CONCHITA PRETA
La Casa Rosada activó una operación de emergencia para hacer caer la sesión del Senado y evitar una eventual interpelación a Manuel Adorni. El costo puede ser alto: también quedarían frenados proyectos clave del propio Gobierno y volvería a quedar expuesta la guerra interna entre Karina Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.
Existe una etapa en toda crisis política donde el problema deja de ser el escándalo original y pasa a ser la cantidad de daños colaterales que genera intentar taparlo. Manuel Adorni llegó exactamente a ese punto. Lo que comenzó como una discusión sobre patrimonios, bitcoins milagrosos y declaraciones difíciles de explicar terminó convirtiéndose en una amenaza capaz de paralizar el Congreso, romper alianzas parlamentarias y enfrentar a las principales tribus del oficialismo.
La escena tiene algo de tragicomedia institucional. Javier Milei necesita aprobar leyes. Necesita mostrar gestión. Necesita exhibir gobernabilidad. Necesita enviar señales de fortaleza. Sin embargo, parte de su propio gobierno trabaja para hacer fracasar una sesión del Senado donde se discutirían proyectos impulsados por la misma Casa Rosada. El motivo es simple: el temor a que apenas se abra el recinto aparezca un tema que ya nadie logra controlar.
Adorni.
Y cuando un gobierno está dispuesto a sacrificar su propia agenda legislativa para evitar que se hable de un funcionario, significa que el funcionario dejó de ser un colaborador y se transformó en una emergencia.
Lo más fascinante es observar la velocidad con la que cambió el escenario. Hace apenas unos meses Adorni era presentado como el comunicador perfecto del mileísmo. El custodio del relato oficial. El vocero que convertía cualquier problema en una batalla cultural. Hoy se parece más a una granada sin seguro rodando por los pasillos de Balcarce 50.
Por eso aparecieron Diego Santilli y Lule Menem recorriendo despachos como bomberos de una fábrica de fuegos artificiales. No intentan aprobar una ley. Intentan impedir una sesión. No buscan sumar votos. Buscan restarlos. No trabajan para abrir el Congreso. Trabajan para vaciarlo.
Una imagen extraordinaria para un gobierno que llegó prometiendo eficiencia.
La interna libertaria tampoco ayuda. Karina Milei ya no confía en Patricia Bullrich. Patricia ya no oculta que considera a Adorni políticamente terminado. Victoria Villarruel juega su propio partido desde el Senado. Y mientras todos se observan con la ternura característica de una reunión de tiburones hambrientos, el peronismo disfruta del espectáculo sin necesidad de mover demasiadas fichas.
Porque cuando un oficialismo empieza a destruirse solo, la oposición puede limitarse a mirar.
El dato más brutal es que incluso los aliados parecen haber llegado a una conclusión compartida. Nadie discute seriamente la continuidad política de Adorni. La discusión pasa por quién carga con el costo de echarlo. Los radicales no quieren defenderlo. Los gobernadores no quieren quedar pegados. El PRO ya empezó a tomar distancia. Y hasta dentro del oficialismo aparecen voces que admiten en privado que el problema ya no tiene solución elegante.
La única diferencia radica en el método.
Algunos quieren sacarlo rápido.
Otros quieren ganar tiempo.
Otros simplemente quieren que explote lejos de ellos.
Por eso la sesión del Senado se transformó en una especie de campo minado. Oficialmente se discuten tierras, propiedad privada y pliegos judiciales. Extraoficialmente todos saben que la verdadera discusión tiene nombre y apellido.
Y eso explica el nerviosismo.
Porque una interpelación no sería solamente un problema para Adorni.
Sería un problema para Milei.
Sería un problema para Karina.
Sería un problema para toda una estructura política que durante semanas apostó a resistir una crisis esperando que el escándalo se agotara por cansancio.
No ocurrió.
Al contrario.
Cada intento por cerrar el tema parece abrir otro capítulo.
Mientras tanto, el Senado observa.
Los gobernadores calculan.
Los aliados se despegan.
Y la Casa Rosada descubre una de las reglas más antiguas de la política argentina.
Cuando un funcionario se vuelve más importante que las leyes que el gobierno necesita aprobar, el problema ya no es el funcionario.
El problema es el gobierno.
Y a esta altura la pregunta dejó de ser si Adorni caerá.
La pregunta es cuántas cosas más caerán con él
