futuro productivo.
Melina Orquidea
