Jorge R. Schweizer
Los tres países enviaron una delegación de alto nivel a Teherán para reactivar las negociaciones con Estados Unidos y evitar otra escalada militar. La iniciativa reúne a aliados de Washington que temen las consecuencias de una guerra regional. Mientras Irán rechaza las condiciones estadounidenses, los ataques contra infraestructura energética, las restricciones en el estrecho de Ormuz y los daños a servicios civiles muestran que el conflicto ya desbordó sus fronteras.
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán pusieron en marcha este lunes una iniciativa diplomática para impedir una nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los tres países enviaron representantes de sus estructuras de defensa y seguridad a Teherán, en una gestión que revela hasta qué punto la continuidad de la guerra amenaza los intereses de los propios aliados regionales de Washington.
La misión está encabezada por el ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán; el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir; y el director de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin. Según las autoridades saudíes e iraníes, los funcionarios tienen previsto reunirse con el presidente Masoud Pezeshkian y con Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.
El objetivo inmediato es reducir las tensiones y respaldar los esfuerzos de mediación de Qatar y Pakistán para restablecer las conversaciones entre Teherán y Washington. La iniciativa se produce mientras Estados Unidos e Israel mantienen abierta la posibilidad de nuevos ataques y las autoridades iraníes advierten que responderán ante otra agresión.
La visita también inaugura un diálogo de alto nivel entre Irán y los tres integrantes del denominado Pacto de La Meca, una alianza de defensa suscrita en agosto de 2026. Su importancia reside en que permite discutir la seguridad regional entre países con intereses divergentes, pero directamente expuestos a las consecuencias de la confrontación militar.
Los aliados de Washington buscan impedir una guerra que también los amenaza
l ministro de Defensa de Arabia Saudita, Jalid bin Salmán, se reunió con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, en Riad
Arabia Saudita mantiene una relación estratégica con Estados Unidos, pero su seguridad depende de evitar que el enfrentamiento con Irán se extienda a sus instalaciones petroleras, aeropuertos y principales centros urbanos. Turquía, integrante de la OTAN, necesita preservar la estabilidad de sus fronteras y sus corredores comerciales. Pakistán, potencia nuclear y vecino de Irán, busca evitar que una nueva guerra comprometa su seguridad y agrave las tensiones regionales.
Esos intereses explican por qué los tres países intentan abrir una negociación incluso cuando mantienen diferencias políticas y estratégicas con Teherán.
La iniciativa tiene un antecedente inmediato. Durante una visita a Irán la semana pasada, Asim Munir planteó la posibilidad de reunir a representantes del Pacto de La Meca con las autoridades iraníes. El mecanismo busca complementar las gestiones que Qatar y Pakistán vienen desarrollando desde hace meses.
En junio, ambos países habían contribuido a alcanzar un entendimiento provisional destinado a reabrir el estrecho de Ormuz, levantar el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y comenzar negociaciones más amplias sobre el programa nuclear. Sin embargo, el acuerdo terminó desmoronándose cuando se reanudaron las hostilidades.
La nueva misión pretende evitar que ese fracaso desemboque en otra campaña de bombardeos. Pero existe una dificultad fundamental: los mediadores pueden facilitar el diálogo, aunque no pueden garantizar que Estados Unidos, Israel e Irán acepten las mismas condiciones para detener la confrontación.
Irán rechaza negociar bajo amenazas militares
El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, aseguró que Teherán no ha cerrado la puerta a una salida diplomática y que continúa intercambiando mensajes con Washington mediante intermediarios.
Sin embargo, cuestionó las exigencias estadounidenses, que describió como una demanda de rendición. Desde la perspectiva iraní, cualquier acuerdo debe contemplar el levantamiento de las medidas de presión económica y el reconocimiento de sus intereses de seguridad.
Uno de los principales puntos de conflicto es el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos. Irán ha propuesto permitir nuevamente la circulación marítima a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos iraníes. Washington, por su parte, mantiene exigencias vinculadas con el programa nuclear y el material de uranio altamente enriquecido acumulado por Teherán.
La discusión no es exclusivamente militar. También involucra sanciones, activos iraníes congelados, garantías de seguridad y la secuencia en que cada parte debería cumplir sus compromisos.
El problema de fondo es que una negociación basada en concesiones unilaterales difícilmente pueda producir un acuerdo duradero. Para Irán, aceptar restricciones sin garantías frente a nuevas operaciones militares implicaría quedar expuesto a otra ofensiva. Para Estados Unidos e Israel, el programa nuclear iraní continúa siendo un asunto central de seguridad.
La salida diplomática exige, por lo tanto, compromisos verificables y mecanismos que impidan que una nueva ruptura del entendimiento conduzca inmediatamente a otra guerra.
Israel amenaza con nuevos ataques y Yemen agrava la crisis regional
La gestión diplomática coincide con una escalada de amenazas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el domingo que Irán o sus aliados podrían intentar ataques antes de las elecciones israelíes del martes 27 de octubre. También aseguró que sus Fuerzas Armadas estaban preparadas para defenderse y lanzar represalias de gran magnitud.
