Melina Schweizer
Los choferes reclaman una recomposición salarial acorde a la inflación acumulada del segundo trimestre, pero el Gobierno anticipó que no ofrecerá ningún aumento. Con un salario básico congelado en $1.574.000 desde abril, el conflicto amenaza con derivar en nuevas medidas de fuerza que afectarían a millones de pasajeros del AMBA.
La negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), las cámaras empresarias y el Gobierno nacional volvió a poner en evidencia una de las principales contradicciones del modelo económico de Javier Milei: la necesidad de sostener el ajuste fiscal choca cada vez con más fuerza contra la realidad de los salarios y el funcionamiento de los servicios públicos.
Mientras la inflación continúa acumulando aumentos en transporte, alimentos, tarifas y combustibles, la Secretaría de Transporte dejó trascender que la propuesta oficial para la reapertura de la paritaria será del 0%. La señal cayó como una bomba en un sector que ya había advertido que la tregua firmada a comienzos de año llegó a su límite.
El conflicto excede una simple discusión salarial. Detrás de la negociación aparece un problema estructural que atraviesa al sistema de transporte metropolitano: los colectivos funcionan gracias a una compleja combinación de subsidios estatales, tarifas reguladas y salarios negociados periódicamente. Cuando uno de esos componentes deja de actualizarse, todo el esquema entra en crisis.
Los choferes sostienen que los salarios perdieron capacidad de compra frente a la inflación. El básico de $1.574.000 vigente desde abril quedó rápidamente erosionado por los aumentos de precios registrados durante los últimos meses. En términos concretos, los trabajadores argumentan que cada vez necesitan destinar una porción mayor de sus ingresos para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos.
El Gobierno, en cambio, enfrenta otro problema. Cada aumento salarial en el transporte implica inevitablemente una de dos alternativas: incrementar los subsidios para cubrir el mayor costo laboral o trasladar esa diferencia a las tarifas mediante nuevos aumentos del boleto. Ninguna de las dos opciones resulta atractiva para el equipo económico.
La primera implica elevar el gasto público en momentos en que Luis Caputo intenta preservar el superávit fiscal como principal bandera política. La segunda impacta directamente sobre la inflación, un indicador que la Casa Rosada necesita mantener bajo control para sostener el relato de estabilización económica.
Por eso la estrategia oficial parece apuntar a ganar tiempo. Según fuentes vinculadas a la negociación, el Gobierno apuesta a extender el conflicto mediante sucesivas convocatorias, conciliaciones obligatorias y reuniones técnicas que permitan postergar cualquier definición salarial durante varias semanas.
La lógica es sencilla: cuanto más se demore una resolución, menor será el impacto inmediato sobre las cuentas públicas. Sin embargo, esa misma estrategia incrementa el riesgo de una escalada gremial.
El problema es que la situación económica de las empresas tampoco ayuda. Las cámaras empresarias vienen reclamando desde hace meses mayores subsidios o una actualización de tarifas para compensar el aumento de costos operativos. Entre los principales factores aparecen el incremento del combustible, el mantenimiento de las unidades, los repuestos dolarizados y las obligaciones salariales.
La consecuencia ya empezó a sentirse en la calle. Durante los últimos meses varias líneas redujeron frecuencias y servicios, afectando especialmente a los usuarios que dependen del transporte público para llegar a sus trabajos, escuelas o centros de salud.
En términos económicos, el conflicto refleja un fenómeno más amplio que atraviesa a numerosos sectores de la economía argentina. Los salarios intentan recuperar poder adquisitivo después de años de deterioro, pero las empresas enfrentan una demanda debilitada y el Estado busca reducir gastos. Esa combinación genera tensiones permanentes que terminan expresándose en conflictos laborales.
El transporte tiene además una particularidad: cualquier interrupción impacta de forma inmediata sobre millones de personas. A diferencia de otros sectores donde los conflictos pueden pasar relativamente desapercibidos, un paro de colectivos paraliza buena parte de la actividad económica urbana.
La situación se vuelve todavía más delicada porque coincide con una nueva ronda de aumentos tarifarios. Desde esta semana el boleto mínimo en el AMBA pasó a costar $728,28 para usuarios con SUBE registrada, mientras que los recorridos más extensos ya superan los $1.100 por viaje. Para quienes utilizan el transporte todos los días, el gasto mensual representa una carga cada vez más significativa dentro del presupuesto familiar.
La paradoja es evidente. Los pasajeros pagan boletos más caros, las empresas afirman que los ingresos no alcanzan para cubrir costos y los trabajadores denuncian que los salarios quedaron atrasados. En el medio aparece el Estado intentando sostener el equilibrio fiscal sin aumentar subsidios.
Por eso la discusión ya no gira únicamente alrededor de una paritaria. Lo que está en debate es quién absorbe el costo del ajuste. Si los salarios permanecen congelados, serán los trabajadores. Si aumentan los subsidios, será el Estado. Si suben las tarifas, serán los usuarios.
Esa es la verdadera disputa que se esconde detrás de la negociación entre la UTA y el Gobierno. Y mientras ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, millones de pasajeros observan con preocupación cómo vuelve a instalarse la posibilidad de un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
