El asesinato racista de Pengo Bossio Wangi, de 26 años, desató movilizaciones en distintas ciudades francesas y abrió una disputa sobre quién representa a las víctimas de la discriminación. Mientras organizaciones tradicionales y partidos de izquierda encabezaron actos de repudio, colectivos de barrios populares denunciaron su falta de protagonismo y reclamaron respuestas concretas contra la violencia racial.
Francia todavía no termina de asimilar el atentado del viernes 23 de octubre en Trappes y La Verrière, donde Pengo Bossio Wangi, un joven negro de 26 años, fue asesinado a tiros y otras cinco personas resultaron heridas. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, que examina el carácter racista de los ataques.
El lunes 26, miles de personas salieron a las calles para repudiar el crimen. Sin embargo, las concentraciones dejaron al descubierto diferencias profundas entre organizaciones antirracistas tradicionales, partidos políticos y colectivos de las comunidades directamente afectadas.
Una investigación publicada este martes por Le Monde documentó el malestar de activistas negros y de barrios populares que cuestionan la forma en que se organizan las movilizaciones y quiénes ocupan los espacios de representación.

Las víctimas reclaman voz propia
En la Bolsa de Trabajo de París, cerca de un millar de personas se concentraron frente al edificio mientras representantes de organizaciones territoriales denunciaban la distancia entre el antirracismo institucional y las experiencias cotidianas de discriminación.
Los cuestionamientos apuntaron a sectores de la izquierda y del movimiento antirracista que, según los participantes, evitan nombrar de manera explícita la negrofobia —el racismo dirigido contra personas negras— y la islamofobia.
Rose, fundadora del colectivo Blackout Generation, expresó su indignación porque no se le permitió intervenir en uno de los actos. Su reclamo expuso una tensión central: las personas que viven diariamente el racismo quieren participar en las decisiones y no limitarse a ser representadas por dirigentes o portavoces elegidos por otros.
Durante el encuentro se propuso crear comités territoriales de resistencia antifascista, con presencia en los barrios populares y capacidad de organización independiente.
La demanda no consiste únicamente en obtener espacio para hablar durante una manifestación. Los colectivos reclaman protagonismo para definir las prioridades de una lucha que atraviesa su vida cotidiana: la discriminación laboral, la estigmatización de los barrios, las agresiones racistas y la relación con las instituciones.
Una izquierda dividida frente al mismo crimen
Las diferencias también se manifestaron entre las principales fuerzas políticas francesas.
En la plaza de la Bataille-de-Stalingrad, de París, miles de personas participaron de una concentración convocada por organizaciones como SOS Racisme, la Liga de Derechos Humanos, asociaciones sindicales y colectivos civiles. Estuvieron presentes dirigentes socialdemócratas, entre ellos Raphaël Glucksmann y Olivier Faure.
Dominique Sopo, presidente de SOS Racisme, cuestionó los discursos mediáticos que asocian sistemáticamente a personas árabes y musulmanas con la delincuencia. Otros participantes atribuyeron responsabilidades políticas a figuras de la extrema derecha por la normalización de discursos discriminatorios.
En La Courneuve, el dirigente de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, participó en un encuentro organizado por el alcalde Aly Diouara, con aproximadamente 400 asistentes.
La activista Assa Traoré, fundadora del Comité Adama, reclamó que se reconociera expresamente el carácter racista del atentado. Por su parte, Diouara denunció la violencia contra personas negras, árabes, musulmanas y judías, y pidió reforzar la protección de los lugares de culto musulmanes.
El alcalde también rechazó establecer jerarquías entre distintas formas de racismo. Su intervención vinculó el asesinato con una preocupación más amplia por la seguridad de las comunidades históricamente discriminadas.
Del repudio a las medidas concretas
Las movilizaciones evidencian que existe un rechazo social importante frente al asesinato de Pengo Bossio Wangi. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) también convocaron a manifestarse contra la violencia racista y expresaron su solidaridad con las víctimas.
Pero el debate abierto por los colectivos comunitarios plantea una cuestión más exigente: qué sucede después de los homenajes.
Las organizaciones tradicionales cuentan con trayectoria, recursos institucionales y capacidad de interlocución con el Estado. Los movimientos territoriales aportan experiencias directas de discriminación y conocimiento de las necesidades de sus comunidades. Ambas capacidades pueden complementarse, siempre que la participación no se reduzca a una representación simbólica.
La discusión adquiere especial importancia cuando las víctimas pertenecen a sectores cuya presencia en los espacios de decisión ha sido históricamente limitada.
También interpela a las autoridades francesas. Investigar el atentado y determinar responsabilidades penales es indispensable, pero la prevención de la violencia racista exige políticas públicas, mecanismos de denuncia accesibles y protección efectiva frente a amenazas y agresiones.
El asesinato de Pengo Bossio Wangi convirtió esas demandas en una urgencia nacional.
El desafío es que el antirracismo no termine reproduciendo las exclusiones que pretende combatir.
Francia tiene organizaciones capaces de convocar a miles de personas y comunidades dispuestas a movilizarse para defender sus derechos. Lo que las investigaciones publicadas este martes muestran es que todavía existen desacuerdos sobre cómo organizar esa fuerza social y quién debe conducirla.
Pengo Bossio Wangi tenía 26 años. Su asesinato dejó una familia de duelo y una sociedad enfrentada a preguntas difíciles sobre el racismo, la violencia y las responsabilidades institucionales.
La exigencia de las comunidades afectadas puede resumirse en una cuestión esencial: no alcanza con hablar contra el racismo; también hay que escuchar a quienes lo padecen y permitirles participar en las decisiones destinadas a combatirlo.
Porque ninguna política antirracista será plenamente representativa si las personas cuya vida pretende proteger permanecen relegadas a un lugar secundario.


