La cadena israelí Channel 12 informó sobre supuestas discrepancias entre Netanyahu y la conducción militar respecto de una operación que podría reactivar el enfrentamiento con Irán. El primer ministro rechazó esa versión y no hubo una confirmación independiente de la controversia.
Mientras tanto, Yemen se convirtió en otro frente de la crisis. Los hutíes, aliados de Teherán, afirmaron este lunes haber atacado estaciones de bombeo del oleoducto saudí Este-Oeste y el aeropuerto internacional de Riad. Al momento de conocerse la reivindicación, Arabia Saudita no había confirmado esos impactos concretos.
La coalición encabezada por Riad informó, por su parte, que interceptó proyectiles dirigidos contra territorio saudí y efectuó ataques contra instalaciones militares hutíes en Saná.
El oleoducto Este-Oeste permite transportar petróleo hacia el mar Rojo sin atravesar Ormuz. Su importancia aumentó debido a las restricciones que afectan la navegación por ese estrecho. La amenaza simultánea sobre ambas rutas coloca al comercio energético internacional en una situación especialmente vulnerable.
La confrontación también amenaza la navegación próxima a Bab el-Mandeb, otro paso estratégico para las conexiones marítimas entre Asia, África y Europa.
La guerra ya destruyó infraestructura civil: no es solamente una amenaza futura
La dimensión humanitaria resulta inseparable de cualquier evaluación del conflicto. Desde el comienzo de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, el 28 de febrero, los bombardeos y las represalias han provocado víctimas civiles, desplazamientos y daños sobre instalaciones esenciales.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas informó que, hasta el 30 de marzo, se registraban más de 2.100 civiles muertos y 27.900 heridos en Irán. El organismo también documentó daños en viviendas, escuelas, centros sanitarios, instalaciones eléctricas y sistemas de abastecimiento de agua.
Esas cifras corresponden a un corte anterior y no representan el balance acumulado hasta octubre. Su importancia reside en que permiten establecer que el impacto humanitario de la guerra estaba documentado desde sus primeras semanas.
El 7 de octubre, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Irán, Christine Weigand, volvió a advertir sobre los daños sufridos por escuelas, hospitales, plantas desalinizadoras, sistemas eléctricos, barrios residenciales y sitios de valor cultural.
Las plantas desalinizadoras y otras instalaciones civiles críticas ya fueron afectadas por el conflicto. No se trata de una posibilidad hipotética ante una nueva ofensiva. Los daños documentados comprometen servicios indispensables para la población y pueden generar consecuencias sanitarias y ambientales prolongadas.
En Yemen, la guerra y el deterioro de los servicios básicos agravan una emergencia humanitaria preexistente. La interrupción del suministro de agua, la escasez de combustible y las dificultades para transportar alimentos afectan especialmente a las comunidades más vulnerables.
El derecho internacional humanitario exige distinguir entre objetivos militares y bienes civiles, prohíbe los ataques indiscriminados y establece una protección especial para los bienes indispensables para la supervivencia de la población. La legalidad de cada operación debe examinarse según sus circunstancias, pero ninguna de las partes puede considerar prescindibles esas obligaciones.
Una negociación que también pone en discusión quién decide la seguridad regional
La iniciativa de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán contiene una dimensión geopolítica que excede la búsqueda de un alto el fuego. Los tres países intentan participar directamente en la definición de un esquema de seguridad regional, en lugar de limitarse a aceptar las consecuencias de las decisiones militares adoptadas por Washington, Tel Aviv o Teherán.
Para Arabia Saudita, la estabilidad es una condición necesaria para proteger sus exportaciones energéticas y sus proyectos de diversificación económica. Para Turquía, constituye un requisito de seguridad y de continuidad comercial. Para Pakistán, representa la posibilidad de evitar que el conflicto alcance a una región ya atravesada por tensiones fronterizas y rivalidades estratégicas.
Irán también tiene interés en un mecanismo que reduzca la dependencia regional de las potencias externas, aunque deberá superar profundas desconfianzas con algunos de sus vecinos.
La participación saudí resulta especialmente significativa. Un país históricamente vinculado a la estructura de seguridad estadounidense considera necesario negociar directamente con Irán para evitar una escalada que podría perjudicarlo. Esa decisión no significa que Riad haya abandonado su alianza con Washington, sino que sus intereses nacionales no coinciden necesariamente con una profundización de la guerra.
La reunión de Teherán no garantiza un acuerdo y, al cierre de esta edición, no se había anunciado un compromiso verificable para detener nuevas operaciones militares. Su importancia radica en que introduce una alternativa diplomática en un escenario dominado por amenazas y represalias.
La pregunta decisiva ya no es solamente si Estados Unidos e Israel pueden lanzar otra ofensiva contra Irán, sino cuántos países están dispuestos a soportar sus consecuencias. Arabia Saudita, Turquía y Pakistán han decidido intervenir antes de que esa respuesta vuelva a medirse en muertos, infraestructura destruida y millones de personas sometidas a una guerra que no eligieron.
